Polémica por el canje de pasajes de legisladores
Un detallado informe elaborado por la organización no gubernamental directorio legislativo sobre el control del canje de pasajes de los diputados nacionales reveló que esa modalidad puede llegar a sumar un 44 por ciento extra al sueldo de los legisladores. Si bien muchos de los beneficiados con esa práctica argumentan que les permite realizar actividades vinculadas con la tarea legislativa, se advierte que el uso discrecional de estos recursos pone en duda el principio de rendición de cuentas de los funcionarios públicos y el derecho de acceso a la información pública.
Los datos que reveló el informe hicieron estallar la polémica y el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, se sumó a la controversia cuestionando esa práctica y señalando que “si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor. Pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien: es querer disfrazar algo”. La respuesta a esa afirmación vino de la diputada por la Ciudad de Buenos Aires y socia de Cambiemos, Elisa Carrió. Haciendo referencia a los privilegios que siempre tuvo el actual presidente, la chaqueña dijo que Macri “viaja en helicóptero desde chiquito” y que “no sabe lo que significa ser decente”, aunque sobre esta última frase dijo luego que lo que en realidad había querido decir era ‘austero‘ en lugar de ‘decente‘. La legisladora no ocultó su disgusto por la crítica de Macria los diputados que canjean los pasajes por dinero, en un ranking en el que ella ocupa el primer lugar, con 355.800 pesos. Cabe aclarar que la práctica de canjear pasajes por dinero en efectivo no es ilegal, ya que los legisladores están autorizados para hacerlo y de hecho cada uno de ellos dispone de 40 pasajes por mes (20 aéreos y 20 por vía terrestre) que puede utilizar o cambiar por dinero. Según se explica en el informe elaborado por Directorio Legislativo, en principio el sentido que tiene el beneficio de estos pasajes es brindar una herramienta para que los legisladores puedan viajar a sus distritos todas las semanas para participar de las distintas instancias del proceso parlamentario, pero también para hacer del Poder Legislativo un lugar más participativo, con espacios de consulta en todo el territorio nacional, y con la posibilidad de garantizar buenas leyes que beneficien al conjunto total del país. Sin embargo —advierte el informe—, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, la forma en la que esto se materializó permitió que los legisladores todos los meses cuenten con dinero en efectivo en sus bolsillos si eligen no hacer uso de esos viajes, lo que representa un adicional de 40.000 pesos mensuales, no remunerativos, en conceptos que no están destinados necesariamente a la labor legislativa. Además, el beneficio se desvirtuó con el paso del tiempo ya que se dieron casos en los que fueron utilizados para fines distintos a la tarea parlamentaria. Por esa razón, en las conclusiones del informe se remarca la necesidad de dar un urgente tratamiento a este asunto en el seno de ambas Cámaras del Congreso para lograr que el sistema tenga una mayor transparencia.
Un dato a tener en cuenta es que la Argentina es el único país de América Latina que no transparenta este proceso y que para acceder a estos datos, que debieran ser públicos, es necesario realizar pedidos formales de acceso a la información pública o interponer recursos de amparo. En diferentes países de la región como México, Chile o Brasil, en cambio, la información relacionada a estos beneficios están disponibles para la ciudadanía. En ese sentido, el informe de Directorio Legislativo señala que en esos y otros países de la región este gasto está contemplado como parte de los recursos que tiene un legislador para movilidad, pero en ninguno de ellos está permitido que pueda ser canjeado por dinero en efectivo.
Por otra parte, el documento que puso bajo la lupa estas prácticas reveló también que los diputados que más canjearon sus pasajes por dinero en efectivo se mantuvieron a lo largo de los tres últimos años. Es de esperar que los legisladores tomen nota del malestar que genera en la ciudadanía la falta de transparencia y que se avance con un nuevo marco normativo que reemplace el actual sistema por uno más transparente.
