Reforma previsional: un debate necesario que nadie quiere dar

El déficit previsional es un tema de recurrente preocupación cuando se analizan las cuentas públicas, pero al mismo tiempo es una cuestión sensible de abordar, tanto por una legislación que prácticamente no da lugar a la necesaria reforma de fondo, como también por tratarse de un asunto que tendría un rechazo generalizado en la opinión pública por la gran cantidad de chaqueños que dependen de su ingreso como empleados del Estado y que luego serán parte del sector pasivo. 

La enmienda del artículo 75 de la Carta Magna provincial sancionada en 2009 prácticamente ata de pies y manos cualquier intento serio de hacer sustentable en el tiempo el sistema y, de tanto en tanto, desde la Nación agitan los fantasmas de la necesidad de una armonización.
Pero, como se sabe, el blindaje impide la transferencia de la caja a la esfera nacional, como también garantiza la movilidad jubilatoria y no permite que se den cambios en cuanto a la edad, lo que de no darse una discusión que permita evaluar la normativa todo se reduce a considerar los porcentajes de aportes del empleado.

En este contexto, hay coincidencia unánime en que la Provincia mantiene un esquema que podría considerarse de ‘privilegio‘ en comparación con otros distritos (son pocos los que abonan el 82% móvil) y si bien hoy prosperan a duras penas compensaciones que se realizan desde la Anses sobre la base de fondos que fueron cediendo las provincias en materia de coparticipación, lo concreto es que esa será una cuenta que en el mediano plazo podrá saldarse pero no ocultará la necesidad de cambios estructurales.

SILENCIO

Al tratarse de un tema urticante, de aquellos considerados como antipopulares, no hay voces de dirigentes o autoridades del oficialismo o la oposición que quieran expresar en público lo evidente. Ni legisladores ni funcionarios del Poder Ejecutivo quieren sentar posición respecto de un tema que reconocen que, de no encontrarse una solución en el corto plazo, terminará teniendo una afectación tal del Presupuesto que acarreará implicancias en servicios esenciales, atento a que se descuenta lo desestabilizador que puede ser para cualquier gestión un atraso en el pago de haberes de pasivos. A nivel nacional también es un tema que genera resquemores, están quienes dicen que en el paquete de exigencias que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avalar una renegociación de la deuda que tiene el país con el organismo de crédito está el de una reforma previsional, pero las autoridades nacionales por el momento lo niegan, aunque dejan abierta la posibilidad.

Fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que en declaraciones radiales se refirió a que se trata de una discusión que en ‘algún momento debe darse‘. ‘La expectativa de vida todos los años crece y los sistemas jubilatorios se van a tener que ir adaptando. Hay que hacerlo en calma y con tiempo, de modo tranquilo, son cosas pesadas de mover‘, sostuvo en busca de grises al asunto.

NÚMEROS

Cuando el tema se traslada a números, siempre con el esquema en vigencia, desde los organismos públicos señalan que la relación óptima para lograr equilibrio en las cuentas es que existan 4 trabajadores en actividad con aportes previsionales por cada agente pasivo.
Si bien la información en este aspecto también se guarda con recelo, si se tuviesen en cuenta las cifras que se denuncian ante la Justicia sobre agentes que pasaron a planta permanente en la administración pública el año pasado, lo que rondaría entre 4000 y 5000 trabajadores, la relación hoy se ubicaría cerca de un 2,5 activos por cada jubilado.

Si bien el espíritu es de un sistema de reparto y solidario (distribuir una X cantidad de recursos entre el total de los integrantes de un espacio), en el análisis en particular lo que resulta insoslayable es la evaluación de la caja de cada sector, y en su momento hubo intenciones de desprendimientos con el argumento de la sustentabilidad de parte de los municipales, ya que se sabe que los regímenes especiales que abarca tanto a la policía como la docencia termina generando la insolvencia general del sistema, producto de que les permite jubilarse a temprana edad y en el caso de las fuerzas de seguridad con porcentajes que superan el 82% móvil.