“¿No va a pasar nada?”
La semana que pasó nos trajo dos noticias sobre la administración de Justicia que llamaron la atención y fueron motivo de muchos comentarios, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales y en los corrillos familiares y de amigos. Una de ellos correspondió a un tribunal de la provincia de Entre Ríos por el asesinato de un joven a manos de su novia y el otro a la del Chaco, con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña por la muerte de un médico.
Más allá del contenido de las sentencias y de sus implicancias lo que resalta a primera vista es la inusual “rapidez” de la sentencia con respecto al momento en que sucedió el hecho juzgado. En el caso de la Justicia entrerriana todo pasó el 29 de diciembre de 2017 y el falló se pronunció el 3 de julio de 2018: seis meses y cinco días después. En el caso de la Justicia del Chaco el fallo judicial se dio a conocer veinte días antes de que se cumpliera el año de perpetuado el delito.
No somos quién para analizar el contenido de las sentencias y evaluarlas, pero sí podemos decir algo que la gente repite, en instancias parecidas, y en otras donde los sometidos a la justicia son personas influyentes en la comunidad por su tarea en ella o, por el poder de su billetera. Somos conscientes que estos fallos pueden ser apelados a varias instancias y la decisión final puede llevar tiempo, pero la reflexión viene a cuento de la principal objeción que se hace hoy a los encargados de administrar justicia en el país. Se trata de un poder súper lento y demasiado burocrático contrariando el dicho de la sabiduría popular de que “Justicia que llega tarde, no es Justicia”.
Inusual “rapidez”
Al hablar de que lo que llama la atención es la inusual “rapidez” hemos colocado entre comillas esta última palabra porque, en realidad, lo que ha sucedido en estos casos nos parece que debería ser lo normal, si se tiene conciencia de que la sociedad necesita que sus jueces cumplan su deber con eficacia, honestidad y moderada velocidad. El paso del tiempo va haciendo cada vez más difícil la tarea y facilita el cometido de quienes ha optado por el oficio de buscar incidentes que atrasen y dificulten el accionar de los jueces.
En el Chaco existen, seguramente muchos casos en los que el paso del tiempo ha diluido la necesaria tarea de hacer justicia, pero pocos como el sucedido hace 26 años cuando en abril de 1992 fueron asesinados en pleno centro de Resistencia el ingeniero Néstor Vivo y su secretaria Amanda Encaje y nunca pudo saberse, ni de lejos, lo que pasó a pesar de haberse formado una comisión especial para su investigación. La causa prescribió y hay que concluir que, según la Justicia del Chaco, nadie cometió ese doble crimen.
Las causas por corrupción
Estas dos sentencias de estos días de las que hablamos tardaron en dictarse un tiempo prudencial. Pero son la excepción. Hay otras causas que en lo material no tienen la criminalidad de las en cuestión, pero por lo que provocan en la sociedad podrían asimilarse. A nivel nacional hace ya más de dos años en algunos casos que ex funcionarios, empresarios, políticos, se encuentran detenidos acusados de corrupción, de apropiación indebida de fondos públicos y de otros delitos similares. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo no se producen definiciones judiciales, algo que es contraproducente para la sociedad que no sabe qué pensar, pero también para los acusados, en caso de poder demostrar su inocencia.
Y esto último está pasando con la Justicia del Chaco desde marzo último más de cuatro meses- donde hay ex funcionarios, empresarios, ejecutivos de empresas detenidos por orden de la Justicia de la provincia y también de la Justicia Federal acusados de diversos delitos, la mayoría de ellos emparentados por la corrupción.
Y hasta el día de la fecha, los funcionarios judiciales federales y los funcionarios judiciales provinciales, no se han puesto de acuerdo entre ellos, sobre a quién le corresponde juzgar a los acusados. Se han dado casos que la Justicia Federal y la Justicia Provincial no se ponen de acuerdo y mientras ellos se pelean entre sí, desde hace meses, hay personas privadas de su libertad y de su trabajo y familias que se están arruinando económica y moralmente, por el accionar de esos funcionarios judiciales.
Esto provoca, que, por la radio, por las redes sociales, por la televisión, por los medios escritos, se publiquen interminables y apocalípticos comentarios en los que todos creen tener razón. Pero lo cierto es que están en juego los bienes del Estado, que son de todos, la credibilidad pública y la fama de personas e instituciones y que cuanto más se dilaten los pronunciamientos, más aumenta la incredulidad.
“No va a pasar nada”
Esto que pasa contribuye a que muchos piensen, y lo digan en voz alta, de que después de tanta hojarasca no va pasar nada y todo quedará como antes. Y que todo resultará una puesta en escena. La ciudadanía del Chaco no merece este engaño y para que todo tenga una solución correcta debería mantenérsela al tanto de lo que está pasando y acelerar todo lo posible los pasos necesarios para un rápido esclarecimiento. De lo contrario, si sigue pasando el tiempo. todo quedará en la nada o será simbólico como pasó en estos días con los asesinos de Víctor Jara por parte de la Justicia de Chile.
Si es como se dice, que no va pasar nada, quienes merecerían ser sometidos a juicio serían aquellos que activaron las causas y que hicieron ilusionar a la gente honrada de que por fin la Señora Justicia iba a utilizar sus atributos, pesar todo en la balanza y no sacarse la venda de los ojos.
