Crueles políticas contra inmigrantes en EEUU
Cuando tomó estado público la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar que se separe a los hijos de los inmigrantes ilegales detenidos por violar las leyes migratorias de ese país, y se envíe a los pequeños a otros centros de detención lejos de sus padres, fueron las organizaciones de defensa de los derechos civiles las que más batallaron para que se ponga freno a esa cruel política migratoria de la administración Trump.
El carácter inhumano de tales medidas fue denunciado ya en abril pasado en una columna de opinión escrita en el New York Times por el periodista y comentarista político Nicholas Kristof, ganador de dos Premios Pulitzer, quien recogió la indignación de las organizaciones que defienden los derechos civiles denunciando los abusos del gobierno norteamericano.
“Las crueldades de Trump hacia los niños migrantes suceden porque nadie lo frena”, dijo Kristof en esa oportunidad. “Cuando los oficiales de inmigración le arrebatan a un padre a su hijo en llanto para enviarlo a un centro de cuidado tutelar, no estamos viendo cómo se aplica una política de inmigración.
Estamos presenciando una barbarie”, alertó, sin medias tintas. Después entró en escena un juez federal de San Diego, quien ordenó en junio a la administración Trump que los niños fueran devueltos a sus padres. La medida judicial confirmó que la mayoría de las familias separadas proceden de países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras, que llegan a Estados Unidos huyendo de la violencia en sus ciudades de origen, y puso un nuevo plazo para que se cumpla, que vence el jueves de esta semana. La intervención de la Justicia Federal norteamericana, un poco tardía, llegó tras la indignación generalizada
que provocaron tanto en EEUU como en el exterior las separaciones de las familias.
Según se informó en las últimas horas, cuando faltan pocos días para que finalice el plazo que tiene el gobierno de Trump para cumplir con la orden judicial y reunifique a las familias migrantes separadas en la frontera, la administración solo ha logrado reunir con sus progenitores a 364 de los cerca de 3000 niños alejados de sus padres. Es que la tarea de devolver los niños a sus familias se ha vuelto compleja, por una cuestión básica: la administración Trump ni siquiera tiene una cifra concreta de cuántos niños resultaron víctimas de esta práctica inhumana que no registra antecedentes en países democráticos y que muestra el lado más insensible una política que se aplica para desalentar el ingreso de inmigrantes pobres e ilegales a EEUU. La explicación que dieron los funcionarios norteamericanos responsables de hacer cumplir las leyes migratorias es que las separaciones tuvieron lugar porque los padres fueron perseguidos penalmente por cruzar ilegalmente la frontera desde México y, al ser enviados a centros carcelarios los adultos, se tuvo que separar a los niños porque la ley no permite tener a los menores en esos centros de detención.
El lunes pasado, el mismo juez de San Diego que dispuso la reunificación ordenó el freno temporal a las deportaciones de las familias de inmigrantes que sean reunidas, en lo que representó un nuevo revés judicial para la administración Trump y su controvertida política de “tolerancia cero” para la inmigración ilegal. En rigor, el magistrado avanzó en ese sentido al aceptar el pedido que hizo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que fue la que se presentó ante la justicia para demandar al gobierno por las separaciones, y pedir que tras la reunión con sus hijos, a los padres se les otorgue un tiempo prudente para decidir si solicitan asilo en Estados Unidos.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, instó al gobierno de Trump a poner fin a su política de separación de los niños migrantes de sus padres y dijo que es “inconcebible” que un país busque disuadir a los padres de emigrar “infligiendo tal abuso a los niños”.
Es de esperar que la condena internacional logre hacer entender que los refugiados y los migrantes son seres humanos que deben ser tratados con respeto y dignidad, tal como lo establece el derecho internacional.
