Preocupa sobrepoblación en las cárceles federales
La Procuración Penitenciaria de la Nación hizo público un informe donde se advierte que el alojamiento de detenidos en cárceles federales sobrepasa la capacidad operativa del sistema penitenciario federal, lo que se traduce en un fuerte impacto negativo en el objetivo primordial de lograr la reinserción social de los detenidos.
Según el documento, las cárceles pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal (SPF) tienen actualmente una sobrepoblación de casi 2.000 presos. Además, el sistema registró el año pasado un récord histórico de detenidos, lo que obligó a las autoridades carcelarias a alojar a muchas personas privadas de su libertad en espacios reducidos y hasta en lugares que están destinados al esparcimiento.
No es la primera vez que las autoridades de esta Procuración alertan sobre la grave situación que atraviesa el sistema de cárceles federales. La falta de habilitación de plazas carcelarias como lo establece la ley y la improvisación de lugares inadecuados para alojar detenidos conforman un grave problema que obliga a adoptar medidas urgentes. En ese sentido, el procurador adjunto, Ariel Cejas Meliare, advirtió que existe la posibilidad de que el sistema colapse si no se toma en serio el asunto y no se actúa en consecuencia.
A su vez, el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, recordó que el organismo a su cargo presentó un proyecto de ley que propone un nuevo régimen de cupo carcelario para establecer cuántas personas puede alojar cada unidad del sistema carcelario y el perfil de detenidos para cada caso, por lo que cabe esperar que las autoridades con competencia en el tema no ignoren esta iniciativa.
El informe anual presentado por la Procuración es, por cierto, muy preocupante. Revela que en los últimos dos años la población carcelaria en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal creció en 2.390 personas, y que durante 2018 se registró un total de 13.358 personas privadas de su libertad bajo esa órbita, cuando la capacidad actual del sistema carcelario es inferior a 12.000.
En opinión del procurador Mugnolo, a esta situación se llegó por una serie de modificaciones legislativas que no guardaron coherencia y también por decisiones adoptadas por el Poder Judicial de la Nación que estuvieron muy lejos de ayudar a resolver el problema.
Por otra parte, el informe de la Procuración arroja otro dato no menos alarmante: según el organismo, la evolución de los casos de maltrato y tortura registrados en las cárceles federales desde 2009 fue aumentando en forma progresiva, alcanzando un pico en 2014 cuando se produjeron 820 hechos.
Si bien en 2018 ocurrieron 558 casos, es decir casi un 35 por ciento menos que en el año en el que se alcanzó el lamentable récord, el número todavía es muy alto, por lo que se deben redoblar los esfuerzos para evitar nuevos casos de abusos penitenciarios y, por supuesto, adoptar medidas para resolver el grave problema de la superpoblación.
No hace falta ir muy lejos para encontrar un ejemplo para seguir en materia carcelaria. Un caso más que interesante es el de la unidad de Punta de Rieles, ubicada a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Inaugurada en 2010, es considerada la más avanzada del vecino país y su funcionamiento está inspirado en experiencias realizadas en Europa que dieron muy buenos resultados.
En esta unidad no se registran casos de hacinamiento y tampoco intentos de fuga. Según las autoridades uruguayas, la tasa de reincidencia se ubica alrededor del dos por ciento, una cifra que no deja de asombrar, sobre todo si se tiene en cuenta que la media nacional del 50 por ciento.
La clave, explican los especialistas, está en que la rehabilitación se basa en el aprovechamiento del tiempo que pasan intramuros con actividades que los preparan para reinsertarse plenamente en la sociedad. Cabe aclarar que el sistema admite a detenidos que provienen de otras cárceles de Uruguay, excepto a los que cometieron delitos sexuales y los relacionados con el tráfico de drogas.
Una de las particularidades de esta cárcel modelo es que los detenidos pueden utilizar celulares, y si demuestran un apego irrestricto a las reglas incluso pueden permanecer dentro del penal con las celdas abiertas. Todos trabajan ocho horas por día y algunos se capacitan para concluir sus estudios secundarios.
Es una experiencia que parte de un paradigma distinto, que no se apoya exclusivamente en el castigo. En la Argentina, mientras tanto, se sigue sin cumplir el precepto constitucional que establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
