Sobre el derecho a la lectura
Más allá del incuestionable valor de la lectura como herramienta pedagógica fundamental para los sistemas educativos e inspirados en la complejidad de los tiempos que corren son también muchas las voces que plantean la necesidad de concebirla como un derecho de y para todas las personas.
Por Oscar Yaniselli
Desde hace algunas década existe una prolífica y creciente bibliografía al respecto que proviene de diversos especialistas y enfoques teóricos (E. Ferreiro, A. Cândido, M. Giardinelli, S. Castrillón, M. Petit, J. Fércola, E. Poniatowska, J. Mata, entre otros) que destacan la relevancia pedagógica y social de la lectura, al resaltar que las habilidades derivadas de su práctica intensiva son valoradas tanto para el desarrollo educativo y cultural de las personas como para su inclusión social e inserción laboral; y despuntan que su presencia y cultivo es esencial para el crecimiento y el progreso general de la sociedad actual.
La mayoría acuerda que la escasez o inexistencia, desde la primera infancia, de experiencias lectoras sistemáticas, significativas y gratificantes –y que en general, están vinculadas con la gratuidad y belleza de la lectura literaria-, repercute negativamente en la vida adulta de cualquier persona. Aducen que quienes padezcan esta carencia (y mientras no tengan posibilidades concretas de subsanarlo) seguramente verán resentido su futuro desempeño educativo y psicosocial, al arrastrar consigo una serie de déficit evidentes (pobreza léxica, incapacidad de producir textos con ciertos niveles de complejidad, estrechez discursiva, dificultad de expresión oral y escrita, entre otros) que les dificultará durante el resto de su vida responder adecuadamente a las demandas, cada vez más exigentes, de la sociedad contemporánea, determinada transversalmente por lo que hoy se denomina “cultura letrada” o “cultura escrita”.
Como nunca antes en la historia de la humanidad, leer y escribir son hoy por hoy consideradas necesidades básicas de afianzamiento, desarrollo y subsistencia humana. Y al instaurarse ambas prácticas en una necesidad vital (aunque gran parte de la población aún no la conciban como tal) se constituye, para muchos, en un derecho. De ello deriva la urgencia de contar en nuestros sistemas educativos con políticas públicas efectivas de fomento y diseminación del libro y la lectura, que posibiliten que ese derecho no solo no se lesione, sino que además sea reconocido y ejercido libre, activa y particularmente por aquellos niños y jóvenes que provienen de los sectores sociales más postergados de la sociedad.
En general, los teóricos señalan que aunque son muchas y diversas las motivaciones que pueden conducir a que los niños y/o jóvenes no alcancen las aptitudes y actitudes esenciales para practicar apropiadamente la lectura, la más frecuente se relaciona con la falta de oportunidades que experimentan muchos de ellos para acceder sostenidamente a esta compleja e ineludible forma de interacción y comunicación humana (porque provienen de entornos sociales no lectores, por ausencia de vivencias afectivas de mediación escolar, porque no dispusieron en el entorno familiar de adultos que los motiven a leer y a valorar positivamente los libros, entre otras razones). Y es también por esa causa que muchos infantes y adolescentes viven reiteradamente experiencias de fracaso educativo y social, al quedar privados o rezagados de los recursos simbólicos que se requieren para resolver o responder adecuadamente a sus exigencias vitales y de aprendizajes (es decir, disponer de la cantidad y calidad de palabras para pensar, combinar y expresarse con claridad y solvencia); lo que le permitiría, además, ejercer a plenitud sus deberes y derechos como ciudadanos.
Ahora bien… ¿De enmarcar la lectura como un derecho, cuáles son sus implicaciones? ¿Y en ese marco, cabría la posibilidad de pensarla desde una perspectiva de derecho humano? Personalmente y en concordancia con la postura de varios autores al respecto (L. Shaver, F. Garrido, entre otros) considero que el derecho a leer no necesita ser definido como un derecho humano diferenciado. Más bien, se lo debería considerar y ubicar en la intersección de garantías fundamentales ya establecidas como el derecho a la educación, a la ciencia, a la cultura, a la información y a la libertad de expresión, entre otros, quienes con seguridad proporcionan el apoyo normativo necesario para reconocer, contener y declamar el derecho universal, inalienable e imprescriptible a la lectura para todos los seres humanos.
