Las universidades públicas y su sentido social
En el mes del centenario de la Reforma Universitaria -aquel gran acontecimiento que trascendió al conjunto del país y alcanzó con su influencia a buena parte de la América Latina- sería oportuno reflexionar y debatir acerca de nuestras universidades públicas y su sentido social, con una mirada a futuro.
Mucho más cuando en Córdoba y a propósito de la celebración tendrá lugar una nueva edición de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), la misma que en 2008 declaró que la educación superior es un derecho humano universal y un bien público y social.
Aquella gesta de 1918, con su espíritu a la vez democrático, científico, social y latinoamericanista se vincula una saga que incluye la declaración de gratuidad de los estudios universitarios por el peronismo en 1949, pero también la tradición de grandes universidades de la región como la Mayor de San Marcos en Lima, la UNAM en México, la de San Pablo y tantas otras.
Tanto, que podríamos pensar que la declaración de la CRES se asienta en las bases de una matriz universitaria latinoamericana. En cambio, nos encontramos a la defensiva en un contexto de desprecio de la universidad pública, y de toda la educación, por parte del gobierno nacional, que incluye el desinterés por sostener (aunque más no fuera) el valor de los salarios de los docentes y no docentes frente a la inflación y las devaluaciones monetarias, así como por la suerte de buena parte de las instituciones encargadas de educar a millones de habitantes de este suelo.
En ese contexto, la gobernadora de Buenos Aires se despachó con una declaración que no se puede dejar pasar. Su idea de que estuvo mal crear nuevas universidades públicas porque los pobres no pueden acceder a ellas, es tan errónea como inaceptable.
Durante los años kirchneristas se crearon 34 instituciones de educación universitaria (IEU), 23 corresponden al sector estatal y 11 al privado. La distribución de las 23 IEU estatales fue la siguiente: 11 en PBA, 4 en CABA, 2 en San Luis, 1 en Santa Fe, 1 en Misiones, 1 en La Rioja, 1 en Córdoba, 1 en Río Negro, 1 en Chaco y 1 en Tierra del Fuego.
Los últimos datos disponibles (2014) son auspiciosos ya que indican que hay 1.468.072 estudiantes en universidades estatales, de los cuales 53.603 se ubican en las nuevas IEU del Estado.
Cabe preguntarse si para quienes esgrimen la idea de la meritocracia, ante la ausencia de estas nuevas IEU no se les estaría limitando las posibilidades a muchas mentes brillantes sólo por haber nacido en la pobreza y no por poseer menos méritos que sus pares que nacieron en otros contextos sociales.
A diferencia de lo que cree saber la gobernadora Vidal, absolutamente consustanciada con la utopía de Cambiemos: una sociedad desigual, el anterior gobierno generó condiciones (cambios en el marco normativo, aumento en la inversión presupuestaria para el sistema universitario, apertura de nuevas IEU, un novedoso programa de becas universitarias, entre otros logros), y consiguió revertir esa “verdad” de que aquellos chicos que nacieron en la pobreza nunca iban a llegar a la universidad.
Esto, sin dejar de aceptar que resulta necesario repensar nuestro sistema educativo y nuestras prácticas pedagógicas y mejorarlas sustancialmente; pero destruir lo existente sería, por el contrario, un daño gravísimo, del cual ya hemos tenido antecedentes en las dictaduras del siglo XX y en los años 90.
El verdadero desafío que le toca a Vidal está en mejorar los niveles de desempeño de las IEU para poder así efectivizar el derecho a la educación universitaria que el Estado debe garantizar.
Se trata, sin dudas, de una idea de sociedad formada por un núcleo minoritario de individuos emprendedores “exitosos” y una mayoría subordinada al rumbo que dichos exitosos sepan darle al país.
No hay idea alguna de derechos universales, de bienes comunes, de destinos o construcciones colectivas. No la hay tampoco de un país cuya riqueza se base en el conocimiento científico tecnológico y requiera, así, muchos trabajadores altamente calificados y formados.
