Cuesta abajo: que el último pague la luz
Las expresiones categóricas y crudas del expresidente Duhalde sobre la delicada situación social y política que vive el país con el rumbo electoralista ratificado por el presidente Macri, se produjeron cuando una marcha federal multitudinaria (pero achicada por la impunidad mediática, al decir de Cristina Kirchner) inundaba el centro de Buenos Aires como antesala de un paro general y se desmentía el anuncio oficial de que se suspendía el aumento de los combustibles: el ministro Aranguren, cuya fidelidad a la verdad cada vez se resiente más, autorizó un cinco por ciento desde ayer y confirmó por ahora un 3% más para el mes que viene.
¿Cómo creerle, entonces, a un gobierno que promete acordar con el Fondo Monetario sin afectar compromisos con las provincias, cuando carga después del veto a la ley contra el tarifazo, contra el reagrupamiento del peronismo y en especial, contra los gobernadores “amigos”, porque no frenaron la derrota oficial en el Senado?
El ajuste que viene
Uno de esos gobernadores es el chaqueño que empezó a adoptar previsiones sobre el ajuste que se aproxima y cuya magnitud todavía se desconoce, pero con una sola convicción: el segundo semestre solamente viene como una mano dura en una provincia donde, al decir de uno de los analistas más agudos de sus fortalezas y debilidades, el plan A, el B y el C siempre pasan por mantener a flote la enorme erogación del pago de sueldos sin una mochila de financiamiento.
Pero este gobernador no sólo tiene el frente fiscal complicado por el rebote de la devaluación y los signos adversos de la declinación del comercio, servicios y su erosión en el empleo privado.
También tiene abierto el frente judicial, donde ya le allanaron tres veces la Casa de Gobierno por irregularidades con fondos públicos, y acaba de confirmar que en el propio bloque de diputados oficialistas se abrió una grieta de especulación electoral muy madrugadora y al elenco de exfuncionarios detenidos suma ahora al ministro de Infraestructura, a quien le ratificara su confianza, con riesgo de un juzgamiento político sin precedentes, cuya jurisprudencia encubre intenciones mayores que Peppo no desconoce: él puede ser un próximo blanco fijo de la escalada internista.
Por eso mismo, una reunión de alto nivel que duró varias horas, habría concluído el viernes en que de una vez por todas Peppo debe plantarse en el centro del ring ante quienes le sacaron el jugo a sus debilidades y vacilaciones. Un ejemplo es que no termina de firmarse un decreto de muy fuerte contención de gastos (la Nación ya anunció nueve medidas en tal sentido, incluyendo la prohibición por 24 meses del ingreso de personal) y que su proyecto de ley de Retiros Voluntarios en toda la administración cayó en el papeleo legislativo, como se notó en su omisión en la sesión celebrada en General San Martín.
Además, Macri no puede pedirle que le ponga un GPS a los legisladores nacionales chaqueños: tres diputadas del PJ votaron contra el tarifazo y lo mismo hicieron los senadores Aguilar y Pilatti Vergara. Y esto lleva, inexorablemente, a plantear que la relación entre Secheep y la mayorista Cammesa es insostenible, aunque ni en ésta ni en otras provincias deudoras, Macri no podrá ordenar que bajen la palanca y se nos condene a la oscuridad.
Aumentos impagables
Las distribuidoras de energía eléctrica soportan hace más de dos años un proceso de asfixia económica por parte de Cammesa, figurando Secheep entre las más perjudicadas por los valores del mercado mayorista en el fluido, potencia, transporte y otros cargos.
En febrero de 2016 el ministerio de Aranguren, sin audiencia pública, incrementó un 328% los costos mayoristas y un año después, esta vez con audiencia pública, aumentó un 24% en febrero y un 66% en marzo, a lo cual se agregó en agosto de 2017 un ajuste en el costo del transporte de un 45%. El remate vino con un 44% en diciembre de 2017 y otro 20% en febrero.
El ajuste de la Nación a Secheep en el período indicado llegó al 1.438%. El impacto fue enorme para las finanzas de la empresa provincial y en sus tarifas: los costos mayoristas representan el 50% del precio final del kilovatio hora que abonan más de 300.000 usuarios de toda la provincia. Y como golpe de gracia, las deudoras del mercado mayorista se quedan sin la bonificación por tarifa social. Al mismo tiempo, cada mes adeudado eleva un interés del 10% a la facturación. (Aquí cabe explicar que los vencimientos de Cammesa operan a los 40 días de la última toma de lectura, mientras que Secheep recién cobra a sus usuarios entre el quinto y el sexto mes del consumo, además de su obligación mensual de abonar sueldos y gastos de mantenimiento).
Hubo un embrollo adicional, pues Secheep cumplió con el plan de pagos de una deuda de 450 millones en el segundo semestre de 2016, pero surgieron medidas cautelares interpuestas por el defensor del Pueblo que la empresa adaptó a sus tarifas y Cammesa lo hizo de manera irregular. Este año se repitieron las complicaciones: hubo otro aumento mayorista donde la facturación nacional de 79 millones en noviembre de 2017, se elevó en diciembre a 350 millones, con pérdida de la tarifa social en intereses por mora de 100 millones.
