Sólo la mitad de los trabajadores registrados son asalariados privados

Si hubiera que delinear rápidamente cuál es la situación del empleo en la Argentina, hay 23.780.000 personas en el mercado de trabajo si se suman la población registrada (12.100.000) y la no registrada (11.680.000). Dentro de esta última cifra, hay 2.780.000 que no trabajan pero podrían hacerlo y se llaman "potencialmente demandantes", según datos del Ministerio de Trabajo y 1.300.000 desocupados. Los asalariados del sector privado formal son solo 6.230.000. Así lo revela un informe publicado por el diario La Nación, firmado por Paula Urien.

En total, los contribuyentes al sistema de seguridad social son 12 millones de personas registradas, incluyendo los trabajadores del sector público. Es un poco menos de un cuarto de los 44.494.502 argentinos (según las proyecciones que realiza el Indec sobre la base del Censo 2010) con un trabajo "en blanco", que "es el que tiene acceso a los beneficios contributivos provistos por el sistema de la seguridad social", define el Ministerio de Trabajo.

Hace exactamente un año, NORTE revelaba que el Chaco se ubicaba entre las siete provincias del país en las que el Estado tiene preeminencia frente a las empresas a la hora de crear empleo. Es decir, aquí hay 136 empleados públicos por cada 100 privados según datos oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Según el informe de La Nación, si bien es cierto que hay en el país 17 millones de personas que cobran una asignación o sueldo del Estado (llegan a 21 millones si se cuentan las asignaciones familiares de la gente que trabaja, como la prenatal), hay salvedades que llevan a que, según los expertos "no sea tan así". Se incluyen entre quienes cobran del Estado a los trabajadores del sector público, que son más de 3,1 millones (y que cubren algunas tareas esenciales relacionadas con la salud, educación, y seguridad, entre otras); jubilados y pensionados, que son 7.147.000; los beneficiarios de la AUH, 3.965.042; quienes tienen una prestación por desempleo, 99.235; asignaciones familiares, planes del ministerio de Desarrollo, 430.000, y otros.

Según José Anchorena, titular de la "Encuesta longitudinal de trayectorias laborales, protección social y condiciones de vida" del Ministerio de Trabajo, "hay una porción de los 21 millones de personas que cobran del Estado pero que también contribuyen con el Estado. Además, decir que un jubilado que trabajó 30 años e hizo sus aportes vive del Estado es una afirmación fuerte, porque se le está sacando mérito a quien aportó a la seguridad social toda su vida. Su ingreso actual entonces no se lo debe al Estado, trabajó para ello".

Por otro lado, según el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "no es lo mismo decir que hay 17 millones de transferencias como si fueran un salario de una categoría A, que es de $50.000. La jubilación mínima será próximamente $8096 y al Asignación Universal por Hijo (AUH), $1500".

Empleo público

Para continuar con el mapa del empleo, hay que tener en cuenta que, como se ve en los números, la mitad de los trabajadores registrados son asalariados privados (6.230.000) y que oficialmente 3.100.000, o uno de cada cuatro empleados "en blanco", está en el sector público. Hay una desproporción, por lo que es necesario aliviar el sector público y que esos empleos se creen en el sector privado.

Hay que tener en cuenta también que en realidad el problema es aún mayor. El registro que usa el Ministerio de Trabajo sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que suele tomarse para hablar sobre el mercado de trabajo, no incluye todas las cajas previsionales, por lo que no es posible establecer un número consolidado en este sentido del sector público. El último informe, de abril de 2017 explica que "cabe mencionar que este número (de empleados públicos) se encuentra subestimado, principalmente debido al faltante de información de ciertos organismos públicos provinciales (principalmente de Santa Cruz) y municipales". Informes privados establecen que esta cifra puede ascender a 3.800.000.

