Gabinete y modelo extractivo: el perfil de los nuevos ministros

Por Darío Aranda

Alberto Fernández continuará una política de Mauricio Macri: la explotación de recursos naturales, con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Lo había adelantado en la campaña electoral. Y lo ratificó en el armado de su gabinete. Desde el Ministerio de Ciencia hasta Agricultura, de la Secretaría de Minería a YPF. Los funcionarios cambian, el extractivismo continúa. Los antecedentes de los ministros de las áreas claves para el modelo extractivo.

Roberto Salvarezza, Ciencia. Fue presidente del Conicet de 2012 a 2015. Se alineó en la política científica que marcó su amigo Lino Barañao. El entonces ministro influyó para que lo elijan al frente del Conicet. Eran tiempos de un presupuesto en ascenso para un sector donde no solía haber manifestaciones. “Hubo un incremento del financiamiento, que nos ha parecido beneficioso pero también paralizó cualquier postura crítica. Se dio aval a una política científica a cambio de más recursos. Entonces no sorprende que Barañao justifique el uso de agroquímicos, los compara con los antibióticos y ningún científico le salga al cruce”, describió la investigadora del Conicet y la UBA Mirta Varela en diciembre de 2015.

Barañao y Salvarezza impulsaron el Plan Argentina Innovadora 2020, en 2013, basado principalmente, en la «biotecnología» -no mencionan la palabra «agronegocio»-, la megaminería -oro, plata, litio- y el fracking de YPF. También atacaron y desprestigiaron al científico Andrés Carrasco, que en 2009 había confirmado el efecto letal del herbicida glifosato.

Carrasco era uno de los más reconocidos científicos en su especialidad -había presidido el Conicet y dirigió el Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA. Denunció el efecto del agrotóxico en un diario de tirada nacional y recorrió el país, acompañado por asambleas socioambientales y pueblos fumigados.

Barañao lo descalificó públicamente y Salvarezza lo boicoteó dentro del sistema científico, bloqueando posibles subsidios, desprestigiándolo ante pares y, la última estocada, como observador cómplice de una comisión que le negó la promoción en el escalafón científico del Conicet, cuando Carrasco -en 2013- había solicitado su promoción de investigador principal a superior. Lo evaluaron tres personas. Una especialista en filosofía budista -Carmen Dragonetti-, un científico ligado a las empresas de agronegocios -Néstor Carrillo- y un académico denunciado por su rol durante la dictadura, Demetrio Boltoskoy.

Carrasco se reunió con Salvarezza para exigir se reconsidere al tribunal e incluso propuso nombres de científicos ajenos a cualquier conflicto de intereses. Además apuntó al modelo científico: “El Conicet está consustanciado en legitimar tecnologías propuestas por corporaciones, modelos de hacer ciencia que implica un profundo y progresiva asociación con la industria. Promueven un modelo de investigadores al servicio de empresas, patentes, de formación científica con transferencia a privados”.

Carrasco falleció el 10 de mayo de 2014. Hasta entonces nadie contestó su pedido de reconsideración del dictamen de promoción.

Salvarezza se distanció de Barañao con la llegada del macrismo. En 2017 hizo campaña junto al kirchnerismo para ser diputado nacional, cargo que obtuvo. En las últimas entrevistas (ya como ministro de Ciencia) se aggiornó: ahora también menciona el cuidado del ambiente y el diálogo con las organizaciones territoriales.

Luis Basterra, Agricultura. Como ministro de Producción de Gildo Isfrán (que gobierna Formosa hace 24 años) jugó un papel central en el avance del algodón transgénico y luego, como vicepresidente del INTA. En 2008 el gobierno nacional aprobó la primera semilla. Fue luego de que las cámaras empresarias del sector, con impulso de los gobiernos de Formosa y Chaco -principal zona algodonera- firmaran un acuerdo para “el desarrollo sustentable” de las nuevas semillas.

En 2009, durante una reunión para difundir el uso de las semillas de algodón transgénico, destacó que “Argentina pueda acceder a la máxima genética del mercado mundial, con algodones de cualidades sobresalientes, como los que son resistentes a plagas y a herbicidas”.

