Parcialidad de criterio en la Oficina Anticorrupción
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, reconoció en una entrevista televisiva que ese organismo, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, solo querella a exfuncionarios públicos de gobiernos anteriores y no acusa a los actuales que forman parte de la administración Macri.
“En este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridora de las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción de este gobierno, que la lleven adelante los fiscales y los jueces naturales”, dijo, sin ruborizarse, la funcionaria y su particular modo de entender el trabajo que está obligado a llevar adelante la oficina a su cargo generó fuertes críticas hacia la exdiputada del PRO.
El medio digital que se dedica a la verificación del discurso público, Chequeado.com, presentó en enero pasado un pedido de acceso a la información ante la Oficina Anticorrupción para conocer cómo desempeña su labor el organismo a cargo de Alonso. En forma llamativa, la respuesta que brindó la oficina que debe velar por la transparencia solo se limitó a indicar que el detalle de las causas en las que el organismo es querellante fue incluido en sus informes anuales. Según Chequeado.com y de acuerdo con el Informe de Gestión 2018, la Oficina Anticorrupción es querellante actualmente en 41 procesos judiciales, pero el documento sólo destaca algunos ejemplos: las causas conocidas como “Los Sauces”, “Cuadernos de la corrupción” e “YPF”. Chequeado explica, además, que otra fuente judicial coincide con esa cifra y que allí sí se puede ver el detalle completo de causas en las que la OA participa como parte. Según datos del Observatorio de la Corrupción del Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la OA es querellante en 41 expedientes en trámite; pero en ese listado no hay ningún expediente en el que está involucrado un funcionario del actual gobierno. La mayor parte de esos expedientes son causas de corrupción vinculadas a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en las que la OA, en la mayoría de los casos, se constituyó como querellante luego de diciembre de 2015. Hay, en menor medida, algunos expedientes que involucran a funcionarios del gobierno de Carlos Menem, como la causa “Thales Spectrum” o el caso “Siemens”.
No es la primera vez que Alonso genera polémicas. Su ingreso al organismo, en diciembre de 2015, también fue motivo de críticas. Es que para que pudiera acceder al cargo, el Ejecutivo nacional modificó vía decreto el reglamento para quitar el artículo que limitaba la conducción de la oficina a quienes tuvieran título de abogacía, condición que la exdiputada del PRO no podía satisfacer. El ex director del Área de Investigación de la Oficina Anticorrupción entre 1999 y 2003, Manuel Garrido, explicó al sitio Chequeado.com que cuando una gestión asume es normal que durante el primer año cuente con casos del gobierno anterior por la falta de denuncias, pero a medida que pasa el tiempo -en base a criterios objetivos- la Oficina debe mostrar su imparcialidad investigando casos que correspondan a funcionarios de turno. Por eso, la argumentación de Alonso en la que indica que el organismo a su cargo no interviene en causas judiciales contra funcionarios de Cambiemos es, claramente, insostenible. Vale recordar que la Oficina Anticorrupción es un organismo que fue creado en 1999, tras la sanción de la Ley de Ética en la Función Pública y tiene como principal objetivo la prevención e investigación de la corrupción. De acuerdo con lo que establece el decreto 102 del año 1999, la Oficina Anticorrupción está facultada a constituirse como querellante en causas judiciales en las que se encuentre afectado el patrimonio del Estado. Esto quiere decir que en causas en las que se investigan hechos de corrupción, la OA puede ser parte y, por lo tanto, tener acceso a los expedientes; solicitar al juez medidas de prueba, indagatorias, detenciones; y aportar documentación.
La insólita explicación que ofrece Alonso sobre el criterio que aplica para investigar los delitos que afectan el patrimonio de todos los argentinos no deja lugar a dudas. Es evidente su falta de parcialidad. Su labor, en todo caso, se acerca más a la militancia partidaria que al control institucional que necesita la Argentina para luchar contra la corrupción.
