Robo de 200.000 kilos de leche: se concretó el acuerdo con el arrepentido
La fiscal Rosana Soto, que investiga el robo de 200.000 kilos de leche que pertenecía a Salud Pública, firmó ayer un acuerdo con el imputado arrepentido Antonio Escalante, que a cambio de ofrecer información concreta recibiría un mejor trato por parte de la Justicia Provincial.
Este entendimiento se refrendó en presencia del abogado defensor Juan Carlos González. Y la declaración que ya prestó Escalante permitió avanzar en la investigación que hoy tiene a seis personas detenidas, entre ellas Marcela Aceval, que era la funcionaria a cargo del cuidado de la leche.
En el ambiente judicial aseguraron que son pocos los casos donde se firman entendimientos con arrepentidos en la provincia. Y recordaron que un acuerdo similar ocurrió en una causa relacionada con drogas.
MÁS IMPUTADOS
Por otra parte, ayer se supo habría quedado imputada C.L. por violación de los deberes de funcionario público. Y próximamente serían convocados a declarar M.B. y G.Y. Ambos trabajarían en el Ministerio de Salud. De esta manera la fiscal está avanzando con las responsabilidades que tuvieron los funcionarios que debieron advertir el faltante de leche en los galpones de Salud Pública. Incluso la primera nombrada sería la segunda funcionaria que debe responder por este caso.
EL ROBO
En su momento “NORTE pudo saber que la organización habría obtenido la leche en polvo de tres lugares: los galpones ubicados en la ruta 16, un mayorista y un predio ubicado en la ruta 11 cerca del barrio Cristo Rey”.
“Autoservicio Norita, una de las firmas que está afectada por la investigación del robo de la leche destinada a Salud Pública. Una vez que la leche estaba en poder de la organización era trasladada hasta inmuebles relacionados con la firma Norita, de José Luis Maidana, que a su vez era el empleador de Escalante”, aseguraron las fuentes consultadas.
“Ya en los galpones la leche era descargada y se volvía a embolsar. Algunas veces en paquetes grandes y en otras ocasiones en bolsas de no más de un kilo. La finalidad era colocarla en el mercado legal”, indicaron. “Este tipo de manipulación de un alimento pudo a su vez provocar grandes problemas de salud en consumidores, que desconocían tanto el origen de leche como las condiciones en las que era almacenada”, relataron.
TONELADAS MÁS
Hay que recordar que a finales de octubre desde la Justicia informaron que “172.912 kilos deberían encontrarse, a la fecha de la denuncia, en el depósito que la cartera de Salud posee sobre la ruta nacional 16; mientras que otros 30.000 kilos habrían sido retirados por una persona extraña, sin registración en el sistema informático, tal como quedó comprobado con la documentación aportada por el proveedor”.
“Además, se tomaron declaraciones testimoniales, fue secuestrada documentación de gran interés para la causa y se dio intervención al Equipo de Peritos Contables del Poder Judicial, el Departamento Investigaciones Complejas y el Equipo de Peritos Informáticos del Gabinete Científico”, añadieron.
“La complejidad de recopilación de pruebas en virtud que el lugar donde se produjo el hecho carecía de control de seguridad mediante cámaras y/o serenos, incluso resultando el mismo sin servicio de luz”, mencionaron.
