La turbulencia nacional jaqueará al Chaco, sumada al revuelo judicial
El golpe de nocaut al gradualismo resuelto por el presidente Macri en la peor semana de su gobierno en medio de un malestar social que va mucho más allá de las especulaciones en la city porteña, sirvió en principio para frenar la corrida del dólar pero aplicando dos decisiones que tendrán un impacto altamente recesivo en la economía del país real, compuesto por regiones marginales como la nuestra: elevar las tasas al 40% implica colocarle un salvavidas de plomo a cualquier inversión productiva generadora de empleo, arrasar con el juego bancario de las pymes como ya lo dice la CAME y, fundamentalmente, ordenar un recorte de 30.000 millones en las obras públicas que no pudo atemperarse con aclaraciones posteriores del ministro Frigerio y de su colega Dietrich.
DURO IMPACTO EN EL CHACO
Con el comunicado mañanero del viernes del Banco Central quedó cerrado el camino para que la provincia del Chaco salga al mercado doméstico, ya que le está vedado el externo, a colocar su crédito público de 4.200 millones de pesos, indispensable para el equilibrio fiscal que necesita imperiosamente la administración de Peppo que cerró con déficit los ejercicios 2016 y 2017.
No solo se trata de eso, el impacto ocurrió cuando el ministro de Hacienda, siempre moviéndose como pez en el agua de los entresijos financieros macristas, avanzaba en obtener un respiro para Secheep de 350 millones de pesos que hiciera posible que Cammesa, como esta página lo explicó la semana pasada, sancione el atraso en la cancelación de sus facturas mayoristas con la pérdida de la tarifa social.
En los hechos, el recorte tiene fuerte peso político:son 130.000 los usuarios de la empresa provincial que con gran esfuerzo Secheep mantuvo hasta ahora para evitar un descalabro pero ya no le queda resto para seguir soportando el descalce nacional.
Hay otro factor de enorme intranquilidad: el recorte de 30.000 millones en la obra pública puede cerrarle las últimas vías intentadas para terminar buena parte de aquellas 7.000 unidades habitacionales promovidas durante la gestión de Capitanich y que Marcos Peña consideró una concesión discrecional. Además es obvio que Cambiemos privilegia a Buenos Aires y toda la zona central del país con ojos electorales. Por eso también alarma que Dietrich dijera que se afectará a los proyectos: ¿habrá dicho algo que tenga que ver con la licitación prometida para este año del segundo puente Chaco-Corrientes?
No se trata de ser pesimistas a ultranza pero el pinchazo puede alcanzar a ese zepelín que sobrevuela el NEA y el NOA, aunque nunca tuvo presupuesto propio, pero que como plan Belgrano está en todas partes, hasta para polemizar por la paternidad del gran edificio incorporado por la Facultad de Ingeniería de Resistencia. (Estas obras ya no se hacen le confesó el presidente del Consejo Federal de Decanos al reelecto José Basterra).
La combinación de todas estas señales conduce a un escenario recesivo con la inflación y las tarifas de servicios públicos desbocadas, también con algunas facturaciones fuertes de Sameep cuyas necesidades de personal para los servicios de los acueductos que se terminan y aún del gran sistema cloacal del Gran Resistencia el gobernador quiere cubrir transfiriendo agentes de otras áreas, pero sin ceder en aumentar el empleo público. Es más, decidió promover una ley de retiros voluntarios en la administración sin esperar una legislación nacional que así como está trabado el Congreso por la coyuntura tarifaria y otros rubros, tardará en dictarse como soporte financiero.
Y en cuanto al dilema por la cotización del edificio licitado para la Legislatura, Peppo confía en la UTE compuesta por “cuatro constructoras chaqueñas serias” y con el compromiso de su ayuda, aconsejará a las autoridades parlamentarias, ahora que nadie puede intentar siquiera tirar manteca al techo, que todo se haga por etapas con desembolsos soportables.
AÍDA AYALA BUSCA VICTIMIZARSE EN LO POLÍTICO PARA ZAFAR DE LA JUSTICIA
Mientras corre por otra vía lo que informamos hoy sobre la presentación de la abogada Valeria Corbacho sobre la causa “Lavado I” y que motivará una audiencia el próximo miércoles con la jueza federal de Resistencia, la turbulencia judicial que arrancó con raíces radicales en la denuncia de la diputada Canata recogida por Dugaldo Ferreyra en la Fiscalía de Investigaciones de la provincia, confirmó que el juez de garantías “Chiqui” Sandoval, como lo conocen sus colegas, concedió luz verde al equipo de fiscales sin ceder a la competencia federal y demostrando que el anticipo de Rolando Toledo no fue erróneo, puesto que llegó a estimar que los exfuncionarios provinciales con prisión preventiva tendrán su juicio antes de fin de año. Pero el pronunciamiento se hizo con calificaciones en desmedro de las responsabilidades de la jueza Niremperger y del fiscal Sabadini que replicó, en su estilo, viéndolo “flojo de pergaminos”.
