Colombia: Duque llama a una nueva “lucha contra el narcotráfico”

   Cartagena, 15 (Reuters y AFP) – Volver a volcar recursos económicos y militares y redirigir la atención política hacia la erradicación de la materia prima de la cocaína “es la mejor manera de proteger los esfuerzos de paz en Colombia” y de “luchar contra el narcotráfico que alimenta la violencia de los grupos armados ilegales”, dijo Iván Duque. Colombia venía implementando un acuerdo de paz firmado en 2016 que permitió a más de 13.000 integrantes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) dejar las armas y reintegrarse en la sociedad. Pero

Según la ONU, 107 dirigentes rurales y activistas ambientales y de DDHH fueron asesinados en 2019; en 2018 se reportaron 115 homicidios.

Incumplimiento del gobierno

   Pero el proceso de paz enfrenta retos como el incumplimiento y la no aplicación por parte del gobierno de Duque, discípulo de Álvaro Uribe, que llegó al poder haciendo campaña explícita contra el Tratado de Paz. Esto tuvo consecuencias como la reocupación de los territorios que dejó la desmovilizada guerrilla por parte de paramilitares dedicados al narcotráfico y la explotación ilícita de oro, numerosos asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, y recientemente la decisión de algunos excomandantes de las FARC de volver a la lucha armada contra los incumplimientos del gobierno.

Otra “lucha contra el narco”

   “El gran reto de seguridad viene derivado del narcotráfico”, dijo Duque antes de participar en una reunión de la “Comisión de Consolidación de Paz” de las Naciones Unidas. “Es el combustible de la criminalidad y del terrorismo, del ELN, de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo y otras estructuras”, aseguró.

   Colombia superó las 200.000 hectáreas de coca y la erradicación manual de los cultivos permitió reducir el área en 2018, según mediciones de EEUU, principal aliado e impulsor de Colombia en la “lucha contra el narcotráfico”.

   Duque señaló que en 2019 militares y Policía erradicaron manualmente más de 100.000 hectáreas de cocales y confiscaron una cifra récord de 434,7 toneladas de cocaína. El gobierno se propone continuar esa política mientras se reanudan las fumigaciones aéreas con el agrotóxico glifosato, suspendidas en 2015. El Gobierno asegura que cumplirá las estrictas exigencias ambientales de la Corte Constitucional.

El recrudecimiento de la violencia contra los defensores de DDHH y líderes sociales es de las principales características del gobierno de Duque.

Más "seguridad" en los territorios

   El mandatario, abogado y economista de 43 años, acusó a las disidencias de las FARC, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a bandas parapoliciales de los asesinatos y las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Sin embargo, los activistas acusan al gobierno y al ejército, que aplican políticas permisivas con paramilitares y narcos que se apoderan de territorios para ejercer sus negocios ilegales.

   “La estrategia de ese grupo (las disidencias), como la estrategia del ELN, es golpear a líderes sociales en los territorios para tratar de generar zozobra, preocupación, desánimo”, aseguró Duque. “Nuestra meta es seguir profundizando en el territorio esa agenda de seguridad y enfrentar esas estructuras criminales”.

   El mandatario dijo que desde agosto de 2018, cuando asumió la presidencia, su gobierno ha puesto en marcha 46 proyectos productivos individuales y 800 colectivos de excombatientes de las FARC que tienen beneficios de salud y  vivienda, y destacó el compromiso de la mayoría de exguerrilleros en el proceso de paz. “Creo que vamos por buen camino”, concluyó al pedir a la comunidad internacional su apoyo para buscar mercados a los productos que cultivan o fabrican los excombatientes de las FARC en regiones montañosas y selváticas, donde ahora viven como parte de su reintegración social.