Las usurpaciones de Miraflores, grave precedente para la provincia

Walter Ferreyra, presidente del Instituto de Colonización del Chaco, dialogó con radio Universidad sobre la situación que se vive en Miraflores con respecto a la usurpación de campos privados por parte de comunidades aborígenes.

“Habría 26 casos de usurpaciones o presuntos casos de usurpaciones, este es un fenómeno que empezó por mayo”, introdujo Ferreyra.

El funcionario recordó cómo comenzó este problema: “Venimos haciendo seguimiento de los reclamos de las comunidades indígenas pero en algunos casos excedía nuestra competencia porque eran tierras privadas. Pero sí hacíamos seguimiento de la situación general”.

Miraflores es una ciudad 50 kilómetros al norte de la localidad chaqueña de Castelli y tiene un ejido de 400 hectáreas, rodeado por reservas indígenas y muy poca tierra fiscal o propiedad de gente criolla. “Hay un reclamo de hace muchos años, desde que el Chaco era territorio nacional. Decían las comunidades indígenas que a ellos les pertenecían 10.000 hectáreas en esa zona, que comprendía los lotes 1 a 100”, destacó Ferreyra y agregó que “no hay testimonio escrito de ese acuerdo entre el gobernador Mac Lean y las comunidades pero el reclamo continuó durante muchos años”. “Las comunidades han vuelto al reclamo pero con acciones directas, y hay 26 casos judicializados de usurpaciones de terrenos que pertenecen a familias criollas.

El 26 por ciento de los lotes están tomados o usurpados por las comunidades aborígenes, y en el 92 por ciento de los casos los predios son títulos de propiedad que fueron presentados oportunamente en la Justicia”, reveló.

“No son títulos otorgados en esta gestión, sino que fueron entregados en las décadas del 60, 70 y 80. Diferentes etapas de la provincia, lo que indica que independientemente de los colores políticos que estuvieron gobernando, no es cuestión política, sino que se trata de que nunca se reconoció ese acuerdo que las comunidades aborígenes dicen que existe, pero no hay registro”, añadió el funcionario.

NO HAY UN ÚNICO INTERLOCUTOR

Por otra parte, Ferreyra señaló que no hay un único interlocutor sobre esta problemática, y que la comunidad que hace el reclamo está atomizada, lo que dificulta la recepción y la respuesta en el tema.

“Se visibilizan organizaciones que apoyan su causa como la CCC que representa a un grupo de la comunidad indígena; y la JUM, que colabora en la representación legal”, sostuvo.

“Terratenientes no son, sino productores”

El presidente del Instituto de Tierras, Walter Ferreyra, aseguró que las ocupaciones o usurpaciones no se dan en “campos de terratenientes que tienen 2000 o 5000 hectáreas, sino en campos de pequeños productores que tienen cien hectáreas”. “La mayoría vive ahí. Esto perjudica de manera directa a esas familias. Por tanto es un panorama socialmente muy complicado”, agregó.

“Esas personas se ven afectadas en su vida cotidiana. Y no quiero cargar tintas contra la Justicia, si no quedaría como que el Estado tiene departamentos estancos, esta vez el Estado quiere trabajar de manera conjunta”, expresó el funcionario. “En algunos casos están conviviendo con los dueños de los campos”, concluyó.

La justicia avanza en la

identificación de usurpadores

CASTELLI (Agencia) - En el marco del conflicto por la ocupación de tierras privadas por parte de familias aborígenes, la Justicia avanzó con los operativos de identificación e intimación para que desistan de la actitud, sin obtener resultados concretos hasta el momento.

En total hay 26 denuncias radicadas en las dos fiscalías de investigaciones de Castelli y cada caso tiene sus particularidades que están siendo evaluadas por los respectivos fiscales. En el caso de la fiscal Raquel Maldonado, se pudo resolver uno de los casos más complejos mediante la instancia de mediación judicial donde se llegó a un acuerdo entre el productor Ricardo Sosa y 19 personas que estaban posesionadas en su campo.

En el caso del fiscal Oscar Obregón, se maneja con otro criterio de trabajo y prefiere evitar la instancia de mediación para resolverlo directamente por la vía penal. En este sentido, desde hace semanas viene realizando allanamientos en los distintos lugares ocupados para identificar a las personas y posteriormente intimarlas a que desalojen el lugar. Hasta el momento no hay resultados concretos a las intimaciones y no se descartan que haya imputaciones en los próximos día.

En las últimas horas, la Procuraduría General solicitó informes detallados de la situación judicial de cada causa abierta a partir de las denuncias penales radicadas por los propietarios de los campos.