¿RESPALDO DE CAMBIEMOS?
El caso Ayala mereció cobertura nacional cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales la escuchó declarándose inocente de las imputaciones de la investigación federal que requirió su desafuero y detención, centrándose en el plano político con una referencia constante a Jorge Capitanich como si el intendente de Resistencia manejara los hilos judiciales.
El pronunciamiento tardará en la Cámara Baja con opiniones encontradas, donde también ingresó una documentación entregada por la diputada chaqueña Analía Rach para responder a la recurrente descarga sobre Capitanich, blanco predilecto del partido judicial manipulado por Cambiemos poniendo clavos miguelito en la ruta de la reorganización peronista.
Cuando la jueza rechazó su eximición de prisión, Ayala consideró que debía recusar a la magistrada y jugar la carta de sacar la causa de manos de la jueza de “Carbón Blanco”. Sabadini juzgó que esa maniobra configuraba un disparate, pues como diputada nacional tiene la obligación de denunciar a quien esté instigando el armado de una causa en su contra.
Ahora la eximición de prisión pasó a la Cámara Federal de Apelaciones que por fin logró completarse: de sus tres miembros, dos de ellos fueron designados durante la gestión del presidente Macri, y si Ayala politiza todo lo suyo y a cada momento, ese detalle será muy observado.
Pero cuando arreciaba el descalabro financiero nacional y el temporal castigaba a esa enorme palangana que es Resistencia, la justicia federal cerraba la semana allanando el estudio jurídico de Matías Balmaceda Paiva, otro exyerno de Ayala, apoderado de Cambiemos en la última elección y titular del comercio Service Hogar. El revuelo lo causó la presentación del intendente de Quitilipi y exmacrista Carlos Casalboni, que también sobrelleva objeciones del Tribunal de Cuentas por su gestión. Se pudo saber que una de las irregularidades tiene que ver con un programa bajado por Aída Ayala cuando era secretaria de Asuntos Municipales de la Nación. Aquí se involucró a Balmaceda e inclusive a una hija de la diputada nacional de apellido With.
La fundación en danza reflejaba un polirrubro para la adquisición de motosierras, desmalezadoras, juguetes, etcétera, pero cuando la Gendarmería mandó sus sabuesos encontraron un lugar donde se prestan servicios de aire acondicionado. (Se dice que tal vez el intendente radical de Tres Isletas tenga alguna referencia parecida).
Como Antón Pirulero, cada cual atiende su juego: el de la ingeniera Ayala consiste en lograr que la política la salve de los requerimientos de investigaciones federales, pero aunque algún diario lo haya anunciado hasta ahora no “salió airosa”. Ahora la citaron para el martes 15 de mayo a una nueva reunión.
La ley de Tierras necesita reformas
El muy activo grupo Agroperfiles debatió con el presidente del Instituto de Colonización, Walter Ferreyra, problemas que productores en expansión soportan en los complejos y lentos procedimientos administrativos para regularizar la tenencia de tierras fiscales. Se resaltaron casos de compras de mejoras pero que, a la postre, resultan ilegales para el régimen legal vigente y no garantizan la estabilidad de la ocupación. También se abordó la oportunidad para hijos de productores en el marco del 27% de la superficie que todavía es propiedad del Estado y que un 14% está en proceso de regularización. El 13% por restante, si bien ha sido relevado, no tiene regularización.
El Instituto explicó que distingue entre los usurpadores que ingresan sin autorización y con fines especulativos y aquellas familias nativas que por razones de proximidad y permanencia con predios linderos, desde ese punto ingresan en el proceso de regularización dominial. Ferreyra y su equipo detallaron el proceso donde casi 500.000 hectáreas se incorporan al proceso productivo con base en la Reserva Grande en la zona norte, abarcando zonas como El Sauzalito, Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Fortín Belgrano, aparte de 27.000 hectáreas entre la ex estancia La Fidelidad y el patrimonio de la Asociación Meguesogoxi en el Interfluvio, que hasta ahora era una zona marginal. Los casos planteados por los productores de Agroperfiles en esa interesante reunión en Las Curiosas derivaron en la necesidad de una revisión que actualice, modernice y también conecte a la ley de Tierras que tuvo su origen en 1972 durante la gestión de Mazza-Lanusse al fundarse el Instituto, con el nuevo Código Civil. Se remarcó que en todos los casos se garantizarán audiencias públicas para un debate sin exclusiones y con responsabilidad, tratándose de tierras que pertenecen al patrimonio de todos los chaqueños.
