Encrucijada para la política y la responsabilidad judicial
Si los sonados anuncios de los periodistas Fernando Carnota, del canal de Vila-Manzano, y Eduardo Feinmann del Canal 26 se confirmaban en los hechos, tanto el gobernador Peppo como la diputada nacional Aída Ayala ya tendrían que estar detenidos por requerimientos de la Justicia federal.
Eso no ha ocurrido, pero no se trata en absoluto de capítulos cerrados porque el pedido de desafuero de la exintendente de Resistencia está pendiente de tratamiento para el 2 de mayo y Cambiemos estaría en aprietos para protegerla, además de que se opine entre algunos penalistas que reclamar su arresto es un exceso procesal. En cuanto al gobernador, asistido por un equipo de abogados que coordina Jorge Alcántara después de declinar la defensa de Jacinto Sampayo, si bien no tiene ninguna imputación del fuero federal que hasta ahora investiga contrarreloj la operatoria del Instituto de Vivienda entre los años 2012 y 2015 cuando Peppo condujo el organismo, no puede descuidarse en nada. Y, sobre todo, sanear su equipo de incoherencias y sospechosas deslealtades cuando las papas queman.
La estabilidad institucional
Si el requerimiento del fiscal Patricio Sabadini, que el viernes estuvo varias horas en Vivienda revisando documentación, sin que eso sea un allanamiento, y con la significativa ausencia del presidente Acevedo (como llama la atención que el diputado Leandro Zdero, que firmó el contrato con Pimp, no se pronunciara en apoyo de Aída Ayala), se consumará esta semana y llamará a la decisión de la jueza Niremperger, quien a su vez también requirió información a Vivienda sobre algunas cooperativas y concedió un plazo de cinco días para que se le envíe la respuesta, el impacto institucional puede ser muy fuerte desde el punto de vista político y de la administración de una provincia que está por salir a colocar 4.200 millones de pesos en el mercado doméstico, equivalentes al pago de dos meses de sueldos, como ilustró el ministro Ocampo a la Legislatura.
El estallido mediático y en las redes sociales satura, confunde y desnuda especulaciones de todo calibre. El gobernador, en la noche del Cipecc en Buenos Aires, encontró el apoyo de varios colegas del PJ enterados y alarmados de lo que ya se considera “un carpetazo”, recurso aplicado por el macrismo con el despliegue del partido judicial para debilitar el reagrupamiento peronista y lo prueba, sin duda alguna, que la jueza electoral Servini recurriera al dirigente gastronómico Barrionuevo -que no puede ganar una elección en Catamarca- para intervenir el Consejo Nacional del PJ y denunciar ayer que la sede fue apedreada.
Lo curioso es que si se trata de rebanar sus eventuales candidaturas para el 2019, Peppo es uno de los gobernadores sin enfrentamientos con Macri y Ayala es “la marca” de Cambiemos que, por cierto, no tiene mucho para mostrar en el Chaco. (Ni hablar de los aspirantes de Convergencia Social a la candidatura gubernativa que asoman en lista de espera).
La jueza federal tiene en sus manos un pronunciamiento delicado, tal vez histórico, que no la eximió de algunas versiones sobre el intento de hacerle una cama de juicio político en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero con un argumento insustentable para su trayectoria.
Tres frentes de tormenta
La jerga periodística llama “Causa Lavado I” a la que ocupa a un equipo judicial provincial que sumó allanamientos y tiene seis exfuncionarios imputados, con referencias de nuevos allanamientos y acaso más detenciones, en tanto no se resuelve la declinación de competencia que requirió la Justicia federal.
(La historia de la licitación adjudicada a Pimp registra la nulidad del procedimiento que dictó la jueza de Garantías María de las Mercedes Pereyra el 19 de octubre de 2015, pero la sentencia no se cumplió porque expiraba el mandato de Ayala y el nuevo intendente Capitanich renegociaba el contrato en plena feria judicial de 2016. La abogada Alicia Medina pidió que la cuestión sea declarada abstracta, pero ante otra denuncia del diputado Ricardo Sánchez la misma fiscal Graciela Griffith Barreto, que integra el equipo hoy en acción, se ocupó un año y terminó archivando la causa que ahora es una brasa encendida por la investigación federal en el caso “Lavado II”, donde están detenidos Jacinto Sampayo, su hijo Facundo, su mano derecha Huidobro y otros. Otra vez, la abogada Medina presentó a la Fiscalía de Investigaciones denuncias el 23 y el 27 de marzo que, como un apercibimiento, la citó para que declare mañana, 23 de abril, cuando no se expidió con el mismo rigor que en el caso de la denuncia de Canata y es público y notorio el avance de la investigación federal, sus imputaciones y detenciones).
