Iniciativa federal contra la violencia de género
Con la presencia de más de 500 mujeres de todo el país se puso en marcha en la localidad de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, una serie de encuentros que tiene por objetivo la elaboración de un Plan Nacional contra la Violencia de Género. Se trata de una iniciativa de alcance federal que busca sentar las bases para avanzar con medidas integrales que permitan erradicar un grave problema que atraviesa todos los sectores de la sociedad.
Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, el año pasado se registraron 327 femicidios en todo el país, lo que significa, en promedio, la muerte de una mujer cada 27 horas. Esta dramática realidad, lamentablemente, no es nueva. La novedad está dada, en todo caso, por la toma de conciencia de buena parte de la sociedad de un fenómeno que hunde sus raíces en un complejo entramado social y cultural que durante décadas permaneció invisible a los ojos de la ciudadanía, pero que gracias al activismo de mujeres de todo el país y de todos los estratos sociales ha salido a la luz.
La muerte violenta de mujeres por razones de género constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Otras formas extremas son el tráfico y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, las violaciones y los abusos sexuales. El odio y los prejuicios por razones de orientación sexual e identidad de género también motivan crímenes de género. El primer encuentro realizado en Chapadmalal se llevó a cabo en dos jornadas, en la primera de las cuales se escucharon exposiciones y propuestas de representantes de la sociedad civil, y en la segunda, las ponencias de funcionarias públicas que ratificaron el compromiso del Estado argentino respecto a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en particular la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belem do Pará.
Este proceso participativo, que se extenderá hasta mitad de año, se replicará en las distintas regiones del país con el fin de conocer los puntos de vista de organizaciones sociales, sindicales, universitarias y de distintos sectores de la comunidad que vienen mostrando preocupación y reclaman políticas públicas para erradicar este verdadero flagelo de la sociedad.
Cabe recordar que el mes pasado se cumplió un año de vigencia de la ley nacional 27.499, más conocida como “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñen tareas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. En coincidencia con este aniversario, en el Chaco se anunció que las capacitaciones obligatorias comenzarán en marzo y que el personal del Poder Ejecutivo provincial será el primero en recibir las capacitaciones en la temática. En mayo del año pasado, la provincia adhirió a esa ley nacional bajo el nombre de “ley Natalia”, en homenaje a la joven chaqueña Natalia Samaniego, que fue asesinada por su pareja en 2018, en la ciudad de Posadas, Misiones. La ley Micaela, en tanto, recibe ese nombre en recuerdo de Micaela García, la joven estudiante del profesorado de Educación Física que fue asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre de 30 años que ya había estado preso por dos violaciones.
Es importante que se escuchen las voces de todos los sectores que tienen un genuino interés en erradicar la violencia contra mujeres y niñas que, hay que decirlo, es una violación grave a los derechos humanos. Si bien, como se dijo, en los últimos años hubo una mayor toma de conciencia en relación a lo que representa este problema para el conjunto de la comunidad, y tanto es así que en la actualidad hay conductas como las agresiones violentas motivadas en el género que ya no son toleradas por la sociedad, no es menos cierto que aún falta mucho por hacer para prevenir y erradicar esta problemática, como mejorar los presupuestos de los organismos que deben velar para que las políticas de género se implementen y garantizar que las personas que son víctimas de situaciones de violencia tengan un adecuado acompañamiento.
