El Chaco, como el país, en plena lucha contra la pandemia, busca la oportunidad de renegociar una impagable carga fiscal
Alguien que ha intervenido en la estrategia de una propuesta política que tuvo tanta firmeza como cohesión del apoyo de todos los sectores ante la impagable deuda heredada del macrismo y que fue citado en el mensaje presidencial desde Olivos, como el gobernador chaqueño, cuya experiencia como economista con amplia actuación pública no es accesoria, ha venido pivoteando sobre el concepto de oportunidad, buscando abrir un camino financiero para la provincia que acaso siga el mismo rumbo y la suerte del sinceramiento del país ante bonistas acreedores.
Lo que acaba de formalizarse, sin que todavía se pueda hacer pie comenzando por el gigante EEUU, ante los avances impiadosos de una pandemia que hará historia y cuya duración y desenlace nadie conoce, pero es desgarrante el tendal, no solo de vidas perdidas en una guerra contra el Covid-19, sino de múltiples daños paralizantes y hasta irreparables en las actividades económicas, profesionales y un abanico de damnificados como se padece en el Chaco. En suma, sectores esenciales de producción y trabajo cuya estabilidad soporta una incertidumbre sin precedentes.
LA ENCRUCIJADA FISCAL CHAQUEÑA
Capitanich ha destapado la profundidad de la crisis fiscal de la provincia a partir de un stock de deuda en pesos (que incluye la conversión de compromisos en moneda extranjera convertidos al tipo de cambio actual) que alcanza a 40.600 millones de pesos, pero que sube a 48.000 millones incluyendo deuda flotante y de empresas públicas no consolidada en el presupuesto al 10 de diciembre de 2019.
Entonces, el flujo de la deuda de capital e intereses asciende a 60.000 millones de pesos. La mitad de ese monto es en moneda extranjera e incluye, por ejemplo, el bono de 250 millones de dólares emitido en 2016 cuyo vencimiento llega al 2024, pero con una escala fuerte en 2022.
LA MISMA ESTRATEGIA NACIONAL
El gobernador explica que la idea de la propuesta de renegociación (o de reestructuración, como se la presentó) es formular la misma estrategia nacional donde pudo introducir algunas sugerencias. El objetivo es adquirir capacidad de gestión para recuperar a la dañada economía chaqueña en materia de producción, exportaciones y fundamentalmente empleo, incluyendo inversiones en infraestructura y la necesidad de un mejor nivel de competitividad.
(Aquí salta a la vista que inexorablemente el aparato estatal tiene que entrar en una etapa de adelgazamiento burocrático que se traduzca en aliviar la enorme erogación en sueldos y es tiempo que se diga, por ejemplo, con el imperio de un desnivel en ingresos de tal magnitud donde basta con un solo ejemplo: hay designados por Capitanich que cobran más de tres veces sus 80.000 pesos mensuales. Pero la realidad política es que se pueden acumular comparaciones pero, a la postre, nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato…).
LA PRIORIDAD: 20.000 MILLONES EN ABRIL
El gobierno nacional sigue abasteciendo al Chaco desde que comenzó con la tarjeta alimentaria, pero ahora estamos ante el desembolso de la primera etapa del ingreso familiar de emergencia. En este caso, la Ansés depuró un registro de aspirantes que doblaba los 3.100 autorizados y que ya empezaron a cobrar con la asignación universal.
Solo en este rubro la transferencia nacional al Chaco se elevará a 3.100 millones de pesos y se estaba tratando de organizar un cobro sin desbordes que rompan el aislamiento sanitario por la necesidad de esos 10.000 pesos y también la previsión referida al tránsito y la seguridad porque los saqueadores, que operan en la marginalidad, estarán al acecho, sobre todo, de adultos mayores.
Este es un capítulo fundamental, pero si se suma la masa salarial del sector público y del privado, aun con muletas, además de todo lo que hace a la seguridad social nacional, la conclusión es que en este mes de abril el Chaco recibirá una suma de magnitud: casi 20.000 millones de pesos.
Otro fracaso del estilo del intendente de Resistencia La repentina presentación de un proyecto de endeudamiento por 1.000 millones de pesos con dos colocaciones de letras de Tesorería por parte del intendente municipal de Resistencia no logró votos suficientes en un Concejo Municipal que revalidó su rol institucional en la impugnación del popular “impuestazo”, que desató la reacción de los contribuyentes y la resistencia con planteos judiciales, en circunstancias de una emergencia sanitaria sin precedentes y un colapso fiscal que derrumbó la recaudación nacional, provincial y, por ende, de los 59 municipios de la provincia.
Pero la vía elegida de manera sorpresiva, también para el gobierno provincial que estaba reforzando transferencias (hubo un anticipo de 30 millones y una asignación posterior de 47 en una distribución sin discriminaciones entre todas las municipalidades para ayudar al complicado pago de sueldos de abril) pareció una maniobra de cuño propio (cuando ya no gobierna Oscar Peppo, que abasteció de fondos al gustavismo al igual que los dividendos políticos de su control de la Legislatura) incluso, a dos cuestiones primordiales: el anuncio de que se enviará asistencia de un millón de dólares entre 11 ciudades seleccionadas por el gobierno nacional (tal vez para mayo, en dos tramos) y desconocer la ofensiva lanzada por el del Sindicato de Trabajadores Municipales, con Jacinto Sampayo al frente, cuyos argumentos citan muchos episodios de fuerte disidencia con el estilo de Martínez y anticipa planteos a nivel judicial con el carácter de denuncias.
La erogación básica para saldar sueldos del primer municipio es de 250 millones de bolsillo pero aumentando a unos 400 por las obligaciones por aportes sociales y otros rubros como el pago a proveedores, que se hizo cuesta arriba con una debilitada recaudación en la que dejó sus huellas el fuerte incremento de los tributos en general.
El bloque radical soportó presiones y asumió la responsabilidad de preservar servicios, pero no usando camiones volcadores para recoger la basura, como reprocharon las voces sindicales. Y a la postre quedó al desnudo el grupo Hábitat, cuyo pase a planta -podrían llegar a 700- fue concedido en el paquete final de Peppo pero se trata de agentes del paquidermo provincial y sus haberes no los paga el municipio.
Sin fisuras, los concejales de la UCR Carlos Salom, Dino Melgratti, María T. Celada y Carla Cantero resumieron su posición al afirmar que “es una grave irresponsabilidad aprobar la toma de crédito por mil millones de pesos sin debatir profundamente” y entre otras cosas dijeron que no pondrán palos en la rueda pero tampoco hipotecarán al municipio.
El soporte publicitario estridente está lejos de los buenos tiempos y debe darse paso a la hora de la verdad con una conducción que revalide todo lo prometido batiendo tan intensamente el parche: no es tiempo de especulaciones con divisiones internas o disputas partidarias. De lo que se trata es de una capacidad de gestión poniéndole el pecho a la crisis, cuyo nivel de calidad ni siquiera se insinúa y solo ha venido cosechando la disconformidad colectiva de la misma gente que pudo haber votado a Martínez.
