Macri deja un país con menos actividad y menos empresas
La situación económica argentina se encuentra en estado crítico. Desde mayo de 2018, el nivel de actividad medido por el Estimador Mensual de Actividad Económica elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos acumula 13 caídas y solo 3 leves alzas. Así lo señalan las conclusiones de un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de datos oficiales, que revela además que, por cada día hábil, entre julio y septiembre de este año siete empresas entraron en concurso o quebraron.
En otras palabras, la Argentina viene arrastrando una debilitada actividad económica producto de decisiones tomadas por el Ejecutivo nacional que perjudicaron a empresas que, ante la imposibilidad de seguir adelante con sus actividades, resolvieron bajar sus persianas. Según el informe del CEPA, la política de altas tasas sostenida durante la gestión nacional de Cambiemos, intensificada a partir de la corrida cambiaria de abril de 2018 y reinaugurada en octubre luego del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene vínculos con este proceso de retracción en la actividad, afectando las ventas de las empresas y la propia viabilidad del sector productivo por el alto costo de financiamiento.
Cabe aclarar que el trabajo realizado por el CEPA presenta el resultado del relevamiento realizado sobre los concursos y quiebras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba en los primeros nueve meses de este año, en comparación con los datos de los primeros nueve meses de los últimos cuatro años. Vale destacar también que en estas cuatro jurisdicciones estudiadas se localiza el 61 por ciento del total de empresas registradas en el país, por lo cual resulta relevante y representativo de la situación general. De todos modos, cualquiera que recorra las calles de cualquiera de las localidades más pobladas del país podrá notar a simple vista la gran cantidad de locales comerciales y galpones vacíos que se ofrecen en alquiler, lo que confirma la fuerte caída de la actividad. En ese sentido, análisis de otros indicadores realizado por el estudio del CEPA también describe un contexto económico preocupante con relación al nivel de actividad: las ventas en centros comerciales, supermercados y mayoristas dan cuenta para el mes de agosto de 14 meses consecutivos de caída interanual.
En otro de sus párrafos, el estudio explica que el proceso de concurso de las empresas se corresponde con la solicitud judicial para lograr un plan de propuesta y readecuación que le permita acordar con sus acreedores la cancelación de los compromisos que lo llevaran a dicha situación, continuando así su actividad. Esta situación, en caso de no concretarse o cumplimentarse, derivará en una solicitud de quiebra, que es la liquidación de bienes mediante remate judicial hasta la cancelación del total de compromisos fehacientemente reconocidos por el síndico designado. La controversia se dirime en cada jurisdicción territorial, la que en la Argentina se corresponde con cada gobernación y la Ciudad de Buenos Aires.
Los autores del informe señalan, por otra parte, que cuando los procesos preventivos, concursos y quiebras aumentan significativamente es debido a que las condiciones macroeconómicas hacen inviable que se mantenga la actividad por causas que le son ajenas. Lo que en definitiva ocurre es un proceso de destrucción económica de valor. Cuando hay lugar a una crisis que amerita este tipo de medidas, se produce tanto un corte en la cadena de pagos como la destrucción de puestos laborales. También observan que el caso de la quiebra implica un ‘rompimiento del contrato social‘, perjudicando las chances de reconstrucción del entramado productivo luego de la crisis: la empresa, el empresario o la persona que entra en un proceso de quiebra, queda fuera del sistema productivo dificultando mucho que vuelva a ingresar, ya que aparece en registro de morosos y con mal historial crediticio. En definitiva, las empresas en crisis implican un proceso de destrucción de valor que trasciende a la propia organización.
Ya a mediados del año pasado se advertía que el país se encaminaba hacia una mayor recesión económica y con una inflación que iba a golpear con extrema dureza a los sectores más vulnerables de la población. El diagnóstico, como lamentablemente se puede comprobar hoy con los datos de la dura realidad, no estaba equivocado.
