La lucha contra la corrupción: alternativa radical
Un intendente de la provincia de Salta, que gobierna desde 2003, dijo que para robar había que ser inteligente y que él lo era. Su patrimonio aumentó sideralmente. La audiencia lo aplaudió. Insólito. Enriquecerse ilícitamente no parece tener consecuencias penales. ¿Cómo terminar con la cultura de la corrupción y la impunidad?
La corrupción es un cáncer que amenaza la propia existencia de la democracia. Involucra a funcionarios públicos, así como a individuos o corporaciones privadas. Su enriquecimiento indebido resulta del soborno, lavado de dinero, fraude, malversación de fondos públicos, etc. Todo disfrazado de una legalidad que garantiza la impunidad.
La corrupción erosiona valores y prácticas republicanas e infecta instituciones, incluyendo probidad, transparencia, sistema de pesos y contrapesos, administración de Justicia y sistema electoral; quita recursos al Estado para servicios, infraestructura y reducción de la pobreza, y ahuyenta posibles inversores. En algunos países amenaza libertad de prensa e independencia judicial, y viola los derechos humanos de los que la investigan, como periodistas, políticos de oposición y jueces.
En la Argentina, los medios de comunicación y las redes sociales revelan diariamente su omnipresencia. Investigaciones periodísticas y numerosas causas judiciales han desvelado múltiples redes y prácticas ilícitas en sectores políticos/electorales, judiciales, empresariales, financieros y comerciales, deportivos, sindicales, militares, servicios de inteligencia y seguridad, y hasta entidades religiosas. Y por supuesto, involucra al crimen organizado y al terrorismo internacional. Para peor, la impunidad alcanza 90% de los casos que llegan a la Justicia. Imperdible para conocer el tema en mayor profundidad es el reciente libro “La Raíz (de todos los males)”, de Hugo Alconada Mon.
La corrupción es un problema complejo de cultura cívico/política. No tiene soluciones mágicas de un día para otro. Su erradicación requiere largo proceso de enseñanza y aprendizaje de valores y prácticas como responsabilidad, ética, probidad, transparencia, rendición de cuentas, socializados a través del hogar y la familia, la educación, la iglesia, los clubes sociales y deportivos y los partidos políticos, y otros.
A mediano y corto plazo, más allá de la aplicación de la ley existente, nombramiento del jueces y fiscales probos, aprobación de nuevas leyes o derogación de otras como el fuero legislativo, vale considerar formas alternativas de lucha contra la corrupción: más radicales, más audaces, con el apoyo de organismos internacionales, como han hecho Guatemala y Honduras.
En Guatemala en 2006 se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad y Corrupción (Cicig) tras acuerdo entre la ONU y el Gobierno, ratificado por la Corte de Constitucionalidad y el Congreso Nacional. Su propósito es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional y la Justicia en la investigación de cuerpos ilegales de seguridad y sus delitos, y en la persecución penal de sus integrantes.
La Comisión asesora técnicamente a organismos encargados de la investigación, actúa como querellante y garantiza confidencialidad y protección a testigos y peritos que colaboran. Según su Informe 2017-2108, se judicializaron 16 casos de Corrupción en la Justicia y el Congreso y en Financiamiento Ilícito de Campañas. Su más llamativo logro fue la desarticulación del grupo criminal “La Línea”, que incluía al expresidente Otto Pérez y su vice, Roxana Baldetti, quienes debieron renunciar y están encarcelados.
En enero de 2016 la OEA y el gobierno de Honduras constituyeron la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih-OEA). Sus objetivos: apoyar al Estado hondureño en sus compromisos con la Convención Interamericana de los Derechos y la Convención de la ONU contra la Corrupción; fortalecer y colaborar con instituciones encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción, como la Unidad Fiscal contra la Corrupción y la Impunidad; contribuir a mejorar la coordinación entre instituciones que trabajan en la materia; y proponer al gobierno reformas judiciales para fortalecer el combate a la corrupción, incluyendo mecanismos de rendición de cuentas de los órganos judiciales.
Sus informes señalan logros en áreas como el fraude administrativo, el abuso de autoridad y la violación de deberes del funcionario, ejemplificados en casos emblemáticos como “Licitación fraudulenta del Seguro Social”, “Red de Diputados”, “Caja Chica de la Dama”, “Pacto de Impunidad”. El gobierno de Ecuador anunció su intención de crear una Comisión similar, cuya función sería asesorar a organismos pertinentes para la detección, investigación y judicialización de casos de corrupción.
En este mundo cada vez más interdependiente y globalizado, la corrupción es un fenómeno complejo e inter-méstico (parte internacional, parte doméstico), con orígenes y destinos geográficos variados. No es solo un mal nacional que socava las instituciones democráticas, estados de derecho y derechos humanos, sino que también es transnacional y amenaza todas las democracias del continente (Convención Interamericana contra la Corrupción, 1996). Por ello, para luchar eficazmente contra la corrupción y la impunidad se requiere un método no convencional, radical, audaz, que involucre la cooperación de la comunidad internacional.
La Argentina es Estado-parte de las Convenciones mencionadas y las iniciativas anticorrupción de Guatemala, Honduras y Ecuador podrían servir de ejemplo para crear en el país una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad, a menos que la dirigencia política argentina no tenga el coraje político para ello y prefiera levantar la bandera de la soberanía absoluta, hoy anacrónica, para dejar las cosas como están. * Rubén Perina, profesor de la George Washington University, exfuncionario de OEA.
