Una iniciativa de mujeres con perspectiva de equidad
La desigualdad de género continúa demorando la plena inserción de las mujeres en la sociedad. Por eso vale rescatar la iniciativa del colectivo denominado “Mujeres Gobernando”, que agrupa a más de 200 funcionarias nacionales de todo el país, para impulsar nuevas políticas públicas que aborden distintas problemáticas actuales con perspectiva de equidad y diversidad.
Temas tales como las tareas de cuidado, el drama de las violencias que sufren las mujeres y las brechas que todavía se observan tanto en el sector público como en el privado respecto a la participación laboral de hombres y mujeres, son algunas de las cuestiones que hoy están en la agenda de este grupo que organiza encuentros periódicos con el fin de dar respuestas a los desafíos que presenta la sociedad argentina, que oscila entre la necesidad de un cambio cultural y las construcciones sociales de género que todavía permanecen ancladas en el pasado.
El objetivo de alcanzar la igualdad de género tiene una larga historia de luchas de mujeres, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. La idea de estrechar vínculos entre mujeres que ejercen la función pública es, en ese sentido, novedosa en el país y es de esperar que la suma de esfuerzos permita avanzar con cambios en una sociedad que, afortunadamente, es permeable a estas propuestas. Son muchas las mujeres que en todos los rincones del país, aún sin definirse como feministas, están decididas a tener una presencia más activa en todas las áreas de la vida social, política, cultural y económica del país. Y estos encuentros del colectivo “Mujeres Gobernando” interpretan los pedidos de quienes plantean que estas nuevas demandas deben ser incorporadas en una agenda pública que reconozca sus derechos.
Según se anunció en el último encuentro realizado por este grupo de funcionarias nacionales, en la próxima reunión -cuya fecha todavía no fue fijada- la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación tiene previsto presentar un informe sobre las brechas en la gestión pública, el denominado “techo de cristal” y estadísticas sobre cargos en la administración pública que son ocupados por mujeres. Y fuera del ámbito estatal también hay temas que aún deben resolverse, como la persistente brecha salarial entre varones y mujeres, las barreras que se ponen al ascenso y la entrada de éstas en ciertos sectores del quehacer comunitario, la desigual distribución del trabajo doméstico no remunerado en el hogar entre mujeres y hombres, por citar solo algunos de los temas que merecen una mayor atención.
La socióloga Dora Barrancos observa que, si se mira con perspectiva, en los últimos años una conquista fundamental fue la ley nacional 26.485, llamada también de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esa norma, aprobada en marzo del año 2009, fue reglamentada a través de una consulta dirigida por el Consejo Nacional de las Mujeres, organismo que tuvo a su cargo la aplicación de la ley. Cabe recordar, por otra parte, que el Estado argentino ratificó distintos instrumentos de derechos humanos específicamente destinados al reconocimiento de los derechos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia la Mujer (también conocida como Convención de Belém do Pará) que también posee jerarquía superior a las leyes. Además, el mes pasado la ley nacional 27.499, conocida como “Ley Micaela”, cumplió su primer año de vigencia. La misma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. En ese sentido, debe señalarse que los encuentros del colectivo “Mujeres Gobernando” se gestaron a partir de la capacitación obligatoria que estableció esa ley.
También en nuestra provincia se anunció que las capacitaciones obligatorias comenzarán en marzo, con jornadas de formación que estarán destinadas al personal del Poder Ejecutivo provincial. Se trata, por cierto, de iniciativas que, sin dudas, redundarán en beneficio no sólo de las mujeres, sino de toda una sociedad que debe avanzar hacia una mayor igualdad entre los géneros.
