Forcejeo por competencias y el riesgo de frenar investigaciones
Poco se duda en que el juez de Garantías Nº 2, Héctor Sandoval, ratificará el pronunciamiento del equipo especial provincial de fiscales y al no declinar su competencia en una intervención vertiginosa que detuvo a Horacio Rey, Roberto Lugo y los hermanos Fernández, a pesar del requerimiento de la justicia federal para que se aparte, después de un compromiso de mutua colaboración en la causa popularizada como “Lavado I” y de una reunión en los albores de los topetazos a la línea de flotación política chaqueña, realizada entre el procurador general Canteros, la jueza Niremperger y el fiscal Sabadini.
Si esto ocurre, tal vez podría obturarse uno de los aspectos más llamativos de las imputaciones que recaen sobre exfuncionarios provinciales muy cercanos a la gobernación de Peppo, quien recurrió a la designación del penalista Marcos Molero para que actúe como querellante, en tanto se reforzaba su equipo de abogados con la coordinación de Jorge Alcántara (después de abandonar la defensa de Jacinto Sampayo) y se contrataba a una especialista como Valeria Corbacho, de conocida actuación nacional.
En este caso, las expectativas y el suspenso están abiertos sobre el requerimiento que el fiscal Sabadini prometió formular antes de que culmine la próxima semana respecto de la aplicación de fondos en obras de viviendas, para lo cual se llevó documentación de la sede del organismo provincial y si alcanzara a Oscar D. Peppo por su paso por la presidencia, aun cuando la jueza Niremperger -que no ha recibido presiones desde el nivel nacional- no se expida con tanta contundencia como en el caso de la exintendente Aída Ayala (cuyo desafuero tendrá una espera de 60 días en el Congreso Nacional) el impacto político e institucional sería extremadamente fuerte para esta provincia y la estabilidad de su administración.
Vaticinio de velocidad
El presidente del Superior Tribunal, Rolando Toledo, vaticinó que antes de fin de año los imputados con prisión preventiva serían llevados a juicio y esto supone que no habrá un pantano en la Corte para disputar la competencia. Sorprende tanta confianza en un proceso donde actúa un nutrido equipo de abogados defensores y cuando esa intervención contrarreloj en su momento privó al fuero federal seguir acumulando pruebas al interrumpir las escuchas telefónicas.
Pero si se revisan antecedentes, nadie olvida que la justicia penal chaqueña jamás resolvió los crímenes de Amanda Encaje y el ingeniero Néstor Vivo; el apuñalamiento en plena peatonal del periodista de NORTE, Fabricio Glibota; el tiroteo en la Legislatura; el sonado caso de Maira Benítez y el juicio por el episodio de la ruta 11 donde falleció la señora Blanca Meucci. Es más, integra el equipo de fiscales elogiado por Toledo, la doctora Graciela Griffith Barreto, que tuvo un año en sus manos la denuncia sobre la empresa Pimp y dispuso su archivo, en tanto un nuevo documento del Centro Mandela dice que su nombramiento como titular de la Cámara de Apelaciones fue irregular porque ese cargo no está contemplado desde que se derogó el artículo 458 del Código de Procedimiento a través de la ley 7.143. La denuncia habla de una actuación ilegítima, pasible de nulidad absoluta, en tanto después de tres años -con otro ritmo de “Lavado I”- se inició un nuevo expediente para establecer responsabilidades del veterano tesorero general de la provincia, Carlos Olivera, tras la denuncia de la directora de Movimientos de Fondos y Cuentas, Nancy Junco, quien cargó después con una denuncia penal, considerada “robo hormiga” por un monto irrisorio que no reflejaba la realidad del movimiento de fondos por el sistema Interbanking.
“Si van a ser realmente rápidos y efectivos, que sigan ellos” opinó una alta fuente del fuero federal ante la consulta, no exenta de la suspicacia que todavía flota en el ambiente judicial sobre aquel despliegue y, como es obvio, se seguirá muy atentamente su desenlace.
El sobre que aún no abrió la Legislatura
Después de la sesión de Las Breñas, no se pudo reunir a todas las autoridades legislativas y no se cumplió, como estaba prevista, la apertura el jueves 26 del sobre que contiene la propuesta económica del llamado a licitación para construir, por fin, el edificio propio que desde su nacimiento en 1953 necesita y merece la Cámara de Diputados del Chaco. Hubo, como se sabe, una sola oferta conformada por una Unión Transitoria de Empresas (UTE), todas chaqueñas y de primer nivel, compuesta por Coning SACC, Chacobras SA, Novelli Sacifica y Chaco Construcciones SA. En la apertura inicial se ponderó que la construcción quedará en manos de empresas y trabajadores chaqueños en un predio sobre la autovía Avellaneda, pero estaría ocurriendo que la presidente Elida Cuesta habría decidido pisar la pelota porque, al parecer, está enterada que la oferta estaría muy por encima del monto del llamado que presupuestaba 598.860.420 de pesos.
