Enérgica reacción forestal contra medida impulsada por el defensor del Pueblo

SÁENZ PEÑA (Agencia) - El sector agrícola y forestal advirtió al defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, sobre las graves consecuencias que traerá aparejada la medida del juez Civil y Comercial N° 21 de Resistencia, Julián Flores, quien resolvió una cautelar contra el Gobierno Provincial ordenando la suspensión de los permisos de cambio de uso de suelo (desmontes) otorgados en una determinada zona del Chaco.

‘Si tuviera argumentos técnicos, bienvenido sea, pero esto es un lectura parcial motivada por emocionalismos de moda que vienen de la onda ecologista sin sustento, que no piensa en el ser humano ni mucho menos en las familias que subsisten de la actividad‘, expresó Roberto Nardelli, productor forestal de Tres Isletas y presidente de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal del Chaco.

EL PLANTEO

La medida del juez obedece a un planteo hecho por el doctor Gustavo Corregido, dice Nardelli, indicando que ‘el funcionario presentó un amparo sin interiorizarse de los avances que se lograron con los años en los proyectos de cambio de uso de suelo, en las medidas que lleva adelante el productor, en las exigencias y el esfuerzo que hace para cumplir con una autorización del Estado, que son cada vez más exigentes‘.

SUSPENSIÓN DE PERMISOS

Así, se suspenden permisos, que se concentran en el departamento Almirante Brown, donde se encuentra el polo de desarrollo agrícola del Chaco, con predominio de suelos de capacidad agrícola, un régimen de lluvias excepcional y que últimamente registró grandes inversiones del sector agroindustrial, especialmente de empresas relacionadas con las maquinarias y tecnología aplicada a la agricultura. 

La voz de productores y de profesionales

‘No entiendo. En esta situación de emergencia, frenar una de las actividades que genera trabajo e ingresos a la provincia, es sencillamente una desidia. Justo en la época del año (invierno) en que se empieza con el mayor movimiento de este sector‘, dijo el productor agrícola e ingeniero agrónomo Lucas Vicentín, de Río Muerto.

‘Muchos de los funcionarios no conocen el interior, dictan leyes por cosas que no conocen, y hay algunos funcionarios que se olvidan de dónde vinieron‘, dijo Luis Rinaldi, productor forestal de Pampa del Infierno. Mariano Raimondo es ingeniero agrónomo de profesión.

Dijo que ‘por este amparo, mucha gente se verá afectada, no solo forestal sino agrícola‘, y señaló que es necesario ‘salir de la pecera y de la política‘.

Ana Hupaluk, productora ganadera y forestal de Los Frentones, planteó que ‘han hecho lo más fácil: generalizar, por no acudir al terreno y observar lo que pasa‘. Invitó al defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, ‘a que venga a mi pueblo y mire cómo la gente depende del sector forestal, cada fin de semana se mueve el almacenero, el kiosquero, la tienda, con lo que ganan de la actividad, ¿y ahora?, ¿quien se hace cargo de esta situación?‘, se preguntó.

‘No podemos entender que el defensor del Pueblo no defienda al pueblo, qué contrariedad por favor‘‘, dijo e insistió en que el sector sostiene entre 10.000 y 12.000 obreros que hacen unas 40.000 personas que subsisten del monte, hay 5000 hornos de carbón que toman mano de obra, pero este dato al señor defensor se le escapó‘, dijo enfáticamente.

El productor agrícola Ernesto Iván de La Tigra no dudó en calificar a la medida como ‘un empujoncito más para hacer desaparecer la cultura del trabajo, porque ahora esa gente en vez de ganarse el pan con el sudor de la frente, tendrá que apelar al intendente del pueblo o a las iglesias que hacen obras de caridad, y duele mucho porque conozco la actividad en esa zona que genera mucho trabajo‘.

Eduardo Vanderhoeven, empresario ganadero y forestal de Pampa del Infierno, coincidió con Hupaluk, considerando que la medida es ‘sin fundamentos y desde las comodidades de una capital‘, preguntando ‘quién lo asesora al señor Corregido para hacerlo ir en contra de la gente que trabaja e invierte en el Chaco, porque con esto lo hace ir en contra del pueblo‘