México: un presidente consensuado con el espanto

   “Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. La frase atribuida al autócrata Porfirio Díaz sigue pintando con profundidad una de las causas eficientes de los males de este país desde que el poderoso vecino del norte iniciara su ascenso geopolítico, hace casi dos siglos. 

   Ya transcurrieron cuatro décadas de operaciones de la DEA (Drugs Enforcement Agency) en territorio mexicano, un cuarto de siglo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) con Canadá y EEUU, y más de una década de la declaración formal de la “guerra contra las drogas” con la incorporación del Ejército. El resultado de todo ello es un estado de violencia generalizada, de galopante corrupción, ofensiva impunidad, insoportable desigualdad, que amenaza al propio sistema que gobierna este estado de cosas.

   La obligación de ensayar transformaciones que los actuales detentores del poder no quieren, aún en los contados casos en que comprenden su imperiosa necesidad, han puesto al tope de las encuestas al único que alguna vez propugnó una transformación profunda, casi duplicando a su más inmediato adversario. Por todo esto, nadie ve la elección de hoy como una más, sino como la puerta de una transición que podría promover un cambio de régimen.

   La impunidad de las mafias del narco asociadas con sectores del ejército, del gobierno, y de la Justicia, está retratada en crímenes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero ese no es el único motivo de hartazgo. El número de trabajadores cuyo salario no alcanza para comprar la canasta básica subió de 32% en 2006 a 39% en 2017 (datos oficiales). Uno de cada tres trabajadores formales está por debajo de la línea de pobreza.

   Además del presidente se elegirán ocho gobernadores, la jefa de Gobierno de la capital —seguramente será una mujer—, 500 diputados, 128 senadores y otros casi 3.000 cargos públicos. Tras una agotadora campaña iniciada hace más de seis meses, un solo candidato se mantuvo perpetuamente, y con amplia diferencia, al tope de las encuestas. Los más de 40 millones de mexicanos que lo votarán, casi la mitad de los 89 millones llamados a las urnas, ansían el fin del sistema de partidos tradicionales.

AMLO

   Los mexicanos llaman a Andrés Manuel López Obrador por sus iniciales. El hombre que mejor se ha posicionado para capitalizar el hastío de los plebeyos lidera el Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), y este es su tercer intento para ser presidente. En los dos anteriores sufrió el fraude del sistema (el último, escandaloso en extremo), pero en esta ocasión el estado de ánimo de las masas propició que repitiendo las ideas de siempre, modernizadas publicitariamente, con una campaña puramente emocional, sin hacer poco ni mucho, se mantuviera como favorito.

   Le resultó de buena ayuda la encarnizada batalla librada entre sí por sus rivales, Ricardo Anaya, del derechista PAN, y José Antonio Meade, del gobernante PRI, que no pudo despojarse de la carga negativa de su partido. Anaya, por su parte, gastó su estrategia tratando de mostrar los supuestos riegos que traería aparejados López Obrador, antes que las ventajas que implicaría un gobierno del PAN.

   De aproximarse el resultado final a los pronósticos de las encuestas, el triunfo de López Obrador elevará al Morena a fuerza hegemónica en el Congreso. Ello determinaría el fin del sistema de partidos tradicionales: el eterno oficialismo del PRI, el cincuentenario opositor PAN, el fallido progresismo del PRD, pasarán a ser historia. En el caso del PRI, surgido de una de las más grandes revoluciones del siglo XX, que gobernó hasta enterrar absolutamente ese suceso, se espera un desplome de dimensiones geológicas.

Es la economía

   Lejos de estas certezas está el plan de gobierno que desarrollaría AMLO. Aunque ninguno de los candidatos, en largos meses de campaña, ha definido un plan para reducir los niveles de inseguridad, ni para frenar corrupción e impunidad. Los partidos de derecha tienen declaradas intenciones de desguazar y privatizar la petrolera estatal Pemex, de hecho el PRI ya lo hace. No está del todo claro lo que piensa López Obrador sobre ese asunto, ni sobre muchos otros. Sólo enarbola su honestidad como antídoto y panacea.

