¿Intervención militar en Venezuela?
No tan rápido. Pero...Nadie duda ya que Venezuela es una dictadura militar, presidida por Nicolás Maduro.
Los devastadores informes del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) han confirmado extensamente el desmantelamiento del orden democrático, la violación de los derechos humanos, la represión, persecución, encarcelamiento y asesinato de miembros de la oposición y de la prensa libre.
También han expuesto la calamitosa crisis humanitaria que azota el país, por falta de medicinas, alimentos y servicios elementales, que ha producido un desgarrador éxodo de más de 2 millones de venezolanos -resultante ello del colapso económico y financiero del estado venezolano.
Tampoco es un secreto que el fallido estado está copado por el narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero, y que al régimen lo sostiene la inteligencia cubana, el apoyo militar y financiero geo-estratégico de China y Rusia, y, por supuesto, la cúpula militar insertada por todo el régimen.
En el frente diplomático, gracias al liderazgo del grupo de Lima (los 14 países más importantes de América Latina) y del Secretario General de la OEA, se ha observado una importante demostración de no-indiferencia con la trágica situación en Venezuela y de solidaridad con su pueblo.
En junio pasado, la Asamblea General de la OEA adoptó una Resolución que le recuerda a Maduro que ha alterado el orden democrático y que su elección de 2017 carece de legitimidad; y que, con inusual impaciencia diplomática, exhorta a los Estados miembros a “implementarà las medidas que estimen conveniente a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.”
EEUU, Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europea ya han impuesto sanciones contra personeros del régimen madurista; y Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú han pedido a la Corte Penal Internacional que investigue si se han cometido crímenes de lesa humanidad. Pero la presión NO ha sido suficiente para restaurar la democracia y la observancia de los derechos humanos.
El régimen hasta ha rechazado la ayuda humanitaria de la OEA y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es obvio entonces que se necesita algo más para desalojar al dictador Maduro.
Una opción es aumentar las sanciones unilaterales y multilaterales, incluyendo suspensión de los organismos internacionales, congelamiento de cuentas y bienes, cese de relaciones diplomáticas y/o comerciales, como las importaciones norteamericanas de petróleo venezolano o de sus exportaciones de sus derivados y gasolina a Venezuela.
Pero una intervención militar, como lo sugirió el Presidente Trump, es un camino demasiado arriesgado e inseguro.
Las consecuencias domésticas e internacionales de una invasión militar a territorio venezolano son imprevisibles. Aunque su propósito fuese detener una calamidad humanitaria, nadie sabe cómo ni cuándo terminaría, ni cuál sería su costo en sangre y dinero.
La probabilidad de un consenso en la OEA o en la ONU para autorizar una fuerza multilateral es casi nula; y pocos o nadie apoyaría una invasión unilateral de Estados Unidos. Ver Declaración del Grupo de Lima del 15- 9-2018. Sin embargo, la historia del hemisferio exhibe ejemplos de opciones “militares” anti- dictatoriales que no implicaron invasión militar directa.
Por ejemplo, en el contexto de la Guerra Fría, en los 50 y 60, gobiernos democráticos apoyaron fuerzas irregulares (la Legión del Caribe) que pretendían derrocar las dictaduras de Somoza, Trujillo, Batista o Duvalier dictaduras que se percibían como responsables del descontento, la conflictividad político/social de la región y la penetración castro/comunista.
En ese mismo contexto, EEUU apoyó rebeldes anti-comunistas para derrocar gobiernos democráticos de izquierda (Guatemala 1954 y Chile 1973), o para derrocar a Castro, inclusive con un bloqueo naval; y en la década de los 80 respaldó a los “Contras” nicaragüenses, que forzó a la dictadura Sandinista a convocar elecciones.
Pero también invadió militarmente la República Dominicana en 1965 y Grenada en 1983 para prevenir el control castro/ comunista, y Panamá en 1989 para sacar al dictador y narcotraficante Manuel Noriega y restaurar la democracia.
Tras estas intervenciones militares, condenadas en la OEA, la democracia sin embargo ha perdurado en esos países.
Tampoco es de olvidar que la alianza soviética/castrista apoyaba guerrillas rurales y urbanas para derrocar gobiernos militares o democráticos por todas las Américas. Dada la militarización y radicalización de la dictadura madurista, la opción militar siempre estará presente, y particularmente si el régimen se convierte en una amenaza real para la seguridad de los vecinos -como ya parece serlo.
¿Quién duda que el narcotráfico, la calamidad humanitaria y migratoria, el apoyo a la guerrillas colombiana y los movimientos militares en la frontera no son una amenaza a la seguridad regional?
En caso de una agresión militar del régimen contra Colombia (para desviar atención de la catástrofe doméstica y generar apoyo interno), o de intensificarse el apoyo a las guerrillas colombianas, no es descartable la invocación del Tratado Inter-Americano de Asistencia Recíproca (como se hizo en varios casos similares en los 50 y 60), o que aumente la ayuda militar norteamericana a ese país.
En ese marco, también surge la posibilidad de un embargo de armas, un bloqueo aéreo/naval, o el apoyo militar (inteligencia, logística, comunicaciones, armas), para respaldar o proteger una rebelión armada c ívico/militar o un nuevo gobierno que haya destituido a Maduro.
La opción militar para derrocar una tiranía atrincherada es la menos deseable y la más riesgosa, pero siempre estará presente en la mente de los opositores, internos y externos, cuando todas las otras opciones diplomáticas, cívicas y democráticas se hayan cerrado.
