El alto riesgo de informar

El documento de la Unesco, que aborda el problema a nivel global, señala que los
últimos años se han caracterizado por el aumento de los encarcelamientos, los secuestros
y la violencia física, en un contexto en el que se está generalizando la retórica
hostil contra los medios de comunicación y los periodistas en todo el mundo.

En uno de sus párrafos, el informe observa además que las mujeres periodistas, en
particular, suelen ser víctimas de acoso en línea y de violencia de género. Y advierte
que, en general, las amenazas contra los periodistas tienen como objetivo silenciar
las voces críticas y restringir el acceso del público a la información.

Para contextualizar la gravedad del problema, debe recordarse que entre los años
2014 y 2018 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) registró 495 asesinatos de periodistas en todo el mundo, y en ese
período América Latina y el Caribe fue la segunda región más letal para los profesionales:
127 de esas muertes ocurrieron allí, una cuarta parte del total. Cabe acotar
que el informe presentado este año por la Unesco sostiene que aunque el número
de periodistas asesinados en todo el mundo se redujo en casi la mitad en 2019, los
profesionales de la información todavía se enfrentan a importantes riesgos. Además,
según los datos del organismo de la ONU la impunidad en la que quedan los autores
de tales crímenes es casi total.

No es, entonces, un dato menor el que aporta la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) cuando señala falencias en los sistemas oficiales de protección existentes
en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay; y por eso
propone que esos sistemas cuenten con una mayor integración de trabajo entre distintas
agencias ejecutivas y judiciales para mejorar la prevención de riesgos a la que
se exponen los periodistas.

En el caso de Brasil se advierte que el año pasado el gobierno del vecino país redujo
los fondos de varias comisiones dentro del Consejo Nacional de Derechos Humanos,
lo que afectó a la Comisión Permanente sobre el Derecho a la Comunicación y la
Libertad de Expresión. En Colombia, en tanto, cuentan con el Programa de Protección
a Periodistas y Comunicadores Sociales que es considerado el más eficiente de
la región, e incluso sirvió de modelo para aplicar en otros países. Sin embargo, según
la SIP, todavía el sistema requiere de mayores recursos económicos y técnicos,
y capacitación. Para algunos críticos, el sistema después de 20 años no ha evolucionado
mucho y ha fallado en desactivar las fuentes de riesgos contra periodistas.

En Ecuador funciona el Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y los
Trabajadores de la Comunicación, con el objetivo de implementar mecanismos de
protección para los periodistas y trabajadores de la comunicación. Entre las críticas
que se hacen a este mecanismo es que en su integración no están representados
periodistas ni asociaciones de prensa. Está integrado solo por organismos oficiales:
los ministerios del Interior y el de Relaciones Exteriores, el Consejo de Regulación,
Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación. El informe de la SIP
señala que en los otros países analizados, más allá de las particularidades propias de
casa caso, lo que tienen en común son la falta de recursos para ser más eficientes.

Como bien señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, los actos de violencia contra periodistas
vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e
información; generan un efecto amedrentador en sus pares; y violan los derechos
de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier
tipo. De ahí la importancia de garantizar la protección al ejercicio de la profesión
periodística, para que pueda seguir aportando información confiable y de calidad
todos los días.