El crimen policial de cada día

  Silvia Maldonado, la adolescente de 17 años que recibió un disparo en la cabeza por parte de la policía de Santiago del Estero durante un operativo en el que aparentemente buscaban recuperar herramientas robadas, murió en la madrugada de este martes en el Hospital Ramón Carrillo.

   El hecho sucedió en el barrio Gas del Estado de la ciudad de Santiago. La víctima, madre de una nena de 2 años y de un bebé de un mes, había sido internada con diagnóstico de muerte cerebral.

   Ocho policías fueron detenidos con diversos grados de participación en el hecho o en el encubrimiento del mismo. El principal sospechoso del crimen es cabo 1°, se llama José Abraham, y trascendidos judiciales anticiparon que habría confesado ser el autor del crimen.

   La comisión policial realizaba un operativo en el barrio para dar con presuntos ladrones de herramientas. Siete agentes llegaron hasta el domicilio de Silvia, y cuando detenían a un presunto sospechoso se produjo una refriega con familiares y vecinos que exigían que exhibieran una orden de detención y/o allanamiento antes de llevarse a nadie.

   Aparentemente en ese momento, Abraham baleó a la joven en la frente y la dejó herida de muerte. La hermana de la víctima contó al diario El Litoral que la menor había atendido a los policías cuando llegaron al domicilio y “les pidió que les muestren la orden de allanamiento”. Esto enojó a los efectivos y se desató la violencia en el lugar.

   Uno de los policías tomó del pelo a Silvia y los vecinos comenzaron a tirar ladrillos. Entonces comenzaron disparos de balas de goma y de plomo. “Cuando los vecinos tiraron los ladrillos, ellos sacaron sus armas y dispararon. Todo fue muy violento. El policía que le disparó me dijo: ‘Mirame bien a la cara, yo soy el que le metió el cuetazo a tu hermana”, contó la hermana de Silvia. “Aparentemente dispararon a matar, pero todo es aún objeto de investigación”, dijo el Fiscal General de la provincia, Luis Alberto de la Rúa.

Policías violadores

   El viernes al mediodía, en el barrio Los Cortaderos, al noroeste de la ciudad de Córdoba, familiares y vecinos de una niña de 15 años realizaron una fuerte denuncia: un policía que vive en la zona había violado a la menor. A continuación, los vecinos atacaron la casa del acusado con piedras y amenazaron con incendiarla. La Guardia de Infantería de la policía provincial acudió rápidamente, reprimió a los exaltados con balas de goma y gases lacrimógenos, y estableció una custodia en el domicilio.

   La Policía confirmó que el sospechoso es un agente de policía. “Está demorado y a disposición de la Justicia”, dijo el comisario regional Gustavo Piva. No trascendió el estado de salud de la niña, y se aguardaban los peritajes correspondientes.

“Jubilado con honores”

   Otro caso de violación perpetrada por un policía sucedió en 2010 en Carlos Paz, esta vez contra una agente de la Policía cordobesa. La excabo Melisa Banegas denunció que el 15 de septiembre de aquel año a las 23.10, tras una larga seguidilla de acosos sexuales, fue violada por el comisario inspector retirado Alejo Muñiz. La mujer recalca especialmente en su declaración que a pesar de que radicó la denuncia al día siguiente, la causa nunca prosperó.

   “Lo que más me duele es que a pesar de todos los abusos que sufrí y de la violación a la que me sometió, él salió por la puerta grande de la Policía de Córdoba y se jubiló con honores. En cambio yo, como si hubiera hecho algo malo, salí por la puerta chiquita de atrás”, contó Melisa Banegas al periódico La Nueva Mañana.

  “Hice la denuncia esa misma madrugada. Mi jefe principal me dio un móvil y fui a la Casa de la Mujer, pero antes pasé por la departamental de Carlos Paz, donde nunca se movió nada”, dijo la excabo. “Hace más de ocho años que yo estoy presa en mi vida. Muñiz me quitó todo. Me quitó la fuerza, mi personalidad, me hizo salir de la Policía, que era un lugar que yo amaba. Me quedé sin trabajo”.

   Banegas explicó que luego de tantos años sin lograr avances en la causa, decidió hacerla pública, inspirada por la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Dhartés. “Ahora nos están escuchando más a las mujeres y por eso confío en que esta vez no esté sola. Que me ayuden a que se haga justicia”.

   La mujer dio más detalles de su decisión: “Primero escuché a Calu cuando hablaba de Darthés, y ahí sentí mucha empatía. Por eso cuando después Thelma también denunció, sentí que era posible conseguir justicia. Una persona que viola a otra es peligrosa para la sociedad. Yo quiero que se sepa que esa persona es dañina y asquerosa”, concluyó Banegas.

   Banegas además señaló que en estos momentos tiene un botón antipánico porque sufrió episodios de violencia de género de parte de su expareja, también policía. Sin trabajo y con tres hijos, se ha empleado como doméstica por horas. “Vivo con 300 pesos al día. Si no trabajo, mis hijos comen fideos. Esa es mi situación. Yo siento que Muñiz me dejó destrozada la autoestima. Por eso quiero que se haga justicia y que vaya preso”, concluyó.

San Miguel del Monte

   Hace solo tres semanas, en San Miguel del Monte, tres menores y un joven de 24 años murieron tras impactar el auto en el que viajaban contra el acoplado de un camión cuando eran perseguidos por dos móviles policiales. En primera instancia, la jefatura policial y los agentes que iban en el patrullero declararon que se trató de un lamentable “accidente”. Pero a poco de andar se conoció una imagen de cámaras de seguridad del momento de la persecución, en la que se ve al Fiat de los adolescentes perseguido por la camioneta policial y una silueta asomada a la ventanilla con el brazo extendido hacia el auto.

   Los familiares denunciaron que los uniformados habían disparado contra el auto en el que viajaban los jóvenes, provocando el accidente fatal. De inmediato hubo testimonios de vecinos que escucharon disparos, y trascendieron versiones sobre intento de soborno por parte de la policía hacia el camionero que estaba estacionado en la colectora y contra el cual se estrellara el auto de los adolescentes.

Más tarde, las pericias revelaron que del cadáver de uno de los jóvenes la autopsia rescató un proyectil de plomo del calibre usado por los policías. Hay 13 agentes detenidos, cuatro que iban en los patrulleros y nueve que intervinieron en el intento de encubrimiento del hecho.

Violencia institucional

   La seguidilla de delitos trae a la memoria infinidad de crímenes cometidos por agentes policiales, dentro o fuera de su labor específica, contra civiles situados invariablemente en inferioridad de condiciones frente a quienes están designados para ejercer la fuerza pública.

   En algunos los casos se plantean indignantes situaciones de abuso de esa prerrogativa, o tristísimos casos de falta de juicio y desproporción entre el bien material que dicen querer proteger y el daño efectivamente hecho contra bienes irrecuperables como la vida humana.

   En todos, se aprecia un evidente desprecio por la integridad de los civiles a los que supuestamente las fuerzas de seguridad, por definición, deben proteger. Y muchas veces se detectan, como en el caso de San Miguel del Monte, o en el del joven mapuche Rafael Nahuel, evidentes montajes de encubrimiento, o de intento de encubrimiento, en de los crímenes cometidos con las armas y los recursos que les provee el Estado.

   Estas situaciones llevan a los ciudadanos a preguntarse, con preocupación y con miedo, si se trata de fuerzas de seguridad o de inseguridad. Y si se demostrara lo primero, queda todavía otra cuestión: ¿para la seguridad de quién?