Un debate que divide aguas en la sociedad
El debate por el aborto legal, seguro y gratuito que se puso en marcha esta semana en el Congreso Nacional volvió a instalar en la opinión pública distintos argumentos, a favor y en contra, relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo. En ese marco, se conoció un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que advierte sobre los enormes riesgos del aborto ilegal.
Un informe regional para América Latina y el Caribe redactado por el Centro de Desarrollo de Cohesión Social de la OCDE, plantea que mientras la salud sexual y reproductiva de la mujer sigue generando fuertes polémicas en los países de la región, las organizaciones de mujeres de la sociedad civil hacen hincapié en los serios riesgos que representan para las mujeres las leyes altamente restrictivas de aborto y el bajo acceso a los métodos anticonceptivos, servicios de salud sexual e información. La posición que fija el organismo de cooperación internacional, compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, se conoce en momentos en los que el gobierno nacional inició las gestiones para ingresar al grupo de naciones que participan de ese espacio de cooperación donde se debaten políticas económicas y también medidas sociales que propone que sean impulsadas y puestas en práctica por los gobiernos de los países asociados.
El documento de trabajo observa que el diez por ciento de la mortandad materna se debe cada año a abortos no seguros, y contrasta con otro dato que revela que los países de mayor ingreso de la OCDE son los que tienen las menores tasas de mortandad entre las madres y también de abortos, en ese caso, legales. Señala, por otra parte, que en los países de la región “la autonomía reproductiva de las mujeres se mantiene como un tema con carga política”. “Solo dos países legalizaron el aborto en la región: Cuba y Uruguay, mientras que el resto de los países impone un amplio rango de restricciones estrictas, como justificar si el embarazo es resultado de violación o incesto, o si representa un riesgo para la salud de la madre”, sostiene el documento que remarca por otra parte que en la región se criminaliza a los profesionales de la salud que son sospechados de haber realizado abortos con penas que pueden incluir la prisión. El informe advierte que a pesar de las políticas restrictivas que están vigentes en la mayoría de las naciones de América Latina, no se redujo el número de abortos, sino que por el contrario las tasas incluso aumentaron entre los años 2010 y 2014.
En nuestro país son varios los proyectos sobre la despenalización del aborto que serán objeto de debate en el Congreso Nacional. Como se planteó en otras oportunidades en esta misma columna, se trata de uno de los temas más polémicos que tendrá este año la discusión parlamentaria nacional y que tiene como telón de fondo las alarmantes cifras que, aún parciales o incompletas, revelan la gravedad de un tema tan dramático como tabú para la sociedad argentina. Cabe recordar que en una de las últimas intervenciones del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, ante los legisladores nacionales reveló que cerca de 50 mil mujeres deben ser internadas en todo el país cada año por complicaciones derivadas de abortos. Según las estadísticas oficiales elaboradas a partir de los egresos de hospitales por aborto, Buenos Aires y Salta son las dos provincias con mayor cantidad de prácticas, mientras que la provincia del Chaco se mantiene entre las diez jurisdicciones con más casos, junto a Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy. Se trata, en rigor, de un drama que trasciende las fronteras nacionales. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud cada año se producen en el mundo 22 millones de abortos inseguros, la mayoría de los cuales (un 98 por ciento) tienen lugar en países en vías de desarrollo. Ante este dramático escenario, expertos de la OMS observan que en los países donde la legislación permite realizar un aborto según indicaciones amplias, la incidencia y las complicaciones de un aborto inseguro en general son menores que en los lugares donde el aborto legal está más restringido.
De las discusiones sobre este tema en el Congreso deben salir propuestas que permitan abordar con seriedad un asunto que es tan complejo como sensible. Es de esperar que los debates sirvan para encontrar soluciones a una cuestión que, más allá de las posiciones de cada sector, sigue siendo la primera causa de mortalidad materna en la Argentina.
