El ajuste no perdona ni a las personas con discapacidad
La Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo nacional que regula y controla a las obras sociales nacionales y servicios de medicina prepaga, resolvió aplicar un fuerte ajuste a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Según la resolución 1231/19 de esta dependencia publicada en el Boletín Oficial, la medida permite incrementar las restricciones a los tratamientos, reducir las horas de terapia y acotar el número de prestadores autorizados.
Se trata, sin dudas, de un enorme retroceso en materia de derechos de las personas con discapacidad, que está en sintonía con el deterioro de la calidad de vida de una amplia mayoría de la población, que sufre las consecuencias de más de tres años consecutivos de políticas de liberalización absoluta del movimiento de capitales, una errática política monetaria y un fabuloso endeudamiento que compromete el futuro de millones de argentinos. Esta nueva regulación que conculca derechos fundamentales entrará en vigencia a partir de enero del año próximo para las personas con discapacidad que ya estén recibiendo algún tipo tratamiento, pero ya es de efectiva aplicación para las nuevas terapias. Lo llamativo, si se permite el término, es que en uno de los anexos de la polémica medida se señala que la resolución “apunta a revalorizar el derecho del niño con discapacidad al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad”. Un verdadero eufemismo que lo que busca es esconder un nuevo ajuste del gobierno nacional, esta vez destinado a reducir el tratamiento terapéutico de los beneficiarios que reciben atención. Es que la resolución establece que se pagarán, como máximo, tres días de terapia por semana en instituciones reguladas o hasta seis horas semanales de tratamiento de, como máximo, tres profesionales distintos para la atención independiente.
A poco de conocerse la medida, distintas organizaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad en todo el país coincidieron en observar que la resolución entra en colisión con la ley nacional número 24.901, que establece el Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, y esto es así porque un acto administrativo de la Superintendencia de Servicios de Salud no tiene capacidad para modificar los alcances de una ley sancionada en el Congreso de la Nación.
El titular de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, Alberto Ciampini, fue muy claro al señalar a medios nacionales que la falta de consulta y de participación en el dictado de normas de este tipo en áreas tan sensibles como la de la discapacidad genera muchas dudas acerca de los objetivos de la administración Macri, en un momento en que se multiplican los recortes de derechos y de recursos para los programas destinados a la atención de los sectores más vulnerables de la población, mientras únicamente se beneficia a sectores de la banca y los fondos especulativos, que siguen haciendo dinero pese a la dura recesión que golpea al país. Desde las organizaciones no gubernamentales se recordó también que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adhirió en el año 2008, se enmarca en un cambio de paradigma, pasando de la percepción de la persona con discapacidad como objeto de asistencia a sujeto de derecho y, además, sienta las bases para la cobertura y libertad en la elección o designación de tratamientos y profesionales para realizarlos, situación que es totalmente soslayada por la controvertida resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud.
La Fundación Inclusión Plena de la provincia de Córdoba, integrada por padres de personas con discapacidad, remarcó que los tratamientos de sus hijos son esenciales para mejorar su calidad de vida, para que puedan desarrollarse plenamente e integrarse a la sociedad, como es su derecho. “Pero hace unos años, lamentablemente, el Estado está haciendo un ajuste que nos afecta mucho”, señalaron en la petición que hicieron a través del sitio Change.org para que el gobierno nacional derogue la resolución 1231/19.
Es de esperar que este reclamo sea escuchado y que la administración Macri dé marcha atrás con la resolución, porque está más que claro que se trata de una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad.