   En este marco, es lógico que la cuestión económica pasara casi inadvertida, o cubierta por distorsiones carentes de rigor. Pero los problemas del anémico crecimiento y la bajísima inversión, la desigualdad en alza, los salarios en baja y el TLC (del que depende la tercera parte del PBI mexicano), que puede caer bajo el embate de Trump, se impondrán a poco de andar. 

   Aunque eludieron el tema en campaña, todos los candidatos tienen presente lo ocurrido tras el "gasolinazo" de enero de 2017: aumentos del 30% promedio en electricidad, gas y servicios básicos, simultáneos con una devaluación sin tregua. El brutal tarifazo decretado por el presidente Peña Nieto vino a continuación de una reforma fiscal que redujo aportes patronales para bajar el siempre maltratado “costo laboral”. Para compensar, aumentó los impuestos al consumo. Medidas todas que luego imitarían, con suerte diversa, otros gobiernos de América latina.

   Peña Nieto supuso que las fiestas del año nuevo de 2017 atenuarían la previsible reacción popular, pero se equivocó. Una huelga indefinida del transporte se combinó de inmediato con ataques a comercios, supermercados y estaciones de servicio, donde incluso participaron policías que -teóricamente- debían reprimir desmanes. Peor aún, en la capital hubo días enteros de manifestaciones reclamando la renuncia del presidente. Los principales medios hacían notar al gobierno que la policía estaba incapacitada para contener el movimiento y reclamaban intervención del Ejército y declaración de estado de sitio. López Obrador insistió en que había que “esperar a las elecciones del año próximo”, mientras mechaba alguna que otra denuncia al gobierno.

   Todo esto, una semana antes de la asunción de Trump, que había ganado la presidencia atacando a México y a los mexicanos, especialmente a los trabajadores. La clase dirigente estadounidense tomó nota de la rebelión azteca, y dedicó todo el primer año del gobierno de Trump a neutralizar el peligro estratégico que implicaba llevar a la práctica las amenazas del nuevo presidente. Así es que la rebelión contra el “gasolinazo” de Peña Nieto tuvo como primer efecto frenar el muro de Trump y las deportaciones. Sólo cuando el electorado mexicano estuvo sumergido en la campaña electoral, el gobierno estadounidense volvió a la carga contra los inmigrantes.

   El segundo efecto de la rebelión fue que Peña Nieto se vio obligado a retroceder en silencio, desactivando parcialmente el “gasolinazo” mediante rebajas impositivas sectoriales en algunos casos, mediante subsidios en otros. Pero, sobre todo, debió suspender su plan de llevar el precio a los combustibles al nivel internacional con el fin de atraer inversores para continuar la venta de Pemex. Otro asunto suspendido del que deberá hacerse cargo el próximo presidente.

Muerte de candidatos

   Para ilustrar en forma extrema del Estado donde los tres principales partidos de gobierno van a ser derrotados por amplia diferencia por un candidato al que el establishment local e internacional miran con desconfianza, digamos que en el actual proceso electoral murieron asesinados 46 candidatos. Muchos se preguntan si el México es un Estado fallido, donde quienes ejercen la violencia dominan al Poder Judicial y a las fuerzas armadas y se impondrán siempre.

   Los asesinatos en esta inédita situación de violencia electoral representan un aumento del 4500% respecto de la última elección. Y nuevamente hay que insistir en que todos los candidatos a la presidencia evitaron dar detalles de sus propuestas en materia de seguridad, y ninguno se apartó del enfoque de lógica policial de los últimos gobiernos. Peor, el virtual ganador, AMLO, propuso hace un tiempo “promover una amnistía para los presos de estos años”. Ante la lluvia de críticas, no volvió a referirse al tema.

