El uso de la biometría en espacios públicos
El uso de tecnologías de reconocimiento facial para vigilancia masiva ha desatado fuertes polémicas en los países donde ya se utiliza esta sofisticada herramienta. Mientras que los que están de acuerdo con su empleo sostienen que se trata de una medida que mejora la seguridad en las ciudades, quienes cuestionan su uso advierten que puede lesionar derechos fundamentales de los ciudadanos.
En la Argentina, la primera jurisdicción que puso en marcha este polémico sistema fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hizo en abril del año pasado y, según informaron las autoridades de ese distrito, el sistema utiliza la infraestructura de cámaras de seguridad y centros de monitoreo de la ciudad, con el objetivo de identificar a las personas con pedidos de captura judicial. Pero a poco de ponerse en marcha, varias personas denunciaron que fueron víctimas de un “falso positivo” arrojado por el software utilizado. Uno de los casos que tomó estado público fue el de un joven profesional de la informática que fue demorado por dos policías de la Ciudad de Buenos Aires en la Estación Callao de la línea B cuando iba a su oficina. Según relató el usuario Leonardo Colombo Viñas (@LeCoVi) en su cuenta de Twitter, el sistema lo había asociado con otra persona que tenía pedido de captura por un robo a mano armada. El insólito caso fue tomado como ejemplo por la Asociación de Derechos Civiles para alertar sobre el uso de esta tecnología, y advertir que debido a que el reconocimiento facial utiliza algoritmos para evaluar los rasgos de cada persona y contrastarlos para determinar el nivel de probabilidad en la identificación, es importante conocer la tasa de error que puede llevar a falsos positivos, es decir, que el sistema identifique mal a una persona como si fuera una presunta prófuga. Por otra parte, la organización observa que el software de reconocimiento facial puede llegar a tener altos porcentajes de falsos positivos, como en el caso de las pruebas realizadas por la Policía de Londres entre los años 2016 y 2018, las cuales resultaron en un 96 por ciento de personas mal identificadas como presuntas criminales. La capital del Reino Unido y Pekín, en China, son las dos ciudades del mundo con la mayor cantidad de cámaras de vigilancia en lugares públicos, que emplean programas de reconocimiento facial. Se calcula que en Londres están instaladas unas 420.000 cámaras de vigilancia en las calles, mientras que en la ciudad china la cifra trepa a 470.000
En el Reino Unido, los que rechazan el uso de estas tecnologías remarcan que no son compatibles con los sistemas democráticos, carecen de marco legal y violan la privacidad de las personas. Sin embargo, distintas organizaciones de derechos humanos aseguran que esta herramienta, que permite capturar los rostros de ciudadanos en imágenes vídeo de vigilancia para compararlas luego con las bases de datos de la policía, es una herramienta cada vez más utilizada por gobiernos de distintos países del mundo y lo que está en discusión es saber si se trata de una injerencia legítima del Estado o de una violación de la vida privada.
Frente a este nuevo escenario, son cada vez más las organizaciones civiles que exigen que se dejen de utilizar estos sistemas, hasta tanto no exista un marco legal que regule su uso para evitar que se cometan arbitrariedades. En la 41º Conferencia Internacional sobre Protección de Datos y Comisionados de Privacidad, que se celebró octubre pasado en Albania, más de un centenar de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo entre ellas, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), de Argentina- firmaron una declaración reclamando la moratoria del uso de reconocimiento facial para vigilancia masiva. Desde la organización local expresaron su preocupación por las potenciales injerencias que estos sistemas pueden tener sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, y por eso enviaron una nota a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para saber cómo se evaluaron las tasas de error, si se llevaron a cabo análisis sobre la discriminación (tanto racial como de género) que puede resultar de los falsos positivos y las auditorías técnicas realizadas en todas las etapas de desarrollo del sistema.
El uso de la biometría en el espacio público no está muy extendido aún en el país, pero es necesario que se habilite un debate serio sobre este polémico tema que involucra la privacidad de las personas, la presunción de inocencia y el problema de la seguridad pública.
