Distribución de fondos que perjudica a universidades

La propuesta de reformulación que elaboraron las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue acordada en forma unánime en el 80º Plenario de Rectores llevado a cabo la semana pasada en la localidad bonaerense de Hurlingham, donde se remarcó que el proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional “resulta insuficiente”, a la vez que se dejó en claro que la distribución de recursos prevista afectará a las universidades en lo que respecta a becas, infraestructura y otras áreas claves para el funcionamiento adecuado del sistema público de educación superior. Por esa razón, los rectores solicitaron que en el presupuesto nacional 2019 se asignen mayores partidas que garanticen una asignación equitativa entre las distintas casas de estudios. Es que el proyecto del Ejecutivo promete 144.650 millones de pesos al sistema universitario nacional público, pero incluye ítems que hasta ahora nunca habían sido incorporados a las planillas y que, según entienden las autoridades de las casas de estudio, hacen parecer más abultada a la cifra de recursos asignados, como es el caso de partidas que al no depositarse directamente a las universidades sino a programas a cargo de la Nación, la decisión de girarlas en tiempo y forma dependerá de la voluntad del Ejecutivo nacional. En la reunión celebrada en Hurlingham se hizo notar que este tipo de maniobras se emplean con el objetivo de inflar el presupuesto, y así quedó demostrado con otros rubros similares incluidos en presupuestos anteriores que fueron subejecutados por la administración nacional.

El problema de fondo es que está en juego el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad para muchos jóvenes que no podrían hacer efectivo su derecho a estudiar en el nivel superior si no fuera por la existencia de un sistema universitario público argentino que, con todas sus luces y sombras, sigue siendo uno de los mejores y más inclusivos de la región. Como bien señala la declaración final de la III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, que se celebró en junio pasado en la provincia de Córdoba, vivimos “en un mundo donde el sistema financiero internacional concentra a las minorías poderosas y empuja a las grandes mayorías a los márgenes de la exclusión, la precariedad social y laboral”. Esta observación adquiere este año una especial significación por la celebración del centenario de la Reforma Universitaria de 1918, aquel movimiento que marcó un antes y un después en los estudios superiores de la región permitiendo un avance en la democratización de las universidades al promover el ingreso a la carrera docente por concurso y la participación de los estudiantes en el gobierno universitario; un proceso que luego se extendió a otros países de la región. A un siglo de aquel acontecimiento, la universidad pública argentina enfrenta hoy nuevos desafíos, en una difícil coyuntura social y económica en la que se proyectan las sombras de los ajustes y los recortes presupuestarios. Defender la autonomía de las casas de estudios superiores y seguir trabajando para construir sociedades más justas e igualitarias, figuran entre los principales retos que tiene hoy la agenda de estas universidades, que deben continuar defendiendo la gratuidad de la enseñanza que permitió que hijos de trabajadores pudieran formarse y desempeñar las más variadas profesiones, confirmando así que la educación universitaria además de contribuir al desarrollo del país es también una valiosa herramienta de inclusión social.