Hay otros entretelones que concluyen en generar al día de hoy una deuda de Secheep con el mercado mayorista de 2.484 millones solo amortizable en el tiempo. Pero La Nación reveló -antes de la votación del Senado- que las distribuidoras le debían al 21 de mayo a Cammesa un total de 14.477 millones. Le adjudicaba a la empresa chaqueña un rojo de 2.454 millones equivalente a 31,7 meses, pero Córdoba adeuda 2.509 millones que representan 2,4 meses y la DPC de Corrientes, un poquito más con 2.571 millones, equivalentes a 40,8 meses. Santa Cruz debe 1.129 millones, equivalentes a 20 meses de servicios y con números negativos se suman Emsa de Misiones y la DPE de Tierra del Fuego.
En el plano político, el equipo económico de Peppo prepara una presentación para el momento en que Macri cumpla con negociar ese gran acuerdo nacional de gobernabilidad pero sin desviarse hasta ahora del camino que le suma impopularidad y desesperación en zonas marginales como la nuestra.
El presidente habla de grandes acuerdos para 2019, año electoral cargadísimo, cuando las provincias quieren saber cómo afrontarán el segundo semestre de 2018 y qué les espera en las exigencias de un crédito con el FMI y el nuevo vencimiento de una fortuna en Lebacs, que distan de crear un clima de esperanzas reactivadoras.
Pero este endeudamiento impagable del Chaco con la empresa que rige el ministro Aranguren será prioridad, como el incumplimiento del pacto fiscal en la compensación de la Anses al déficit del sistema jubilatorio.
El martes se espera al secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, mano derecha del ministro del Interior, para un programa que tal vez alivie tanta incertidumbre, de la cual hablarán mañana Roberto Feletti y Jorge Capitanich en la sede del PJ.
Volviendo al pronóstico de Eduardo Duhalde que capeó el temporal del 2001, tal vez haya que decir que con este rumbo de alto riesgo social, que el último pague la luz.
Y de este colapso, como del Gasoducto del NEA, nada se dijo sacándose chispas en el Senado ante los ojos del país.
Cuenta regresiva para Echezarreta
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura recibirá mañana, al promediar la tarde, al ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, para que formule su descargo ante el pedido de desafuero y detención formulado por la justicia federal. Una clave será conocer la información requerida a la doctora Niremperger sobre los fundamentos de la decisión tomada en torno de aquel domingo donde el ministro acudió a su oficina y estaba trabajando (después de frustrarse su viaje a Montreal), con su equipo cuando irrumpió la Gendarmería en un allanamiento ordenado por el fiscal Sabadini, con la sospecha de que se estaban destruyendo pruebas.
Pero el complejo frente judicial del Chaco incluye la espera de la resolución que unifica querellas para continuar con las apelaciones de las prisiones preventivas contra imputados en delitos que precedieron al lavado de activos. La causa no está sellada aún, se dice, porque hay datos en danza sobre empresas truchas y podrían sumarse más imputados.
En la justicia federal, después de la decisión de Niremperger de evitar un largo pleito de competencia en la Corte Suprema, se esperan procesamientos solo por delitos federales y estaría pendiente que la AFIP revelara cuánta evasión se produjo. Los imputados encabezados por Horacio Rey suman 20, en tanto que el equipo de tres fiscales provinciales en su investigación lleva imputados al citado y detenido Rey, Lugo, Susana e Ismael Fernández, Katavich, Buticce, Laura Aguirre, Iván Bilcich, César Zibecchi, Carlos Osuna y Miguel Vite.
En cuanto a la causa abierta en torno de la diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala, su defensa llegará a la Cámara de Casación por el recurso del fiscal Sabadini contra la eximición de prisión de la Cámara Federal y las excarcelaciones concedidas a Fátima Rigassio y Rolando Acuña (cuyo defensor Argarate fue muy mencionado por compartir un viaje a España con el camarista José L. Aguilar).
Además, están en marcha los recursos contra los autos dictados la semana pasada que imputan a la exintendenta Ayala, Jacinto Sampayo, Carlos Huidobro, Pedro A. Martínez, Daniel Fischer, Patricia Vázquez, Rolando Acuña, Fátima Rigassio, Luis Escobar, Natalia S. Martínez Guarino, Diego A. Martínez Guarino, Cristian Zapata, Víctor Quiroz, Eulalio Bouza y Mónica Centurión.
La excarcelación de Facundo Sampayo, por otra parte, fue muy celebrada por el Sindicato Municipal de Resistencia.
El Mundial y el aguinaldo
El gobierno provincial ya estableció que entre el 7 y el 8 abonará los sueldos de pasivos y activos de mayo.
Pero podemos adelantar que está resuelto que el pago del medio aguinaldo, previsto para fines de junio, se realice el 15, un día previo al comienzo del Mundial de Rusia para la selección argentina que enfrentará a Islandia en Moscú.
