Denuncian pagos sin control en la Tesorería General de la Provincia
La oenegé pone foco en lo ocurrido con la implementación de un sistema de pagos electrónicos que prácticamente no tenía supervisión alguna.
El Centro de Estudios Nelson Mandela difundió un documento en el que plantea gruesos interrogantes sobre cómo se hizo la implementación en la Tesorería General de la Provincia de un sistema de pagos electrónicos. La oenegé señala que esas transferencias prácticamente no tuvieron control de las áreas pertinentes, pese a advertencias formuladas al respecto.
Además, el CENM critica severamente la actuación que en ese tema tuvo la justicia provincial, y en particular la fiscal Graciela Griffith Barreto, quien actualmente integra el equipo que investiga supuestas maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios del Gobeirno del Chaco.
EL CASO
La organización que coordina el abogado Rolando Núñez se refiere concretamente a lo que comenzó a suceder cuando en 2014 la Tesorería autorizó pagos no controlados por 4 mil millones de pesos, según una investigación judicial que se conoció como la causa Junco o “robo hormiga”, que se elevó a juicio oral. “Paradójicamente, los investigados no fueron los máximos responsables de la Tesorería, sino una exempleada y por un monto casi irrisorio. No se investigó ese movimiento multimillonario, lo que constituye una deuda más de la justicia penal chaqueña”. apunta el Centro Mandela, que recuerda que en la investigación intervino la fiscal Griffith. Luego indica que “llamativamente” la denuncia fue formulada por el titular de la Tesorería, el contador Carlos Miguel Olivera, y su mano derecha, la directora de Coordinación de Proyectos y Sistemas, la contadora María del Carmen Fernández.
ESCÁNDALO Y SILENCIO
El CENM acota que cuando el escándalo del “robo hormiga” ya era un hecho público, se inició un sumario administrativo en la Asesoría General de Gobierno. En ese marco se requirió informe al Contador General de la Provincia, Milcíades Duré, quién encomendó tal trabajo al contador Marcelo Zabaleta, que en agosto de 2014 elevó sus conclusiones a Duré. Cuestionó el uso de la plataforma Interbanking utilizada por la Tesorería General, que en un corto período de seis meses -entre el 1° de enero de 2014 y el 21 de julio de ese mismo año- movió más de 1.700 millones de pesos “sin intervención” de la Contaduría General, que es el órgano de control interno del Sector Público, de acuerdo a la Ley Orgánica de Contaduría y Tesorería”.
El Centro Mandela marca que ese dictamen, pese a lo grave de sus conclusiones, “no movió a la Contaduría General ni a la Asesoría General de Gobierno, como tampoco a la justicia penal chaqueña, para que investiguen posibles delitos en los que podrían quedar implicados las más altas autoridades de la Tesorería Provincial”.
“En enero de 2015 la Contaduría General informó que no tenía acceso al sistema de transferencia electrónica de fondos Interbanking, y que desconocía la existencia de algún instrumento legal que autorizara su implementación”, añade. “Luego de tres años de investigación y con las pruebas que se produjeron inexorablemente se debió iniciar un nuevo expediente, que avanzara con la meta de establecer las posibles responsabilidades del Tesorero General, Carlos Miguel Olivera y de la funcionaria de su estrecha confianza, la contadora María del Carmen Fernández. Ambos operaban las claves para confirmar los pagos y transferencias que se realizaron a través del sistema Interbanking. Sin embargo, esa posibilidad está en otro punto muerto. Cuando la doctora Griffith Barreto fue nombrada Fiscal de Coordinación D se produjo su nuevo aterrizaje en la causa robo hormiga.
Las impactantes investigaciones de la justicia penal federal, que comenzaron a conocerse a principio de marzo de este año, con medidas tomadas que fueron verdaderos topetazos para los poderes políticos de Chaco y de la Municipalidad de Resistencia, como también para la justicia penal chaqueña, quedaron todos expuestos y cuestionados”, analiza.
En ese aspecto el Centro Mandela evalúa que el Poder Judicial de la provincia “está en tela de juicio por su pobre desempeño, porque poco o nada hizo para esclarecer los hechos de corrupción que se venían denunciando en las fiscalías o dándose a conocer por los medios masivos de comunicación”. “Naturalmente que la inacción de la Cenicienta que no despierta de su sueño continuo, además de merecer todas las objeciones y críticas escuchadas, también posibilitó la extraordinaria multiplicación de los actos de corrupción”, acusa.
