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La delicada situación de Miraflores exige una solución con el aporte de todos los sectores

Walter Ferreyra, presidente de Colonización. El funcionario destacó el trabajo realizado y mencionó que antes de fin de mes podría estar terminada la propuesta de la Mesa Inter-Estado.

El presidente del Instituto de Colonización, Walter Ferreyra, dijo que “ayer nos reunimos en el Salón Verde del séptimo piso de Casa de Gobierno. En la Mesa Inter-Estado estuvo casi la totalidad de los integrantes, que son varios ministerios y dependencias del Ejecutivo. Los dos ministerios públicos, el Fiscal y el de la Defensa, y por la Legislatura no pudo estar presente por razones atendibles la diputada Andrea Charole. Además participó el municipio de Miraflores”.

“Ya estamos llegando a un punto de definiciones. Nosotros, hace diez días, llevamos una propuesta que había hecho la mesa interdisciplinaria tanto para las comunidades originarias como para los criollos”, explicó.

“La dejamos a consideración de ellos y mañana tenemos que ir a buscar los documentos donde podían hacer observaciones o pedir que se modifiquen ciertas cuestiones”, adelantó el funcionario. “La semana que viene nos reuniremos. Entiendo que será el martes a la tarde o miércoles a la mañana. Nosotros ya tendríamos una propuesta definitiva para las comunidades. Entre el 26 y 29 nos gustaría tenerla ya elaborada. Previamente nos pidieron recibir a una comisión. Seguramente los dos documentos que vamos a recibir esta semana serán contrapuestos y nosotros tendremos que encontrar algún camino para mediar. Si el mecanismo que es inédito funciona, sería una herramienta para litigar conflictos como éste”, indicó.

“Una vez que tengamos esos documentos la mesa vuelva a reunirse para tener una pronta respuesta para la comunidad porque la situación de Miraflores es muy complicada”, manifestó. “No va a tener una resolución que deje conforme a todas las partes porque es un problema que tiene ya casi un siglo de vigencia y donde se han ido consolidando situaciones que son muy difíciles de revertir”, expresó. “Me parece que todo tiene que estar signado por la buena fe y por tratar de superar el problema, porque de lo contrario no vamos a salir”, expuso.

EL RECLAMO INDÍGENA

En tanto, el funcionario mencionó que “la comunidad indígena reclama la propiedad de 10.000 hectáreas que le habría dado el Estado nacional cuando el Chaco no era provincia. La situación no está documentada pero sí a lo largo del tiempo se ha ido consolidando el reclamo. Se ha mantenido vigente porque a lo largo del tiempo hay una serie de actuaciones que demuestran que ese reclamo se venía haciendo”.

La reivindicación de qom y wichís abarca 10.000 hectáreas y ya ocupan campos de criollos que no saben qué hacer con la hacienda. “Por un lado ellos reclaman 10.000 hectáreas y hay hectáreas están ubicadas dentro de las 300 manzanas que pertenecen al ejido urbano de Miraflores. Esta superficie equivale a las 3 cuartas partes del ejido urbano. Y sobre 100 manzanas ellos tienen un fallo de la justicia donde dice que esas 100 manzanas pertenecen a las comunidades originarias”, graficó.

PUNTOS CLAVES

Por otra parte, Ferreyra explicó que “por lo tanto es una de las situaciones más complejas que tenemos que enfrentar porque hay cerca de 632 familias, según surgió del último censo que hicimos”.

“Están dentro de esa reserva y son familias criollas. Todos sabemos que por las constituciones y los tratados internacionales las tierras indígenas no se pueden subdividir. Por lo tanto, no puede esta zona ser sujeta a mensura, apertura de calles ni otras medidas. Estas familias viven hace casi una década”, ilustró.

“La gente reconoce que el Estado no miró para el costado. El Estado se presentó, se hizo cargo a través de esta mesa. El gobernador Domingo Peppo emitió un decreto y le dio a esta mesa la posibilidad de poder hacer todo un estudio previo”, relató.

CAMBIAR LA NORMA

“Todavía hay un remanente de tierra que está en una situación disponible. Tierra fiscal disponible no hay; sí hay, de acuerdo con lo que nosotros vimos dentro de esas 10.000 hectáreas solicitadas, 1.100 hectáreas en distintos grados de regularización y nosotros las podemos recuperar y otorgar como compensación de las que se perderían dentro del área urbana”, enunció. “Esto es parte de la propuesta y el Instituto de Colonización, a través de la modificación de una ley, se haría cargo de la compra de estos inmuebles. Por primera vez el organismo dejará de vender tierras y pasará a comprar”, desplegó.

ASESORES DE LAS COMUNIDADES

“Tenemos cuatro dirigentes originarios que hacen uso de la palabra en estas reuniones y tienen también asesores externos. Organizaciones como Incupo y Endepa dan asesoramiento jurídico”, dijo.

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