El gobernador, obligado a asumir sus costos pero no los de Macri
“Cómo me duele este Chaco”, escuchamos a una oyente de una popular emisora que acumula reclamos de todas partes y de toda índole, en una mañana de múltiples demandas por Resistencia inundada, pero también por redes sociales que estallaban anunciando la detención del ministro de Infraestructura (que como se sabe, nunca requirió la jueza federal) y las señales del malestar social por el combo inflación, tarifas y caída del consumo generaba tanta incertidumbre como desazón, con la referencia de que avanzaba la negociación de Macri con el Fondo Monetario Internacional y el dólar no detenía su revalorización constante.
A esa hora el gobernador digería los detalles de la investigación del fiscal Sabadini sobre una red de dispendio de fondos entre exintegrantes de un equipo muy cercano de colaboradores y que antes ya había determinado detenciones por parte de la justicia provincial, pero en la lluviosa siesta soportaría el gusto amargo de un segundo allanamiento de la Casa de Gobierno, esta vez en el ministerio de Fabián Echezarreta, que estaba en Buenos Aires para acudir a un congreso en Montreal (Canadá).
Peppo y su circunstancia
Al cabo de su participación en dos reuniones de notoria cohesión de la liga de gobernadores opositores, Oscar Peppo sabe muy bien que se le advirtió que “mimetizarse” con el gobierno nacional, aun con las peripecias de avatares fiscales con Buenos Aires, es de alto riesgo pagar el costo de la impopularidad de la política económica y social que Cambiemos se resiste a revisar, aun cuando sus despliegues de mucho ruido y pocas nueces hable ahora de una concertación nacional.
Peppo tiene mandato y legitimidad para mantener a flote la gobernabilidad de esta provincia, pero necesita plantarse para que, por ejemplo, la ley de retiros voluntarios sea debatida y aprobada con urgencia pero transversal a los tres poderes del Estado. (La Legislatura ya la aplicó en la presidencia de Urlich pero hoy tiene las mismas deformaciones de usos y costumbres de la politiquería con 300 que firman su asistencia y unos 1.500 que cobran sin aparecer, avalados por las certificaciones culposas de legisladores sin excepción).
Primeras decisiones
Aunque gobierne con un oído puesto en las embestidas judiciales donde ha terminado empatando en desgaste con Aída Ayala, hay señales de las primeras decisiones. Hizo caer por insuficiencia de recursos el edificio para la Cámara de Diputados, también se hizo escuchar para que la doctora Emilia Valle fuese electa presidenta del Consejo de la Magistratura, bloqueando el paso de un diputado del PJ “no peppista” de Sáenz Peña, y resolvió aceptar una iniciativa privada que reemplazará a la empresa Colono que operaba con 300.000 toneladas anuales el elevador terminal de granos de Barraqueras.
La naviera Ultrapetrol (detrás de la cual está el grupo QADL) se compromete a llegar al millón de toneladas con una inversión de 40 millones de dólares, aun cuando se conozca que Argentina quedó a la saga del Paraguay, que controla con su flota de barcazas y remolcadores el tráfico de la hidrovía.
Batalla contra el tarifazo
Esta vez los gobernadores no están dispuestos a que Macri los convoque para una foto de “unidad nacional” que viaje hacia Washington y surgen promesas para el 2019, anteojera electoral de Cambiemos.
Por el contrario, el martes acordaron reunirse con el planteo de que la mayorista Camessa deberá descargar su ajuste confiscatorio en las empresas de la capital y del Gran Buenos Aires, que disfrutaron largos años de tarifas de beneficencia ante el rigor de facturaciones realistas en provincias como la nuestra. Esa deuda de Secheep con la mayorista, hoy de 2.500 millones de pesos, es literalmente impagable y Peppo debe plantearla sin titubeos. El martes también vencerá el ultimátum del bloque mayoritario peronista del Senado para que el gobierno revise el tarifazo en función de la ley que viene, en tal sentido, de la Cámara de Diputados.
