La necesaria perspectiva de género en la Justicia
Si bien las luchas y reclamos por la igualdad de género tienen un largo recorrido de varios años en la Argentina, en las últimas semanas el tema volvió a instalarse en la agenda pública a partir de la denuncia pública contra el actor Juan Darthés que hizo la actriz Thelma Fardin. En esa oportunidad, el colectivo de actrices que acompañó y respaldó a la víctima advirtió sobre la ausencia de una perspectiva de género en el sistema judicial.
Por su parte, la abogada y activista por los derechos de las mujeres, Sabrina Cartabia, tras asumir la defensa de Fardin, remarcó que a la Justicia argentina “le falta una verdadera perspectiva de género”, y algunos números sobre la ocupación de cargos en la Justicia federal le dan la razón.
Un estudio realizado por el equipo LN Data basado en 1200 registros que están disponibles en el portal de datos abiertos del Ministerio de Justicia de la Nación reveló que las mujeres ocupan solo un tercio de los cargos judiciales federales en todo el país y que hay fueros como el penal en los que la representación femenina no supera el 20 por ciento.
El 67 por ciento de los magistrados nombrados en las últimas dos décadas en la Justicia Federal son hombres
Según esta misma fuente, el 67 por ciento de los magistrados nombrados en las últimas dos décadas en la Justicia Federal son hombres. La titular de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), Susana Medina, coincide en destacar que a pesar de los reclamos por la paridad entre mujeres y hombres la situación no cambió en la Justicia federal.
La jueza en la Cámara Nacional del Trabajo, Gabriela Vázquez, presentó este año un proyecto para modificar el reglamento de concursos y generar condiciones de igualdad en el Poder Judicial de la Nación, por entender que en esta institución clave para la democracia y la república hay menos mujeres en aquellos lugares donde hay más poder.
De todos modos, debe señalarse que la creación de la Oficina de la Mujer en el Poder Judicial de la Nación, en el año 2009 gracias al impulso de la entonces ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, fue clave para la incorporación de la perspectiva de género en los estrados judiciales. Pero está claro que todavía falta mucho camino por recorrer.
Según datos de un reciente relevamiento realizado por la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) entre más de 1000 personas que se postularon para ocupar cargos en la Justicia Federal todavía se mantiene una mayoría de hombres en los nombramientos: en los últimos cinco años el 67 por ciento de los integrantes de las ternas elegidas fueron hombres.
A nivel local, en nuestra provincia, merece mencionarse la puesta en marcha del Centro Judicial de Género que ya tiene dos años de funcionamiento. Se trata de un centro de coordinación y desarrollo de actividades desde donde se impulsan acciones en la temática de género, violencia y acceso a justicia. Todo parece indicar que, de a poco, se van generando los cambios que la sociedad necesita. Pero, como se dijo, todavía falta mucho por hacer.
En un documento titulado “Plan para incorporar la perspectiva de género en la Justicia argentina”, publicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se advierte que el derecho ha contribuido a reforzar el conjunto de características estereotipadas que la sociedad asigna a mujeres y varones, y si bien los cambios sociales han puesto en duda aquellos postulados que parecían inquebrantables, la incorporación de esos cambios en el ámbito de aplicación de las normas tiene sus propios tiempos.
“De ahí que a pesar del reconocimiento legal de los derechos de las mujeres, todavía se observan decisiones judiciales que parecieran no advertir la existencia de los estereotipos arraigados de comportamiento y las prácticas basadas en conceptos de inferioridad o subordinación de la mujer, y por lo tanto replican en su contenido la discriminación”.
Es de esperar que en el año nuevo que se inicia se profundice la labor de sensibilización y de concientización sobre esta problemática en todo el país y, a la vez, se avance con lo establecido en la llamada Ley Micaela, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, que ordena capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