Ya habría anticipado al presidente del bloque oficialista que intentará aprestos para considerar, si es cierto que esa oferta desbordaría considerablemente las posibilidades de la reserva con la que contaría la Cámara y del refuerzo de fondos prometido por el gobierno provincial, cuál será el camino a seguir. Aunque Carim Peche, presidente del bloque opositor, afirmó en su momento que “los 32 legisladores conformamos la comisión de control del proceso”, aunque también hay una comisión técnica de seguimiento y planificación de la obra.
Tarifas: Peppo no cede con Secheep asfixiada
Ante la presión de Macri para que las provincias eliminen impuestos y alivien el tarifazo de Aranguren en electricidad, gas y en combustibles, con la nafta que llegó a 37 pesos en El Impenetrable, el chaqueño Oscar Peppo fue uno de los 12 gobernadores peronistas que se unieron en rechazar el intento con firmeza y a través de WhatsApp acusaron de maniobra a la gobernadora Vidal, de Buenos Aires -siempre privilegiada por la Casa Rosada-, porque los impuestos que anunció sacar no se cobraban... Peppo sabe que además de no contener carga impositiva en sus boletas (bastante tiene con una campaña inusitada de la Federación Económica por el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos con afiches de cuestionamiento a la gestión del gobernador nunca vistos en esa entidad), la situación financiera de Secheep es tan asfixiante como compleja. (La empresa tiene 389.000 clientes en toda la provincia, factura 220 millones mensuales y su masa salarial llega a 140 millones mensuales, contando con la asistencia de la caja provincial. Ergo, no es superavitaria, como también sucede con Sameep). Al 31 de enero de 2016 hacía agua por tarifas sin incrementos desde 2011 y el congelamiento de 2014 y 2015. Fue obvio un endeudamiento de envergadura con proveedores, organismos previsionales e impositivos y el impacto, inexorable, en el colapso de su infraestructura.
Un dato: con un incremento del 350% en la compra mayorista, Secheep en rojo pasó de 68 a 319 pesos el megavatio residencial y un aumento del 900% en la compra para grandes usuarios mayores de 300 kv de potencia, pasando de 68 a 700 pesos. El daño mayor no vino de los incrementos de CAMMESA sino de los tiempos del proceso de comercialización. La brecha resulta imposible de cumplir con normalidad y el beneficio de la tarifa social e incentivos por ahorros se pierde al no poder cumplir con el plazo de pago de 45 días. (La mayorista emite una factura mensual y si no cobra a tiempo penaliza con un 10%). La pérdida global en esa etapa fue de 96 millones pero Secheep logró regularizar su situación y entre el 1 de enero y mayo 2017 recuperó los beneficios.
En buen romance, cada incremento de CAMMESA a Secheep le demanda siete meses para cobrar la energía entregada a sus 380.000 usuarios, pasando por la etapa estival que marca el pico de consumo. La empresa sufre otros problemas por robos en sus redes y algo inocultable: el 90% de incobrabilidad de todos los organismos oficiales, además de los asentamientos del Gran Resistencia, municipios. Todo eso acumula 1.200 millones y solo en el caso de Sameep, adeuda 32 millones. La batalla judicial por los aumentos de la mayorista sin audiencias públicas, las demandas de la Defensoría del Pueblo y las medidas cautelares donde Secheep también era una víctima de Aranguren y su política, terminaron por afectar la recuperación que avanzada a mediados de 2017 y la refacturación corrió vencimientos de mayo a agosto y setiembre. En suma, se trata de la demora de facturación de cuatro períodos de consumo que representan 1.200 millones de pesos. Hoy, Secheep cobra el consumo de setiembre y octubre de 2017 y factura el 60% de los consumos de noviembre y diciembre del año pasado.
¿Esto que significa? Que falta emitir facturas por el 40% de noviembre y diciembre y el 100% de enero, febrero y marzo 2018 con vencimientos que recién finalizarán en setiembre y octubre. Las compras facturadas por CAMMESA de noviembre/17 a febrero/18 están vencidas y ascienden a 1.192.819.032 pesos, incluyendo la pérdida de tarifas sociales por 160 millones (son unos 48 millones mensuales).
Conclusión: Es imposible que Secheep siga sosteniendo tanto la tarifa social que alcanza a 130.000 clientes que no superan los 300 kv en su consumo, como tampoco puede mantener beneficios por ahorro de energía que llega al 40% de los usuarios y en algunas zonas del interior llega al 70%.
Esta circunstancia impactaría en un aumento del 80% en las boletas de quienes eran usuarios con tarifa social. Pero la grave encrucijada no responde a decisiones de Secheep sino a la política tarifaria nacional y su impacto en provincias emergentes, como ha vuelto a reclamar en conjunto la región noreste y este es uno de los rasgos del rumbo que el presidente Macri sigue ratificando a capa y espada.
