Basta a más de lo mismo
En días se cumplirán tres meses desde que los chaqueños nos despertamos, además de los problemas habituales de todos los argentinos, con una lluvia de acusaciones a funcionarios públicos, muchos de ellos hoy presos y procesados, que al parecer se han aprovechado de mala manera de su poder en perjuicio de todos a los que deberían haber servido.
Una situación insólita en la que muchos -más de veinte- han cambiado sus despachos o escritorios por calabozos y sus secretarios por carceleros. En un principio todo fue bien recibido en el entendimiento de la existencia de pruebas que posibilitaran el consiguiente castigo para los que resultaran culpables, sobre todo apelando a la ejecutividad que determinara rápidas resoluciones y no como lo que viene sucediendo en el orden nacional, donde hay varios detenidos de más de dos años sin que se sepa si son culpables o inocentes. O el caso de procesos que duran ya más de veinte años.
Para colmo de males parece haberse suscitado un festival de objeciones en los encargados de administrar la justicia en las distintas jurisdicciones y niveles y pareciera ser más importante saber quiénes deben juzgar que la materia de los presuntos delitos. Una interminable discusión con apelación a artículos, incisos, jurisprudencia, en una palabra, discusión vacía, que hace que todo se demore y, por ende, se demore el objetivo de todo este operativo, que en principio parecía ser el de la lucha contra el delito. Y como si todo esto fuera poco, las diferencias entre los poderes del Estado, como el Judicial y el Legislativo y las opiniones del Ejecutivo y en relación a desafueros y juicio político.
¿Puro humo?
A mediados de marzo pasado, cuando comenzó a pasar todo esto, muchos sintieron un viento fresco que podría oxigenar un ambiente enrarecido y entendieron que podría sonar un tiro para el lado de la justicia. Otros dijeron que era puro humo y una maniobra para que todo quedara como antes y que no iba pasar nada. Lo que sucede en estos días parece darle la razón a estos últimos.
Todo parece quedar en una falsa alarma que, a lo mejor (o a lo peor), resulta peor el remedio que la enfermedad, porque quienes hace casi tres meses que pasan sus días en una comisaría, no se han de quedar quietos, si no se comprueba nada de lo que se les acusa y han de iniciar juicios contra el Estado, que es perdedor por adelantado. Y si pierde el Estado perdemos todos. Hoy día parecería que es más importante si se tienen fueros o si no, si se hace juicio político o no. El foco de la cuestión se ha desviado y ha quedado de lado si el acusado ha cometido delito o es inocente.
Por todo esto, es más que urgente y necesario que se termine este suceso que se está convirtiendo en sainete y que corre peligro de ser más de lo mismo en una controversia interminable entre los poderes del Estado y no para beneficio de quienes constituyen ese Estado, que son cada uno de los ciudadanos, sin interesar que camiseta usa o qué ideas tiene.
Denuncias desvirtuadas
Con lo que está pasando se han desvirtuado las denuncias y ahora pareciera que hay una cuestión de amor propio y de competencias entre fueros, jueces, fiscales, tribunales, cámaras. Ha desaparecido el eje de los hechos, si se ha delinquido o no, y se ha convertido en un debate inconducente que entra en laberintos sin salidas. Esto favorece a abogados inescrupulosos que hacen su agosto favorecidos por su experiencia en la dilación de la solución de conflictos.
Lo decíamos quince días atrás: el pueblo quiere saber qué es lo que en realidad pasa. La verdad y que se llegue a ella por el camino correcto. Sin condenar a inocentes y sin apañar a culpables, si los hay. Y que todo se resuelva con una celeridad razonable, porque el tiempo corre a favor de los delincuentes (si los hay). Pero basta, por favor para que al fin resulte más de lo mismo.