El algodón transgénico reemplazó casi por completo al cultivo tradicional. Y aumentó la dependencia de los productores a la compra de insumos, en dólares. La empresa beneficiada es la dueña de la semilla y proveedora de los agrotóxicos: Monsanto.

Desde la comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados Basterra siempre se mostró dispuesto a tratar una nueva ley de semillas, solicitada por las grandes multinacionales del agro y rechazada por los sectores campesinos. Y reclamó una ley de fitosanitarios (no los llama agroquímicos ni mucho menos agrotóxicos) para dar seguridad jurídica a la “producción agropecuaria”.

En 2010 la policía provincial reprimió a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh -La Primavera- y produjo dos asesinatos: el abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. El conflicto se nacionalizó con un acampe en la porteña Avenida de Mayo y 9 de Julio. En 2013, con el conflicto aún latente, Basterra acompañó una solicitada en defensa del gobernador y en rechazo a las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Este año juró como diputado nacional “por la patria, por Formosa y por el gran gobernador y conductor Gildo Insfrán”.

Albeto Hensel, Minería. En plena campaña electoral Alberto Fernández afirmó que su modelo para minería sería San Juan, donde la minera Barrick Gold opera el proyecto Veladero e impulsa Pascua Lama, emprendimiento binacional frenado por una medida judicial en Chile. Su enorme poder quedó en evidencia cuando Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares (2008). Alberto Fernández era Jefe de Gabinete.

Enrique Martínez, entonces presidente del INTI y parte del oficialismo, lo bautizó como ‘el veto Barrick’. Dos años después la ley volvió a aprobarse en el Congreso.

Las asambleas socioambientales de San Juan y de la cordillera desmienten hace años las falsas promesas de ‘progreso’ de mano de la minería. Jáchal en San Juan y Andalgalá en Catamarca son la prueba viva del desastre minero.

Barrick Gold también ocasionó el mayor desastre minero de la historia de Argentina. El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias alertando que no tomen agua. En un primer momento el gobierno y la compañía negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río. Una semana después aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.

En 2018 un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo) confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto.

A pesar de la situación en San Juan, Alberto Fernández nombró como secretario de Minería de Nación a Alberto Hensel (que ocupaba el mismo puesto, pero en la provincia). Una veintena de asambleas socioambientales (encabezada por las de Jáchal No Se Toca y El Algarrobo –de Catamarca–) en una cara pública plantearon al presidente su preocupación por la designación de Hensel, “un reconocido lobbista megaminero en una función pública”.

Además suscriben organizaciones de Córdoba, Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Jujuy, Mendoza y Salta, entre otras: “La corporación megaminera es vergonzosa en San Juan. No podemos evitar sentirnos insultados cuando se premia a esta clase de políticos y se pone como ejemplo el manejo feudal de esta provincia”, denuncian.

Guillermo Nielsen, YPF. Es un economista/consultor muy conocido dentro del ámbito de las finanzas, pero muy poco en la sociedad. Comenzó en la noeliberal Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), fue gerente del Grupo Socma (familia Macri), director del Anses durante el gobierno de la Alianza y en 2005, referente en la negociación de la deuda externa argentina. Estuvo luego en el espacio político de Sergio Massa: fue precandidato a Jefe de Gobierno porteño. Es hombre de consulta de Alberto Fernández desde 2005.

En octubre pasado presentó su plan de ‘blindaje’ para Vaca Muerta. Con eufemismos: “medidas para atraer inversiones” y “seguridad jurídica”, ofrece libre disponibilidad de los dólares, exportar libremente (sin sujetarse a la obligación de priorizar el mercado interno), estabilidad tributaria (que no se modifique ningún impuesto a futuro), eliminación de impuestos para importar y contratos especiales que faciliten las demandas al país en tribunales internacionales.

En Vaca Muerta viven y trabajan desde hace generaciones más de veinte comunidades mapuches, que exigen se cumpla la normativa vigente que obliga al Estado a obtener el consentimiento libre, previo e informado de cualquier actividad que pudiera afectarlas. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén resumió los poderes detrás del petróleo: “No hay ninguna duda de que es la alianza entre multinacionales, gobierno nacional, sindicato petrolero y gobierno provincial. Es la forma de perpetuar políticas extractivistas, asistencialistas y discriminatorias hacia los pueblos originarios. Vaca Muerta no es el futuro -como plantean los gobiernos y empresas- sino políticas de saqueo, contaminación y muerte”. 

