“Quiero creer que tanto al juez de la causa como al fiscal les están vendiendo pescado podrido”

“Metimos tres presentaciones. Una en la causa que se tramita ante el juzgado de Torres, a disposición de quien se encuentra Molina. Esa misma la dirigimos al fiscal Stornelli. Y también hay una denuncia que quedó en manos del juez Ariel Lijo”, determinó.

“Explicamos que lamentablemente se advierte que no funcionó el sistema de reservar la identidad del llamado “Denunciante 1”, como lo denomina al arrepentido el equipo fiscal que integran Flavio Ferrini y Carlos Schaefer. Ellos son los que produjeron las pruebas con las que se formuló el requerimiento de indagatoria y pedido de detención de Molina y del juez Carlos Soto Dávila”, mencionó.

“Se advierte que no funcionó este sistema de reserva de la identidad de los denunciantes que se acogieron al artículo 41 ter del Código Penal. Lamentablemente por trascendidos es conocida la identidad del arrepentido. Lo mismo ocurrió con el abogado Jorge Vallejos que se habría acogido a la figura del arrepentido”, detalló.

“Fue muy torpe la forma en que se trabajó. Esto pone en serio peligro la investigación y además es un obstáculo también para la defensa de los propios imputados. Y pone en riesgo al imputado, su familia y a esta defensa”, mencionó.

“En la denuncia que se presentó ante Lijo ponemos en conocimiento una serie de irregularidades y actos que podrían resultar ser delitos de acción pública por parte de Schaefer y Ferrini”, aclaró.

“Advertimos que hay una armado arquitectónico dirigido claramente a imputar a los funcionarios del Poder Judicial Federal de Corrientes. Concretamente al juez y sus secretarios”, comentó.

“En esta causa que es un desprendimiento de la principal le imputan que pedían plata para beneficiar a imputados. Y lo sostienen analizando diversos expedientes y con las declaraciones de los supuestos arrepentidos”, aseveró.

“Estas resoluciones, que ellos dicen que fueron realizadas a cambio de dinero, fueron en su totalidad consentidas por los fiscales. Que quiero decir con esto que fueron notificadas en su público despacho y uno de los fiscales dijo me notifico. No dijo apelo o estoy en desacuerdo”, indicó.

“Una resolución fue apelado por otra fiscal y fue a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes donde los jueces Selva Spessot y Ramón González, confirmaron la resolución del juzgado”, aseguró.

“Están usando siete casos testigos entre el universo de expedientes que tiene un juzgado tan viejo como es el juzgado de Corrientes. Es uno de los más antiguos del país. Esos expedientes observados fueron consentidos por los denunciantes y eso lo soslaya el fiscal Diego Iglesias. No entendemos como es el desarrollo intelectual que hacen los acusadores: si lo hacen el juez y los secretarios está mal pero si lo hace el fiscal está bien”, indicó.

“El espíritu del legislador con el instituto del arrepentido era que aporten datos nuevo, relevantes permitan avanzar en una investigación. Pero en este caso se trataría de una persona que tendría una responsabilidad mayúscula en la causa principal. Y los datos que aporta es dar cuenta de lo que hacían todos sus subordinados de acuerdo con las directivas que daba. La responsabilidad que tiene si aporta datos falsos o inexistentes es lo mismo que nada. No tiene nada que perder”, mencionó.

“No existe mérito en lo más mínimo para procesar a Molina. Se lo detuvo con pruebas que no tienen el más mínimo sustento. Se construyó la imputación con pruebas que no tienen sustento porque están direccionadas hacia los funcionarios del juzgado”, determinó.

“Molina no tiene bienes, no le van a encontrar cuentas en el extranjero o plata escondida. Se analizaron más de 5.000 abonados telefónicos y no hay conversaciones que lo comprometan”, afirmó.

“Denunciamos un hecho que atenta contra el núcleo de lo que es el sistema procesal. En la sede de la fiscalía federal de Corrientes se grabó en forma subrepticia a un abogado defensor hablando a cuestiones vinculadas a imputados en causas en las que intervenían los propios fiscales y que esas conversaciones involucraban a los propios fiscales. Esa grabación pretende ser utilizada como prueba de cargo en el expediente. Por un hecho similar al juez Baltazar Garzón le costó el puesto”, graficó.

“El juez Torres no se expidió tampoco emitió opinión Stornelli. Quiero creer que tanto al juez de la causa como al fiscal Carlos Stornelli les están vendiendo pescado podrido”, finalizó.