Después de las urnas

   Sólo hemos expuesto algunos de los profundos y complejos problemas de la actual situación mexicana, que por cierto la votación de hoy no resolverá. El triunfo que se prevé contundente de un candidato que no es el de los tres partidos que han gobernado durante los últimos 20 años (siempre que no haya otro fraude escandaloso) no representa el hallazgo sino la búsqueda desesperada de una solución por parte del electorado. Luego, habrá que verlo andar para saber adónde va.

Los docentes   

   Otro conflicto extenso y aun no completamente saldado es el de la resistencia de los maestros contra la reforma educativa, que Peña Nieto desarrolló en varios frentes sin lograr avances definitivos en ninguno. La reforma pretende la privatización de la formación docente, comenzando por la evaluación de los educadores por cuenta de consultoras privadas, con el fin de establecer luego “universidades docentes” para centralizar la formación. Este camino estuvo plagado de grandes protestas y huelgas de maestros y estudiantes, fuertemente reprimidas por gobiernos estaduales y federales. Pero en septiembre de 2014 alcanzó su punto más cruento, cuando una banda de narcos, en complicidad con la policía estadual de Guerrero, secuestró a 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, que hasta hoy no aparecen.

   La complicidad del Estado federal se manifestó luego en una enrevesada y obstaculizada investigación. Dos años después, Peña Nieto ascendió al general Saavedra Hernández, jefe del batallón de Infantería que liberó la zona para que se produjera el ataque a los estudiantes. Cientos de miles recorrieron las calles de todo el país al grito de “¡Fue el Estado!”, hecho de repercusión internacional que mostró directamente al PRI, el PAN y el PRD como arquitectos y responsables de un estado desaparecedor y guardián de la impunidad.

   La desaparición de los 43, un hito en la historia reciente de México, seguía entre las banderas y protestas de los maestros en 2016, cuando tuvo lugar la imponente huelga del magisterio contra la reforma educativa, detenida mediante masivas represiones gubernamentales, entre ellas otra masacre, la de Nochixtlán, el 19 de junio de 2016. Recientemente, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su “preocupación” porque el Estado mexicano siga culpando a pobladores y manifestantes por ese crimen en Oaxaca.

Asesinato de periodistas

   Este mes, la organización Periodistas Unidos indicó que 60% de las agresiones contra la prensa en México son responsabilidad de las autoridades. Periodistas mexicanos viene organizándose y protestando públicamente desde hace años para repudiar la violencia y los crímenes contra la prensa. Es que ya son más de 140 los periodistas asesinados y desaparecidos desde el año 2000. Y la cosa va a peor. Más de 10 periodistas fueron asesinados sólo en el 2017, y al 30 de mayo de este año ya eran seis los muertos. Nótese que estas nefastas cifras se van actualizando semana a semana.

   Los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) fueron letales para el gremio de prensa: 45 periodistas asesinados. La responsabilidad del Estado no consiste sólo en su entrelazamiento con el narco. La organización periodística Artículo 19 señala que “El terror no siempre procede de los miembros del crimen organizado. De las 1986 agresiones a reporteros desde 2012 hasta este año, el 48% provenían de funcionarios públicos”, civiles o uniformados.  

Energía

   En este punto central de la economía mexicana López Obrador no explícito, pero sus colaboradores cercanos detallan un plan de reorientación de conjunto de la política energética, con el fin de “independizarnos de EEUU”. Según Rocío Nahlé García, su probable ministra de Energía, se recortará la exportación de petróleo al vecino del norte, invertirán en refinerías propias para abastecer a mejor precio el consumo doméstico, y bajarán la importación de nafta desde EEUU.

   Nahlé García dijo también que multiplicarán las inversiones en energía hidroeléctrica, congelarán las licitaciones o subastas públicas para perforación en aguas profundas, y revisarán los contratos con petroleras extranjeras, para “terminar con el saqueo”. A pesar de todas sus ambigüedades y vacilaciones, planteos como estos determinaron la cerrada oposición del establishment nacional e internacional contra AMLO.