Cuatro acusados por robo de leche con prisión domiciliaria

La jueza Rosalía Zózzoli les concedió el arresto domiciliario a los acusados de robar leche destinada a niños de 0 a 2 años con problemas nutricionales, y que mediante “robo hormiga” sacaron de un galpón del ministerio de Salud del Chaco 200 toneladas del producto.

La causa que fue elevada a juicio oral y público el año pasado dio novedades en la semana cuando la titular del juzgado de garantías número 3, sin previa consulta al Equipo Fiscal que llevó adelante la investigación, otorgó el beneficio a los cuatro implicados en el millonario robo.

Bajo el habeas corpus colectivo impulsado por el Ministerio Público de la Defensa de conceder arrestos domiciliarios debido al avance del coronavirus y los riesgos mayores a que están expuestos los presos, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) otorgó dicha facultades a juzgados de garantías que revisen las situaciones de aquellos internos que están con prisión preventiva a la espera de un juicio.

En este sentido, la defensa de los implicados en el robo millonario movieron la maquinaria de recursos y lograron en tiempo exprés que Zózzoli conceda el beneficio de prisión domiciliaria.

LOS QUE SALEN

Los beneficiarios del fallo de Zózzoli son José Maidana (dueño del supermercado Norita y presunto jefe de la banda), Marcela Olga Josefina Aceval (la funcionaria que estaba a cargo del cuidado de la leche), Ramón Acosta y Pablo Fortini.

Son los cuatro que esperan en sus casas el juicio bajo la medida impuesta por la jueza. Pero al banquillo irán otros cinco más cuando comience el debate oral y público.

Entre ellos aparecen Gustavo Fassetta de Laspiur, quien había sido arrestado después de presentarse a declarar. El hombre habría brindado información a Claudio Maturano, otro vecino de Laspiur que estuvo preso por ser el responsable de que concrete la compra de la leche robada en la capital de Chaco.

EL RECURSO DE OTERO, VILLALBA Y GRIFFITH BARRETO

Para el equipo integrado por los fiscales Lucio Otero, Nélida Villalba y Graciela Griffith Barreto hubo un exceso por parte de la jueza, por eso elaboraban hasta ayer el recurso de apelación a la medida.

Lo que planifican los fiscales es presentar la nulidad al entender que es una facultad del Ministerio Público Fiscal durante la investigación decidir si corresponde el otorgamiento de la prisión domiciliaria a los acusados y no de la jueza Zózzoli.

Está claro que los imputados Maidana, Acosta y Fortini no ingresan en las previsiones de la ley ni en la resolución del STJ a partir del COVID-19.

Admiten desde la fiscalía que distinta es la situación de la única mujer acusada, Marcela Aceval que es una paciente y debió ser operada, situación que consta en el grueso expediente que su salud corre riesgo en prisión y que, en ese caso, haber recibido prisión domiciliaria es adecuada por Aceval.

Bajo sistema electrónico y teleconferencia, la nulidad deberá ser presentada ante Zózzoli, que podrá revocar, corregir o rechazar el recurso y en caso que se oponga, los fiscales irán a la Cámara de Apelaciones, algo que podría estar resuelto en un tiempo breve