Colombia: asesinan a la abogada ambientalista Yamile Guerra

Human Rights Watch dijo que el Gobierno “adorna las cifras” para ocultar los crímenes, porque solo desde agosto de 2018 se había confirmado la muerte de 60 activistas. La ONU pidió a las autoridades de Colombia “un esfuerzo significativo para enfrentar hostigamientos y ataques contra representantes de la sociedad civil y enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos”.

Bogotá, 21 (AFP) – Las autoridades dijeron desconocer el móvil del asesinato de la destacada abogada, aunque podría estar vinculado con litigios de tierras en el municipio de Floridablanca. El secretario del Interior de Santander, Édgar Bohórquez, informó que la abogada presuntamente acudió a Floridablanca para reunirse con personas que iban a ser desalojadas de la hacienda en la que trabajaban. El secretario del Interior de Floridablanca, Ricardo Arciniegas, indicó que la cita se concertó “por las invasiones que se dan en este sector, la titularidad de los predios, y porque ella se oponía a la venta de las tierras”.

La versión de las autoridades es rechazada por los abogados y colegas de Yamile Guerra, quienes indican que podría haber sido asesinada por su labor como abogada ambientalista. Además, era conocida por su trabajo como defensora del ecosistema de alta montaña en el Santurbán, cerca de Bucaramanga, donde inversionistas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) planean llevar adelante un negocio de u$s 1.000 millones en un proyecto de extracción de oro. Este proyecto Minesa, autorizado en 2017 por el Ministerio de Minas y Energía, reavivó preocupaciones de los ambientalistas que indicaron que los pactos establecidos ponen en peligro esta región.

Cientos de crímenes similares

El asesinato de esta dirigente política se suma a cientos de casos similares que registrados en Colombia desde que Iván Duque asumió el poder. La muerte de Yamile Guerra motivó a instituciones y movimientos defensores de derechos humanos a anunciar la salida el próximo 26 de julio a las calles para denunciar este crimen, así como la persecución y asesinatos de los dirigentes sociales durante el gobierno de Duque.

El asesinato de Guerra se produce solo un par de días después de que el presidente Iván Duque reconociera en una entrevista que es “difícil” proteger a los “más de siete millones de ambientalistas” que hay en Colombia, y que se deben mejorar las medidas de protección de autoridades locales. El mandatario aseveró que debido a la cantidad de activistas es “difícil” brindarles protección a cada uno. En su opinión, se deberían desarrollar medidas de protección colectiva. Sin embargo, agregó que será “implacable para llevar a la Justicia a los criminales que han estado detrás de estos asesinatos”.

Según el informe del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz de Colombia (Indepaz), en el período entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019 en Colombia fueron asesinadas 837 personas, de ellas 702 eran líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, y 135 exguerrilleros de las FARC, en proceso de reincorporación tras haber entregado las armas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó “que los líderes de Juntas de Acción Comunal debido a su rol social se encuentran en una posición que los hace objeto de presión por parte de las bandas delincuenciales o de los grupos armados ilegales, por su rol especial en la fase de las políticas públicas en el territorio”.