La lucha contra el delito en las zonas de frontera
Los enormes desafíos que presenta la lucha contra las actividades ilícitas de peligrosas bandas criminales vinculadas con el tráfico de drogas que actúan en las zonas de frontera compartidas por Argentina, Paraguay y Brasil obligan a coordinar acciones entre las autoridades de los tres países, para que la investigación y persecución de estas organizaciones sean más eficientes y arrojen los resultados esperados.
A esa conclusión llegaron los representantes de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina, Brasil y Paraguay que se reunieron la semana pasada en la ciudad de Oberá, Misiones, para acordar los puntos básicos del arduo trabajo que se tendrá que llevar adelante a fin de combatir eficazmente el delito en esta zona caliente de la región. En rigor, los fiscales del Mercosur coinciden en que el intento de copamiento de un penal en Oberá, por parte de una peligrosa banda armada, que estaría relacionada con el Primer Comando de la Capital (PCC), es un llamado de atención que no debe ser ignorado. El grave incidente, que ocurrió hace poco más de un mes y que conmocionó a los pobladores de esa ciudad misionera, tuvo como protagonistas a delincuentes que estarían vinculados con el PCC, una organización criminal brasileña vinculado con el ‘robo del siglo‘ ocurrido en abril del año pasado en Ciudad del Este, Paraguay. En esa oportunidad los criminales utilizaron armas de grueso calibre y explosivos para atacar la sede de la empresa Prosegur especializada en el transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo. En cuanto al intento de copamiento del penal de Oberá, que fue frustrado por la policía de Misiones, se sospecha que ese golpe tenía como objetivo liberar al menos a un detenido que pertenecería a esta organización.
A la luz de estos graves hechos, los fiscales reunidos en Oberá -entre los que se encontraba el fiscal general ante el Tribunal Oral de Resistencia Federico Carniel- elaboraron un documento en el que advierten sobre la insuficiencia del actual marco normativo para hacer frente a los complejos desafíos que presenta la lucha contra las bandas criminales que operan en las zonas de frontera. En ese sentido, se manifestó además la preocupación que genera el avance de organizaciones criminales de carácter transnacional en la región; a la vez que se observó que la cooperación formal, con sus mecanismos actuales y ante la realidad en zonas de frontera, no proporciona soluciones a los desafíos que se presentan. Por otra parte, plantean que en virtud de la insuficiencia del marco convencional existente para realidad que enfrenta la cooperación en esta zona de frontera, se considera necesario el impulso de tratados internacionales que prevean esa realidad y brinden soluciones adecuadas; y destacan la importancia del intercambio de información clave que permita conectar investigaciones de dos o más países. En este punto, los fiscales coincidieron en señalar que ante el mínimo elemento que permita considerar que una información que se obtiene en un país puede ser útil en otro, ya sea para iniciar una investigación o para que avance una iniciada, deberá enviarse esa información al Ministerio Público del otro país involucrado. También hicieron hincapié en que, a los fines de analizar la problemática de esta zona de frontera, debe incluirse a la hidrovía Paraná-Paraguay y al amplio espacio aéreo de la región; y en la importancia que tiene el hecho de que los Ministerios Públicos de la región coordinen acciones con el Comando Tripartito de la Triple Frontera. Los Estados de Argentina, Brasil y Paraguay deben aunar esfuerzos para luchar contra el crimen organizado trasnacional. Como bien señalan los fiscales reunidos en Oberá en el documento difundido estos días, resulta imprescindible, además, que a los fines de la coordinación y cooperación entre los Ministerios Públicos de la región se intensifiquen los contactos directos entre los fiscales.
La lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales representa para los tres países un enorme desafío que requiere de una firme acción de cada uno de los Estados, y esto implica la adopción, sin demoras, de medidas que contribuyan a desmantelar las organizaciones que actúan al margen de la ley que operan en esta región.
