¿El debate público bajo amenaza?
Un reciente informe elaborado por el capítulo local de la organización Amnistía Internacional denunció la existencia de una serie de ataques coordinados en las redes sociales contra periodistas y defensores de Derechos Humanos que cuestionan las políticas de la Casa Rosada. El trabajo expresa, además, la preocupación por la circulación de noticias falsas que buscan desprestigiar o restar credibilidad a estas voces críticas ante la opinión pública.
El documento, que se titula “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de Derechos Humanos en Twitter Argentina” y al que puede accederse completo en internet, advierte que estas agresiones tienen el propósito de descalificar y, a la vez, de actuar como un mecanismo para disciplinar y generar autocensura. También sostiene que los ataques a las opiniones críticas “constituyen un preocupante agravio contra el derecho humano a la libertad de expresión, y son también un riesgo para la convivencia democrática”. Según la organización responsable del informe, la denuncia de estas prácticas permitirá avanzar en la comprensión de un fenómeno reciente que reclama atención pública y demanda el compromiso tanto del Estado nacional como de las empresas proveedoras de los servicios de redes sociales para garantizar el debate genuino, la difusión y el acceso pleno a ideas y opiniones sin temor a sufrir ningún tipo de represalias.
El estudio consistió en tomar como muestra los mensajes de la red Twitter y analizar 354.000 tweets relacionados los periodistas Reynaldo Siete Case, Carlos Pagni, Edi Zunino y María O’Donnell, entre otros, y con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la vocera de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belsky, quien según el informe- fue víctima de una acción coordinada desde cuentas ficticias con información falsa sobre su trayectoria que fue amplificada luego por referentes oficialistas. En las conclusiones del trabajo se advierte que el fenómeno de los ataques en redes sociales mediante trolls es complejo y no permite a menos que se realicen operaciones de inteligencia que la ley solo reserva al Estado previa intervención judicial- identificar las fuentes en que se originan, aunque sí es posible analizar las actividades que las cuentas realizan y su orientación. “En este sentido, el relevamiento detectó una alta actividad de cibertropas vinculadas discursivamente al gobierno nacional que tenían por objetivo atacar o desligitimar el discurso de periodistas o referentes de Derechos Humanos”, advierte el informe de Amnistía Internacional.
Cabe recordar que la Universidad de Oxford publicó una investigación que afirma que gobiernos de todo el mundo organiza equipos de trabajo con redactores que operan en Facebook y Twitter para influir en la opinión pública. Se los denomina “trolls” o “cibertropas” y tienen como objetivo crear cuentas con identidades falsas para difundir noticias que no son verdaderas, desviar la atención en temas que afectan a gobiernos, acallar críticas y perseguir opositores. Todo parece indicar que se trata de una tendencia mundial, y es por eso que organizaciones que defienden el derecho a la libertad de expresión vienen denunciando este tipo de maniobras. “¿El debate público en entornos digitales en la Argentina ofrece las garantías necesarias para la expresión libre, abierta y sin inhibiciones por parte de periodistas y defensores de los Derechos Humanos?”, se pregunta el informe de Amnistía Internacional.
Es evidente que el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han contribuido a ampliar el debate público, pero esta apertura también trajo aparejada la posibilidad de manipular la opinión pública a través de noticias falsas y el trabajo de personas que, a partir de un trabajo coordinado, buscan influir en las opiniones que los ciudadanos tienen sobre asuntos que son de interés público. Más allá de las objeciones que pueda recibir el informe de Amnistía Internacional es necesario que se preste una mayor atención sobre estos nuevos fenómenos que pueden poner límites a la vigencia plena del derecho a la libertad de expresión.
