Proyecto de aumento de Ingresos Brutos: más presión sobre el sector privado
En estos momentos en la Legislatura del Chaco se está discutiendo el proyecto de ley 1023/2018 enviado por el Poder Ejecutivo, a través del cual se propone modificar la Ley Tarifaria y el Código Tributario en el marco del convenio de Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017 entre el gobierno nacional y la mayoría de los gobiernos provinciales.
Es importante destacar que el Chaco, junto con la mayoría de las provincias, firmó el mencionado convenio y asumió diferentes compromisos.
Así, uno de esos compromisos en relación al impuesto a los Ingresos Brutos fue eliminar tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien y establecer distintas exenciones y aplicar alícuotas del impuesto que no sean superiores a ciertos valores, que se irían reduciendo progresivamente en los próximos 5 años entre otros.
La provincia efectivamente tiene en ciertos sectores alícuotas por debajo de los máximos previstos en el mencionado Convenio. A modo de aprovechar esta ventana abierta que dejó el mencionado convenio, el gobierno intenta a través del proyecto de ley en cuestión aplicar subas de tasas para lograr supuestamente compensar la pérdida de recaudación por las readecuaciones implementadas en otros sectores.
Así, si bien la provincia cumpliría con la firma del Consenso Fiscal en lo referido al impuesto a los Ingresos Brutos, las subas de alícuotas pretendidas en determinados sectores van a contramano con el verdadero espíritu del acuerdo, el cual es aliviar la presión tributaria y reducir la incidencia distorsiva del impuesto sobre un sector privado que ya no está en condiciones de soportar ningún aumento de la presión impositiva.
Además, con esta pretendida suba de alícuotas que propone el proyecto no se estaría cumpliendo con lo pactado en la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 27.428 sancionada a fines de 2017, que estableció en su artículo 18 bis que ‘El Gobierno nacional, los Gobiernos Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordarán la adopción de políticas tributarias, tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales, en la medida que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. A tales efectos, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal publicará anualmente la presión legal impositiva por área de actividad’.
EL COMERCIO CON MÁS PRESIÓN FISCAL
De la lectura del proyecto de ley analizado se aprecia la existencia de ciertos sectores económicos que han sido utilizados como variable de ajuste para compensar la pérdida de recaudación por rebajas en otras actividades. Uno de esos sectores es el comercio, el cual debería soportar fuertes aumentos en sus alícuotas al no tener en la provincia los niveles de alícuotas máximos.
El proyecto propone para el sector distintas tasas en función del monto anual de las ventas, con una escala creciente en función de los montos, diferenciada por actividad. Así en el inciso e) del artículo primero del proyecto, para el caso del comercio se establecen las siguientes alícuotas en función de las actividades y tramos de ventas totales anuales obtenidas en el ejercicio fiscal anterior:
-Comercio Mayorista Ventas Anuales
Desde 50.000.000 hasta 70.000.000: 3,50%
Más de 70.000.000 hasta 120.000.000: 4,00%
Más de 120.000.000 hasta 170.000.000: 4,50%
Más de 170.000.000 en adelante: 5,00%
-Comercio Minorista Ventas Anuales
Desde 70.000.000 hasta 120.000.000: 4,00%
Más de 120.000.000 hasta 200.000.000: 4,50%
Más de 200.000.000 en adelante 5,00%
-Restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios
Ventas Anuales
Desde 70.000.000 hasta 120.000.000: 4,00%
Más de 120.000.000 hasta 200.000.000: 4,50%
Más de 200.000.000 en adelante: 5,00%.
De la lectura del artículo se pueden apreciar importantes incrementos de alícuotas del comercio al por menor, del 3% actual hasta el 5%, y del comercio mayorista del 3,5% actual al 5%.
El mismo aumento se pretende sobre los servicios de hotelería y restaurantes entre otros. También llama la atención la utilización del monto de ventas para la fijación de escalas progresivas, ya que estamos frente a un impuesto tipo consumo cuya carga cae finalmente en el consumidor.
En términos prácticos, el comercio y el empresario intentarán trasladar el impuesto al precio del producto independientemente del tamaño o monto de facturación.
OTROS SECTORES AFECTADOS
La telefonía móvil es otro sector perjudicado con los aumentos de tasas, que se incrementan del 6 al 7%. Las alícuotas de la telefonía celular y de telefonía fija pasan del 3,50% al 5%.
El proyecto propone incremento de un punto en la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos (del 6,50% vigente al 7,50%) al sector financiero comprendido en la Ley Nacional 21.526 y de dos puntos para las entidades excluidas de la Ley Nacional 21.526 (del 8 al 10%). Para la actividad del juego también se intenta aplicar una alícuota del 7%,
CONCLUSIONES
El espíritu del Consenso fue el de poner límite a la presión tributaria ejercida por el impuesto a los Ingresos Brutos y proponer a la reducción gradual de alícuotas con el fin de ir eliminando la distorsión que genera este impuesto sobre la economías regionales.
Además, por tratarse de un impuesto al consumo los incrementos pretendidos tendrán incidencia directa sobre el precio de los productos ya que el empresario intentará trasladar esta nueva suba al consumidor final.
Independiente de que el Poder Ejecutivo intenta dotar de legitimidad la suba de tasas, lo cierto es que el sector privado no está en condiciones de soportar ninguna suba de impuestos y más en un contexto político en el cual la Justicia está cuestionando el debido manejo de los fondos públicos de parte de nuestra clase dirigente.
El gobierno provincial intenta subir impuestos para disminuir su déficit tocando la variable menos conflictiva de la ecuación. Pedir mayor esfuerzo al sector privado parece un despropósito.
Esperemos que en esta oportunidad nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias y defiendan los intereses de un sector, que no por no acudir a piquetes o a paros no merece seguir soportando la carga de un sector público cada vez más voraz.
