Un juez falla en contra de la política de asilo del gobierno de Trump

Por Sarah Mervosh

Un juez federal estableció este lunes que el gobierno de Donald Trump no puede negarles asilo a las personas migrantes que hayan cruzado la frontera a menos que ya hayan intentado obtener asilo, sin éxito, en otro país en su trayecto. Esta política implementada por el gobierno de Trump a mediados de julio, rechazada ahora por este fallo, prohibiría solicitar refugio a la mayoría de la población centroamericana que huye hacia Estados Unidos para escapar de la persecución y la violencia.

El juez Jon S. Tigar, del tribunal distrital del noveno distrito de Estados Unidos, en California, reinstaló una orden contra la implementación de esa política de asilo, después de que una corte federal de apelaciones en el mismo distrito redujera la aplicación del mandato previo de Tigar. La corte de apelaciones había limitado la aplicación del fallo de Tigar para que funcionara solamente en los estados del occidente estadounidense fronterizos con México.

El juez Tigar indicó que mantener el requerimiento para aceptar las solicitudes vigentes en todo Estados Unidos es necesario para que haya “una política migratoria uniforme” y para prevenir una “ejecución dispareja”. Con la decisión del tribunal de apelaciones del noveno distrito que redujo el fallo original de Tigar, al gobierno de Trump se le había prohibido imponer restricciones a las solicitudes de asilo en California y en Arizona, pero se estableció que sí lo podía hacer en Nuevo México y en Texas.

“Ya enviamos un correo a la gente que está ayudando en Texas para decirles: ‘Asegúrate de que ninguno de tus clientes se vea afectado por la restricción a pedir asilo’”, indicó Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el principal abogado en el caso en contra de la política de la Casa Blanca. “Porque, hasta esta mañana, a la gente aún le estaban negando el refugio de manera automática si habían pasado por otro país en el camino”.

Ahora el nuevo fallo de Tigar deja en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos la decisión final sobre la política de asilo. El tribunal ya estaba revisando si la medida se podía seguir aplicando en lo que las cortes menores deliberan las demandas de organizaciones como la ACLU; se prevé que los magistrados determinen eso en los siguientes días.

La disputa legal responde a las medidas de restricción migratoria de Trump anunciadas a mediados de año y que intentaban denegarles el asilo a las personas migrantes que no hubieran pedido protecciones en al menos un país por el que pasaron camino a Estados Unidos. Con esa política, personas de Honduras o de El Salvador tendrían que solicitar asilo —y que se les negara— en Guatemala o en México antes de poder pedir refugio en territorio estadounidense. A las personas de Guatemala primero les tendrían que haber negado el asilo en territorio mexicano.

Esa medida revirtió políticas para el refugio en Estados Unidos vigentes desde hace décadas y que habían permitido a la gente solicitar asilo sin importar cómo llegaron a ese país. Por esto la medida fue inmediatamente rebatida con acciones legales de quienes afirman que hacer esperar a los solicitantes en otro país viola la ley y pone a esas personas migrantes en riesgo mortal.

Gelernt, de la ACLU, argumentó que los migrantes no tienen acceso a sistemas de asilo que funcionen correctamente en Guatemala ni en México. Además, el abogado indicó que de tener que quedarse en esos países los migrantes serían encontrados con cierta facilidad por aquellos de quienes huyeron.

“Es demasiado peligroso hacer a la gente esperar en esos países”, dijo. “Para muchas personas habría sido como dictarles sentencia de muerte”.

El subdirector del proyecto de la ACLU agregó que la medida del gobierno de Trump es “otra en una serie de intentos del actual gobierno para poner fin efectivo al refugio de centroamericanos en la frontera sur” de Estados Unidos.

En tanto, el representante legal del gobierno estadounidense, Noel J. Francisco, aseguró en su documentación ante la Corte Suprema que la política era necesaria para lidiar con “un aumento sin precedentes de la cantidad de extranjeros que ingresan al país de manera ilegal por la frontera sur y que, si son detenidos, solicitan asilo y se quedan en el país mientras se resuelven sus casos”.

Francisco añadió que con la política de la Casa Blanca sí se permitía solicitar asilo a quienes fueran víctimas de trata de personas “grave” y a quienes solicitaron refugio en otro país y les fue rechazado. “De ese modo, la regla elimina a solicitantes que no quisieron pedir protección en la primera oportunidad que tuvieron”, escribió Francisco en su texto de defensa del gobierno.

Mark Morgan, el encargado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dijo que estaba frustrado con el fallo sobre el asilo del juez Tigar —que fue postulado al cargo por el expresidente Barack Obama— y que considera que hay un “activismo jurídico sin precedentes”.

“Cada vez que este gobierno promulga una ley o política que consideramos legal y que creemos atenderá la crisis nos terminan frenando con requerimentos”, dijo Morgan a reporteros en la Casa Blanca. “Es muy frustrante, pero seguiremos trabajando”.

Fuente: The New York Times. 

Adam Liptak y Zolan Kanno-Youngs colaboraron con el reportaje.