La mayor parte del empleo público se concentra en el ámbito provincial: el 66%, el 13% es municipal y el 21% corresponde al empleo público nacional (700.000 puestos). "En las provincias trabajan 2,3 millones de personas, y este es el empleo que más creció en los últimos años", dice a La Nación el ministro Triaca. "El empleo en el Estado nacional creció mucho menos que en las provincias, en proporción. Recién el año pasado dejó de crecer en relación al sector privado y, en las provincias el empleo está bajando desde que asumimos el Gobierno", sostiene. Se trata de una materia laboral sensible, que por temas de presupuesto y de déficit fiscal debería seguir bajando pero, por otro lado, hay una responsabilidad para con las familias que viven de esos sueldos en una era (que viene desde hace varios años) en que el empleo privado registrado no crece demasiado.

En el mundo del trabajo formal, los asalariados del sector privado concentran el 51% del total de los ocupados registrados, uno de sus colectivos más importantes, y el más difícil de crear y mantener. Le sigue el empleo asalariado del sector público (25% del total de los trabajadores registrados), y, por último, los trabajadores monotributistas (13%). El resto de las categorías ocupacionales representa cada una entre un 3% y un 4% del total de los ocupados formales.

Una salvedad

El Indec, por su parte, muestra otros números. ¿Por qué? Porque la Encuesta Permanente de Hogares se toma sobre la base de 31 aglomerados urbanos, y una población total de 27.629.000 personas. Según el organismo oficial (que siempre aclara que no es correcto hacer la proyección a la población total), la Población Económicamente Activa (PEA), que incluye ocupados y desocupados, es 12.818.000 personas. Vale la pena notar que este número es casi igual al que el Ministerio de Trabajo consigna como el total de trabajadores registrados. Ambos están bien (uno muestra datos de SIPA, el otro toma una población menor).

López: “Necesitamos políticas que incentiven el empleo y nos den rentabilidad”

Sergio López, presidente de la Federación Económica del Chaco (Fechaco), habló de los motivos que desincentivan la inversión en el país y, por tanto, la  creación de empleo privado. A la vez, advirtió que no existen medidas de fondo para reducir el tamaño del Estado. “Estos problemas se agravan en el Chaco, porque ha crecido de manera desproporcionada en la contratación de empleo público en los últimos 15 años”, apuntó. 

Como contraste, el dirigente valoró que a nivel nacional hay algunas medidas que abren esperanzas, como la Ley Pyme. “Son pequeños pasos pero hay que seguir profundizándolos. Hay que terminar con las retenciones en provincias como la nuestra, que está a 1000 kilómetros de los puertos, para darle competitividad al sector agropecuario. Y necesitamos también que las provincias y municipios pongan austeridad y honestidad a la administración para bajar impuestos, y generar un verdaderos desarrollo”, sostuvo en diálogo con NORTE.

Según afirmó, Chaco es una de las tres provincias del país en las cuales el empleo público supera al empleo privado registrado (sin contar contratados y monotributistas que facturan al Estado y que “han crecido en el último tiempo”). “Esto se ha transformado en una mochila insoportable para el sector privado, que es muy chico para solventar con sus impuestos a este sobredimensionado estado público e ineficaz”, enfatizó López. 

“No podemos seguir aplicando esta medicina equivocada. Y poniendo más impuestos al sector privado, y sobre todo a las pymes que generan la mayor cantidad de empleo privado, y seguir agrandando la administración pública. Esperamos que nuestros gobernantes puedan mirar hacia el futuro, ver lo que pasa en otros países exitosos”, indicó. Aunque lamentó que hoy “no se están tomando medidas” en ese sentido. “Necesitamos políticas que incentiven el empleo privado y le den rentabilidad a una industria que se instale en esta provincia. Hay que bajar los impuestos”, subrayó, y recordó el proyecto del ejecutivo chaqueño para aumentar Ingresos Brutos.

“Venimos advirtiendo todo esto hace mucho tiempo. Nuestros gobernantes deberían analizar cuáles son los motivos y las circunstancias por las que no conviene instalar una industria en el país sino importar un artículo, cuáles son los motivos por los cuales los ciudadanos van a comprar a Paraguay o Brasil y no en los comercios argentinos”, planteó y acotó: “Así nos vamos a dar cuenta que la presión tributaria en Argentina es altísima, los riesgos de tener un juicio laboral millonario son altos y eso ha terminado con muchas pymes. Los costos e impuestos que tiene un empleo privado también son altos”. Por esas causas “las industrias se instalan en otros países”, cerró.