Juan Cabandié, Ambiente. Sin ningún antecedente en la materia, las asambleas socioambientales recordaron un tuit suyo del 19 de septiembre de 2010: “En el tema minería hay que ser medidos. Chile vive de la extracción de cobre y nadie se queja. Sí a la minería cuidando el planeta”. Pasaron nueve años: quizá el flamante ministro cambió de parecer.

Minería sustentable y con cuidado ambiental, fracking seguro, buenas prácticas agrícolas (para fumigar con agrotóxicos hasta la vereda de las casas), son frases hechas para fomentar las explotaciones de recursos naturales. Para las poblaciones en lucha contra el extractivismo sucede, como en derechos humanos frente a la dictadura militar, que no hay términos medios: se está con las mineras o con las poblaciones locales, con las petroleras o con los mapuches, con los agrotóxicos de Bayer/Monsanto o con las víctimas de las fumigaciones. En poco tiempo se sabrá de qué lado se ubica el nuevo ministro.

Publicado en revista Mu

El padre de los transgénicos

Felipe Solá era secretario de Agricultura de Carlos Menem cuando en marzo de 1996 firmó la aprobación de la soja transgénica con uso de glifosato, de Monsanto. Fue el primer país de América del Sur en autorizar los transgénicos. Y lo hizo en tiempo récord: sólo 81 días y en base a estudios de la propia empresa. No hubo investigaciones públicas ni independientes que probaran la inocuidad de la soja ni del herbicida asociado al cultivo.

Fue un punto de inflexión. Ese hecho cambió para siempre el modelo agrario argentino. De ser una especie marginal, la soja se transformó en monocultivo de exportación. Más de 20 millones de hectáreas. Entre las consecuencias: desmontes, desalojos, represión y criminalización sobre campesinos e indígenas, contaminación de aguas, empobrecimientos de suelos y enfermedades relacionadas con el uso de agrotóxicos, entre otras consecuencias.

Solá carga también con otro antecedente muy grave contra los sectores populares: el 26 de junio de 2002, cuando era gobernador de Buenos Aires, la policía bonaerense inició una cacería humana en Avellaneda, que quedó en la historia como la Masacre de Puente Pueyrredón. Los efectivos bajo su mando asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki e hirieron con balas de plomo a 33 personas.

El Poder Judicial condenó a los policías, pero nunca avanzó sobre los responsables políticos de ese hecho. Las familias y amigos de Santillán y Kosteki exigen el juzgamiento de quiénes dieron la orden de reprimir. Lo mismo hacen organizaciones sociales, entre ellas el Frente Darío Santillán, actualmente dividido en varios sectores.

“Entiendo que hay mucha gente que tiene esperanza en el nuevo presidente, pero otros tenemos una mirada diferente”, advierte Alberto Santillán, padre de Darío. Cuestiona que Alberto Fernández haya recibido a Eduardo Duhalde y lo haya reivindicado como ‘el bombero’ que sacó a la Argentina de la emergencia. “Esa persona apagó la vida de mi hijo y de Maximiliano”, resume. Explica que conocía la amistad entre el presidente y Solá, pero quería creer que haría algo distinto. “Evidentemente los de la clase política siempre se cobijan entre ellos y no les importa que hayan estafado al pueblo, si reprimieron, si mataron. Es la confirmación de que nada va a cambiar”, lamenta.

Remarca que Solá también tiene responsabilidad por “la enorme cantidad de enfermos y muertos” que provoca el modelo sojero. Y pide poder nombrar al flamante Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni: “Se ufana de haber reprimido a muchos compañeros. Comparte la doctrina de Patricia Bullrich. Es lamentable que esté al frente de la policía bonaerense”. Afirmó que es una muestra de que seguirá habiendo represión.

También se mostró “decepcionado” por rol de sectores sociales y militantes que antaño reclamaban por Darío y Maxi, luego hicieron campaña por Alberto Fernández y ahora toleran que Solá sea parte del Gobierno. “Debieran bajar la bandera de Darío y, como organización, cambiarse de nombre”, reclama.