Ocampo en la Base Marambio
Al cabo de una maratónica interpelación que no quiso postergar y a la que acudió con su equipo y respondió con solvencia y serenidad todos los interrogantes, en la cual quedó expuesta la complicada situación fiscal de esta provincia y, en especial, cómo operan los fondos fiduciarios que se crearon en la gobernación de Rozas, siguió Nikisch, los aplicó Capitanich como lo hace Peppo, el ministro Ocampo también ratificó argumentos que expuso ante la requisitoria judicial. Pasaron pocas horas y partió hacia Ushuaia, donde presidió la reunión de la Comisión Federal de Impuestos con ministros de todo el país y después volaron hasta la base Marambio, en el corazón de la Antártida Argentina.
Cualquiera sea la interpretación de la gestión expuesta y más allá de las debilidades argumentales de la oposición radical que debió acudir mejor preparada, la Legislatura consumó un ejercicio democrático que llama a la responsabilidad institucional.
Los tres poderes del Estado deben reconocer que la responsabilidad fiscal es transversal y que la gobernabilidad no puede esconder bajo la alfombra que lideramos el ranking de pobreza solo en el Gran Resistencia, con un interior pujante que reacciona abriendo cauce de la recuperación algodonera, por dar un ejemplo del potencial que no puede lastimar la corrupción.
Le cabe al ingeniero Peppo una conducción con facultades suficientes para que mantenga la nave a flote y resista las tormentas que acechan, con inteligencia y firmeza pero en medio del torniquete, cada vez más ajustado, de una política nacional que en lo económico y social sigue sin encontrar un rumbo que equilibre a regiones como la nuestra que tiene en el ejemplo del tarifazo del gas una muy buena causa para reaccionar y pelear unidos contra el centralismo sin concesiones.
Chaco Familia
El ministerio de Desarrollo Social ajusta detalles del programa Chaco Familia que se lanzará mañana por parte del gobernador en un lunes muy activo que incluirá una reunión con la Federación Económica sobre su reclamo por un proyecto de aumento en el impuesto a los Ingresos Brutos, como se refleja por separado en esta edición.
La iniciativa consistirá en un plan interministerial para conformar una nueva red de gestión junto a organizaciones de la sociedad civil. Se anticipa que estará presente un experto en estos temas como es Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente Renovador que fue viceministro de Desarrollo Social con Alicia Kirchner.
Vacantes claves
El gobierno provincial cubrirá la vacante en la contaduría general de la provincia que se registra desde el fallecimiento del contador Milcíades Duré con una dilatada trayectoria en esa función. La designación que realice el Ejecutivo deberá contar con el acuerdo de dos tercios de los votos de la Legislatura.
De la misma manera no tardará en activarse la cobertura del nuevo titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, también vacante desde la jubilación de Eitor Lagos y ante la circunstancia de que la abogada Susana Esper Méndez, que lo cubre, en breve tendrá encaminada su incorporación a los pasivos del Insssep.
Seguirá activo, por supuesto, el adjunto Dugaldo Ferreyra, que trascendió últimamente por hacer suya con mucho ruido la denuncia de la exdiputada Canata sobre el Instituto de Vivienda.
Alegato de Leiva
Uno de los episodios salientes del concurrido congreso justicialista de Machagai fue la intervención de Aldo Leiva, intendente de General San Martín y secretario general del Consejo Provincial ratificado con la presidencia de Peppo y con la exclusión del integrante detenido por la Justicia chaqueña Horacio Rey, quien defendió hasta perder el aliento y recuperarse enseguida definiciones como la suspensión de internas en todos los circuitos (punto sexto del orden del día), pero es obvio que para el despliegue electoral del 2019 no se podrán bloquear las pujas en 70 municipios, incluyendo el último de la Colonia Aborigen, con todo el volumen de cargos a renovar. Después de dos años, las deliberaciones transcurrieron sin roces de otros tiempos y la presidente Chomiak, intendente de Charata, condujo un entendimiento tácito entre las vertientes peppistas, coquistas y gustavistas después que gran parte de la militancia condenara los hechos de corrupción imputados a un combo de funcionarios que entornó al gobernador y generó un escándalo político lejos de culminar.