La crisis cambiaria ya le cuesta al Chaco 600 millones adicionales por variación de tasas y tipo de cambio. Por si fuera poco, le está vedada a esta provincia la colocación de su crédito público por 4.200 millones en el mercado de capitales con tasas del 40% hacia arriba fijadas por el Banco Central, lo que perfila un segundo semestre cuesta arriba.
Macri insiste al pretender que las provincias sumen a la reducción del gasto fiscal, pero hay rubros donde el pacto de Córdoba con 23 distritos no se termina de cumplir, mientras el endeudamiento del país fue récord absoluto y dejaron de préstarnos.
Además, la gestión de Peppo no solo tropieza con la sangría mensual del déficit del sistema jubilatorio, sino que eroga 100 milones de pesos mensuales para el pago de sueldos entre Secheep y Sameep, lejos de ser superavitarias. Son diversos, complejos, candentes y acuciantes todos los frentes abiertos en este Chaco que duele pero sin retroceso en su dignidad federal.
Uno de ellos es el frente empresario: antes que interminables fricciones por una ley antipiquetes, lo que cabe es unirse y resistir una presión tributaria tan insaciable como insostenible que será devastadora para la subsistencia de las pymes, claves del empleo privado que se debate a la deriva sin las prebendas y los despilfarros corruptos del paquidérmico sector público.
Faltaron siete
A mitad de semana el gobernador invitó al bloque de diputados provinciales del oficialismo a una cena en la residencia oficial donde iba a explicar el apriete fiscal, la inevitable austeridad y que, como ocurrió, la caja provincial no podía cubrir la diferencia de casi 1.000 millones entre el monto de la licitación del edificio para la Legislatura y el de la única oferta presentada por una UTE de constructoras chaqueñas.
Lo significativo es que fueron siete ausencias de integrantes de ese bloque, encabezados por la propia presidente de la Cámara. Peppo sabía muy bien de qué se trataba y que en el peronismo la procesión viene por dentro.
Comisión especial referida a Colono
El directorio y el personal de la empresa Colono fueron notificados por el propio gobernador en la mañana del viernes que el elevador terminal de Barranqueras ya no será administrado por el Estado provincial y que se aceptó la propuesta de inversión de la naviera Ultrapetrol S.A. El decreto del 14 de mayo creó una comisión especial para el tratamiento de esa iniciativa privada en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación compuesta por su titular, María E. Serrano, con la coordinación de José Mauricio Miranda y los representantes Ernesto F. Limanovsky (Ministerio de Hacienda), Gustavo F. Gasparipi (Asesoría General), César L. Rosso (Ministerio de Infraestructura), Andrea D. Marano (administración puerto Barranqueras), Joaquín F. Kaefer (Federación Económica), Jorge E. Arzuaga (Cámara de la Construcción) y Andrés Irigoyen (Unión Industrial). Austeridad en el gasto público ¿Qué medidas analiza el Ejecutivo provincial para reconducir sus finanzas imponiendo austeridad en el gasto público? 1) Prohibición a las autoridades superiores de las jurisdicciones y entes autárquicos de la percepción de viáticos por actividades dentro del territorio provincial; 2) También el reconocimiento de viáticos totales o parciales entre las 0 y 24 horas de los días sábados, domingos y e inhábiles; 3) No se autorizarán horas extras para cumplir tareas; 4) No se incrementarán presupuestos, ni las partidas de alquiler de edificios y locales, alquiler de fotocopiadoras y de maquinaria y equipo; 5) No se incrementarán honorarios de contratos de servicios y de obra; 6) No habrá nuevas designaciones de personal, interinatos, subrogancias modificaciones en las estructuras, cargos y/o funciones jerárquicas cuando ello implique globalmente un incremento de la partida de personal en todo el ámbito de la administración pública centralizada, descentralizada, empresas, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación de capital estatal mayoritario.
Al respecto, un inminente decreto del gobernador impondría más restricciones conociendo abusos, por ejemplo, en la utilización de vales para cargar combustibles.
