Jorge Canteros: "Garavano no trajo respuestas para el narcomenudeo"

El procurador General de la provincia, Jorge Canteros, respasó lo que dejó la reciente visita del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación al Chaco, para la inauguración del edificio de Tribunales II, en Sáenz Peña; y afirmó que el funcionario "compartió la habilitación del predio, pero no trajo ninguna respuesta para el potenciar la lucha contra el narcomenudeo en la provincia".

A la vez, ratificó que "se espera la asistencia nacional para aliviar la compleja situación que presentan las cárceles en el Chaco", con una saturación que se vuelve cada vez más importante.

El jefe de los fiscales calificó de "histórico" el hecho de haber podido inaugurar la nueva sede de Tribunales en el segunda circunscripción judicial de la provincia, y si bien recordó que el de Sáenz Peña es un nuevo escalón en un proceso que se puso en marcha con la inauguración de varios predios en el interior, como Castelli, Charata y en Misión Nueva Pompeya, entre otros; hoy es el "edificio más lindo, moderno y con mejor tecnología de todo el Chaco".

A esto, se suman más de 50 juzgados de paz en toda la geografía provincial que fueron posibles gracias al trabajo articulado entre los tres poderes del Estado, según la visión del procurador.

ESCASAS RESPUESTAS

Respecto de la cuestión de narcomenudeo, Canteros explicó que "a fines de 2015 le reclamamos a Garavano por los aportes de Nación, por unos 95 millones de pesos, que se necesitaban para dotar a los fiscales, jueces y defensores de narcomenudeo de las herramientas mínimas porque es imposible llevar adelante una gestión con dos fiscales, una jueza de garantías en Resistencia y un defensor oficial". "Estas son deudas que quedaron pendientes en las que volveremos a insistir a la nueva gestión del presidente que resulte electo", anticipó.

El funcionario provincial rechazó la afirmación que sostiene que la lucha contra el narcomenudeo termina siendo un ataque "contra el adicto" y argumentó que "en realidad la provincia colabora haciendo un trabajo que está fuera de las posibilidades de la Justicia Federal porque no cuenta con la infraestructura ni las herramientas necesarias para combatir el tráfico en esta pequeña escala".

Entre las deudas de la administración central, también se encuentra la asistencia prometida para mejorar las condiciones en los centros de detención. Hay una saturación en todos los niveles que espera por aportes de la Nación que tampoco ha llegado: "El aporte prometido en su momento para ese destino tampoco llegó", se quejó Canteros.

En esa línea, apuntó que "hay una fuerte oposición por parte de los sectores empresariales que no quieren invertir en centros de detención para personas que infringen la ley". "Lo cierto es que más del 50% de las personas que están privadas de su libertad se encuentra hacinada en comisarías, tanto en Resistencia como en el interior provincial", advirtió.

Cabe recordar que oportunamente el ministro de Justicia de la Nación había prometido un aporte de 500 millones de pesos, con un aporte inicial del 10% (50 millones) para la construcción de la ampliación de la Alcaidía, que tampoco se pudo concretar. "El Gobierno Nacional, evidentemente, tuvo otras prioridades", lamentó.

Hay que tener en cuenta que según consultoras vinculadas al Ministerio de Justicia de la Nación que aseguran que más del 90% de la causas judiciales se tramitan en fueros provinciales y menos del 8% en la Justicia Federal, de lo que se desprende la importancia de los aportes de la Nación para sostener estos sistemas de justicia en los distintos distritos.

FISCALES DESIGNADOS

En cuanto al funcionamiento de los nuevos Tribunales, el procurador General confirmó que  ya están designados los ayudantes fiscales rurales, un paso fundamental para el funcionamiento óptimo del servicio de Justicia en el interior. "Fue un trabajo que se puso a hombro el juez del Superior Tribunal de Justicia de Rolando Toledo, en forma conjunta con el ministro de Seguridad, Daniel Chorvat y representantes del Ministerio Público Fiscal", explicó y añadió: "Recorrimos el interior, hablamos con todas las comunidades, ofrecimos las listas de aspirantes porque son cargos de jefe de sección, con lo cual deben ser trabajadores de planta del Poder Judicial; y los representantes de las sociedades rurales los que eligieron entre los nombres disponibles".

Por estas horas, esos nombres están propuestos y la Dirección de Administración ha estimado el equipamiento mínimo que se necesita para funcionar. A la par, está la promesa por parte del Ministro de Seguridad, de hacer un aporte con vehículos desde el Poder Ejecutivo, para que sea posible cumplir con las tareas.