Los niños no pueden seguir esperando
Desde hace 13 años que está vacante el cargo del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación y pese a que la ley que creó ese instituto establecía un plazo de 90 días para su nombramiento, el Congreso de la Nación sigue demorando el proceso de selección y designación de la persona que deberá velar por la protección de la infancia.
Esta injustificada demora es más grave aún si se tiene en cuenta que hoy la Argentina tiene a casi la mitad de sus niños y adolescentes viviendo en situación de pobreza, tal como lo advierte un reciente informe elaborado por Unicef, que reveló que 6,5 millones de chicos argentinos sufren problemas derivados de la falta de educación, por no tener una vivienda digna, por falta de agua potable, de acceso a la salud, a la protección social y al saneamiento. Según el estudio del organismo internacional, el 48 por ciento de los niños argentinos no tiene, al menos, un derecho básico insatisfecho, mientras que el 42 por ciento vive en hogares con ingresos insuficientes.
Como bien señala el abogado Rodrigo Robles Tristán, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia e integrante del colectivo Infancia en Deuda, los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Nacional establecen que la niñez debe gozar de una protección especial por parte del Estado y de la comunidad. En ese sentido, observa Robles, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, les reconoce un conjunto de derechos tales como la vida, la integridad personal, la vida privada, la identidad, la salud, y la educación. Además, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos, la ley organizó un sistema de instituciones públicas y autoridades encargadas de diseñar o aplicar las políticas públicas destinadas a la infancia. En este contexto, la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes tiene un rol fundamental: es un órgano que, además de ejercer la defensa judicial y extrajudicial de los derechos individuales y colectivos de la niñez, debe controlar y supervisar al resto de las instituciones que forman parte del sistema de protección, analizando la efectividad de las políticas que desarrollan. La Defensoría, además, debe publicar informes anuales sobre los resultados de sus intervenciones ante el Congreso Nacional, e informes especiales sobre alguna situación específica que lo amerite por su gravedad.
Robles Tristán observa, por otra parte, que la puesta en funcionamiento de esta Defensoría permitiría efectuar un diagnóstico permanente de la situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina, y a la vez evaluar la efectividad de las políticas públicas adoptadas para garantizar sus derechos. Se trata, según Robles, de un de órgano de control de la democracia que reforzaría la institucionalidad argentina verificando particularmente que exista una genuina protección especial de la infancia y, en especial, que los recursos públicos no se distraigan de ese objetivo primordial.
No caben dudas de la relevancia que debe tener este instituto. Sin embargo, tanto en el Congreso de la Nación como en el Poder Ejecutivo nacional todavía no han tomado nota de la urgente necesidad de otorgar efectiva prioridad a los derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, a fin de que pueda concluir el proceso de selección y designación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes; cargo que, como se dijo, está vacante desde hace 13 años y que actualmente en concurso público de antecedentes y oposición. Vale recordar que el cargo fue creado en septiembre de 2005. No está de más reiterar que es responsabilidad del Congreso de la Nación su selección y designación. El año pasado se conformó una Comisión Bicameral que implementó un concurso público con cuatro etapas que culminó, en 2018, con catorce postulantes finalistas. Queda pendiente la ponderación, por parte de la Bicameral, de los candidatos que llegaron a la instancia final. El siguiente y último paso será la aprobación del elegido, por mayoría simple, en el pleno de las cámaras de Diputados y Senadores. Pero ante el inminente receso legislativo, distintas organizaciones de la sociedad civil exhortaron al Poder Ejecutivo a habilitar el tratamiento de la designación del Defensor del Niño en sesiones extraordinarias para que el Congreso pueda saldar, por fin, esta deuda histórica y vergonzosa con la infancia.
