Anuncios nacionales de obra pública no incluyen al NEA
En medio de un complicado escenario electoral y en un intento por mostrar resultados de gestión en el marco de una economía recesiva, el gobierno nacional lanzó una línea de crédito por 100 millones de dólares, a través de una entidad pública -el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)-, para financiar obras en seis corredores viales licitados bajo el modelo de Participación Pública Privada. Pero hay un detalle: el anuncio no incluye a ninguna obra de interés para las provincias del NEA.
Las obras se realizarán en rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y La Pampa. Según fuentes oficiales, cada consorcio que participa de las obras podrá solicitar hasta 15 millones, lo que le alcanzaría para financiar unos cuatros meses el avance de obra y, a la vez, permitirá a la Casa Rosada publicitar los trabajos con la esperanza de ganar la simpatía de votantes en cuatro de los distritos electorales de mayor peso que tiene el país. El anuncio, por cierto, no incluye corredores de interés para nuestra región, como la autovía de la ruta 11 en Resistencia, que acumula una demora de varios años; tampoco los trabajos de ensanchamiento de la misma ruta hasta Formosa, tramo en el que las obras siguen paralizadas, y menos aún la ruta 7 que se pavimenta entre las localidades de Presidencia de la Plaza y Colonias Unidas, que avanza, pero a cuentagotas. Y ni hablar de continuar la autovía de la ruta 16 después de Makallé, o del largamente prometido segundo puente para unir las provincias de Chaco y Corrientes.
Es que, en rigor, el modelo de Participación Pública Privada es la única carta que le queda al gobierno nacional para mostrar obras públicas en un año clave de elecciones presidenciales, que se complica para el oficialismo por el corsé que representa la necesidad de cumplir con el déficit cero acordado con el Fondo Monetario Internacional. Además, el alto índice de riesgo país encareció el acceso a créditos externos lo que representó un duro golpe a la intención de impulsar programas de inversión coordinados entre el Estado nacional y los privados. Por eso, ahora el Banco de Inversión y Comercio Exterior que, como se dijo, es una entidad pública, anunció que prestará a las empresas constructoras 100 millones de dólares con el fin de desempolvar proyectos que quedaron congelados en medio del recorte presupuestario. Desde el sector empresario de la construcción, en tanto, ya se había advertido que la actual coyuntura del país prácticamente cerró las puertas a las posibilidades de obtener financiamiento a tasas razonables en el sistema internacional. Según informó el BICE, esta línea de crédito está destinada solo para los contratistas de las obras comprendidas por el programa de Participación Pública Privada de la Red de Autopistas y Rutas Seguras. El resto de los sectores de la construcción, en tanto, deberá esperar un cambio en la macroeconomía para poder recomponerse del deterioro que sufren por las altas tasas de interés, el impacto de la fuerte devaluación de la moneda argentina sobre los costos de producción y el cada vez más debilitado mercado interno. De acuerdo con las cifras difundidas esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la construcción cayó un 7,5 por ciento en abril en forma interanual y en el acumulado del año 10,3 por ciento, pero en marzo el panorama había sido más grave, con una retracción interanual del 12,3 por ciento.
El Chaco y la región, lamentablemente, tampoco se verán beneficiados por la línea de crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior. El segundo puente Chaco Corrientes que fue una de las obras más promocionadas desde que comenzó el gobierno de Cambiemos con el presidente Mauricio Macri en 2015, y que se iba a licitar bajo la modalidad de la participación público privada, fue dado de baja en diciembre del año pasado por la suba del riesgo país. En esa misma época, a la suspensión de la licitación del paso interprovincial, se sumó el anuncio oficial que indicaba que, por la situación macroeconómica del país, también peligraba la ejecución de obras de infraestructura clave por más de 400 millones de dólares del corredor NEA, una región que, como se puede apreciar, no figura entre las prioridades del gobierno nacional.
