Los sindicatos docentes gatillan otra vez un acuerdo para asegurar clases
Una amplia reunión con los 18 sindicatos del sector docente, el más poblado del aparato estatal, donde el gobernador creyó que se respetaría el compromiso de iniciar las clases con normalidad y en esos términos se hizo un anuncio oficial, quedó en la cuerda floja cuando la línea dura del Frente Gremial encabezada por Atech salió a desmentir ese arranque normal en la medida que Capitanich no solamente les pague la cláusula gatillo del último trimestre de 2019 sino que defina una pauta salarial previa al 2 de marzo.
Ocurre que el día 26 es el fijado para que los docentes se presenten para los preparativos del nuevo ciclo, pero en ese mismo día sesionará en Buenos Aires la paritaria nacional, con los gremios que tienen presencia en todo el país y donde la negociación será con el ministro Trotta que, por lo que se sabe, buscará establecer un piso sin cláusula gatillo atada al nivel inflacionario y dejando a los gobernadores que resuelvan en cada distrito, después de asegurarles que los auxiliará con fondos como ocurrió con el mandatario chaqueño.
El cuadro político plantea que Capitanich pueda, como se dice en el fútbol, comerse el amague porque siempre supo que jugaba en cancha embarrada, pero ya habrá advertido dos cuestiones fundamentales:
1) Que la rutina de los paros que los sindicatos llaman retención de actividades reporta antecedentes de los 39 días malogrados en el último año de Peppo, o sea dos meses completos sin aulas abiertas, y en el 2018 fueron 54 días con un registro mayor de 70 jornadas en el 2017. Es obvio que fue más impactante que el daño político al gobierno provincial el costo pedagógico de la restricción de la enseñanza en ese elevado caudal de protesta gremial.
2) La convocatoria del Congreso Pedagógico hoy tiene en esta edición de NORTE una amplia documentación de los criterios de la Atech, muy respetables por cierto, pero una cuestión tan primordial como la educación pública en todos sus niveles implica que se interesen, se involucren y aporten críticas y propuestas todos los sectores de la sociedad chaqueña a partir de la contundente realidad de que la crisis de la educación, provincial y nacional, es transversal a todos los ámbitos, que la calidad educativa debe someterse al rigor de los nuevos tiempos basados en la lectura y el conocimiento, y que un eje esencial siempre será la familia donde no puede existir una frontera de desigualdades entre las que pueden resguardar a sus hijos de los paros solventando escuelas e institutos privados, que no son baratos, y los que dependen de la escuela pública, como esos padres que llegan en moto con sus chicos y se estrellan con la notificación de una jornada de aulas vacías.
EL CONGRESO PEDAGÓGICO
Presentado como el reto de formular un nuevo contrato social, el Congreso Pedagógico se zambullirá en las aguas agitadas de la crisis en un recorrido desde el jueves 27 hasta el 11 de septiembre, confiando en no llegar al tributo a Sarmiento con las manos vacías, con un compendio tan extenso como los emparches que durante años la Legislatura le sumó al Estatuto del Docente que no puede ser una Biblia intocable, como desconocer la inoperancia del Consejo de Educación desde la reforma de 1994 y justificar que el Ministerio de Educación sea la mayor colmena de sueldos públicos con más de un millar de agentes habilitados en la exfábrica de Noblex y nadie se atreva en términos políticos a ponerle el cascabel al gato.
El secretario ejecutivo del congreso, Francisco Romero, identifica más de 20.000 docentes desocupados y visualiza la reorientación de la carrera reivindicando el empleo con una legislación específica de educación rural y ejemplos como una Tecnicatura en Apicultura, un rubro arraigado en la potencialidad productiva chaqueña.
Es ineludible compartir el costo impagable del analfabetismo digital en los tiempos que se viven. Esta semana hubo una primera reunión en la Legislatura, donde se decidió formar una comisión que intervenga en el proceso de acopiar consensos de todos los sectores, teniendo en cuenta que el trabajo será territorial y con la premisa de una amplia participación democrática. Aunque con un telón de fondo contra el desaliento colectivo que aportó el presidente parlamentario, Hugo Sager: “Se deben garantizar los 180 días de clases como pretende la iniciativa del Poder Ejecutivo” y, obviamente, no podría ser para menos.
Sin bajar un cambio de las buenas intenciones ante tamaño desafío, esta columna recomienda prudencia sobre las expectativas de que el Consejo Económico y Social (Cones) sea baluarte de la construcción del consenso, porque su inoperancia y escasa gravitación en los años recientes no ha producido aportes efectivos a las debilidades que pegaron duro -y lo siguen haciendo- a los soportes productivos y a la generación de empleo privado en un Chaco donde el gigantismo estatal ha tocado fondo sin duda alguna.
Banco del Chaco: definiciones en asamblea de marzo
Subsisten las expectativas y los rumores sobre la nueva representación del capital oficial en el directorio del Nuevo Banco del Chaco, donde todo se definirá en marzo y no hubo adelantamiento para que el contador Federico Muñoz Femenía, economista que lleva muchos años trabajando junto a Capitanich, sea el nuevo presidente, y que después de un trance de salud de su hija en Buenos Aires ya está operativo.
El directorio de la sociedad anónima aprobó el balance el último jueves y ahora debe considerarlo y aprobarlo el Banco Central, en una rutina que lleva la convocatoria a la asamblea para marzo, casi a fines del mes próximo.
La renovación, se asegura, abarcará a los directores oficiales Juan A. Meana (vinculado con Gustavo Martínez), José R. Mongeló y Daniel O. Farías (exministro de Educación) promovidos por el gobernador Peppo y al propio presidente González, al cabo de una larga actuación en cargos públicos que comenzó en 1983 como ministro de Economía de Florencio Tenev.
El único director oficial confirmado para la nueva etapa sería Enrique Santos, expresidente de la Sociedad Rural del Chaco, y se sabe de un dirigente industrial que usaría hasta la escalera de bomberos para llegar al quinto piso. El gobernador quiere usar el mismo criterio que aplicó para designar ministros y otros funcionarios en materia de antecedentes y transparencia. Eso lo llevaría, pese a una histórica presión partidaria, a requerir al Tribunal de Cuentas un informe sobre el juicio de cuentas como control de gestión habilitado por la Justicia sobre los integrantes del directorio de la Fiduciaria del Norte, que fueron relevados en el cambio de gobierno. El expresidente Sergio Slanac, involucrado en una investigación judicial, presentó un recurso ante el Superior Tribunal, pero el juicio de cuentas habría detectado sorprendentes compras con una tarjeta corporativa de ese organismo que en los corrillos políticos han sido muy comentadas.
