Pistolas Táser: “Es una distracción para no discutir el problema de fondo de la seguridad”

Para algunos sectores, la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil con el discurso fundado en la mano dura y fuerte acción represiva representa un envión para la ratificación de políticas en este rumbo y se sabe que para la administración central el ‘combate a la inseguridad‘ será un eje de campaña para los comicios de este año.

Hace poco tiempo se buscó avanzar con la legalización de lo que se conoció coloquialmente como ‘doctrina Chocobar‘ en referencia al policía procesado por exceso de legítima defensa al matar de un disparo por la espalda a un sujeto que había cometido un robo, accionar que tuvo la defensa del presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ahora, la funcionaria encara otro capítulo polémico y señaló que está decidida aavanzar en la compra de 300 pistolas Táser para el uso en aeropuertos y vagones, las que son consideradas como elementos de tortura por parte de la ONU e incluso hay antecedentes de que las descargas pueden originar la muerte.

Desde el Comité de Prevención contra la Tortura de Chaco, su presidenta, Ariela Álvarez, sostuvo que se trata de una ‘medida de distracción para no discutir la cuestión de fondo de la seguridad‘.

Álvarez reconoció que la seguridad es un derecho humano que debe garantizarse como otras cuestiones que permitan tener un estándar de vida digno, pero lamentó que su enfoque sea siempre desde un costado represivo y no la de generar un contexto que implique prevenir delitos.

Como ejemplo de contradicciones si el abordaje es en este sentido, indicó que por la sobrepoblación en comisarías, lo que además trae aparejado la falta de cumplimiento de leyes que determinan el lugar de alojamiento, la mitad de los efectivos están destinados al cuidado de los detenidos y por ende no pueden cumplir con la tarea de asignar seguridad ciudadana.

Es decir que quienes deben efectuar tareas fuera de los establecimientos de detención para garantizar protección general no pueden hacerlo porque se les determina otra tarea.

Lo mismo señala que ocurre con los casos de consumo problemático, la puesta en funcionamiento de los fueros de narcomenudeo, lejos de ser un política de combate a la comercialización de estupefacientes, solo representó aumentar la criminalización de quien padecía una enfermedad que además no contaba con espacios públicos para encarar la recuperación.

NO ESTÁ EN AGENDA

A su turno, el ministro de Seguridad, Carlos Barsesa, señaló que las prioridades del Ejecutivo provincial pasan por mejorar el equipamiento y la preparación de los uniformados y que no se analiza una acción similar a la que emprende el gobierno nacional.

Destacó que en los próximos meses se incorporarán a las fuerzas de seguridad un número importante de agentes para los que habrá cupos para integrantes de comunidades originarias y descendientes de excombatientes de Malvinas mientras que en la formación se agregarán cuestiones vinculadas a la perspectiva de género como también un abordaje de cómo actuar ante la posibilidad de un abuso infantil.