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"Es un preso político", aseguró el abogado del sindicalista

Alcántara sobre la causa contra Sampayo: "Es un culebrón venezolano clase B”

Los abogados del detenido secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, aseguraron que se trata de “un preso político” y que la situación jurídica que atraviesan tanto él, como su esposa e hijo, es un “culebrón venezolano clase B”.

Insistieron en la inocencia de Sampayo y descartaron vinculaciones del dirigente con la empresa PIMP SA, la que dio origen a la investigación de la Justicia Federal.

Jorge Alcántara y Alfredo Bembunan son los abogados que representan al líder sindical, a su mujer Mónica Centurión y a su hijo Facundo Sampayo.

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En conferencia de prensa, Jorge Alcántara, dio detalles sobre el proceso de su defendido, Jacinto Sampayo.

Esta mañana Alcántara y Bembunan brindaron una conferencia de prensa en el edificio del STM, acompañados en la mesa por miembros de la comisión directiva del sindicato Walter Gómez y Rubén Ramírez, con el objetivo de dar a conocer detalles sobre la defensa a los Sampayo y Centurión.

En la actividad, Alcántara enumeró varios puntos que a su parecer son “inconsistencias” y malos procedimientos por parte de la Justicia Federal. Entre ellas destacó que Jacinto Sampayo tiene 71 años, por lo que el Código Penal expresa que debe tener prisión domiciliaria, ya que supera los 70 años. Tanto Centurión como los Sampayo se encuentran detenidos bajo prisión preventiva.
Por su parte, además disparó que en la causa que pesa sobre Sampayo litigan “por la prensa”, ya que se enteran “por los diarios y portales digitales” las novedades del caso, debido a que la Justicia extendió el secreto de sumario por diez días más.

Alcántara aseguró que existe una denuncia anónima: “Lo que vemos es que a partir de una denuncia anónima, una causa que se inicia teóricamente para investigar a PIMP SA y a otras empresas vinculadas, y se termina concluyendo la responsabilidad de Sampayo como su esposa e hijo, a partir de una denuncia anónima. Nadie dio la cara, nadie asumió responsabilidades, simplemente mencionan a Sampayo como probable dueño de PIMP SA”.

Ahora bien, “la pregunta del millón es ¿qué encontró la jueza (Niremperger) o el fiscal (Sabadini)?. Lo único que se encuentra en el lamentable hecho ocurrido en la ruta nacional donde Sampayo estuvo involucrado en un accidente de tránsito, allí había una cédula azul en ese vehículo. Ese vehículo estaba a nombre de Coyrel (empresa de motos, uno de los dueños es es Carlos Huidobro), ni siquiera a nombre de PIMP SA”.

“Pero a partir de allí construyen una relación, que porque Sampayo tenía una cédula azul de una camioneta perteneciente a Coyrel, y si Coyrel a su vez, uno de los propietarios es Carlos Huidobro, quien tiene relación de amistad con Sampayo, se encontraba como titular de la empresa, a partir de allí, construyen que tiene relación con PIMP SA. Y terminan imputando a Sampayo, a su hijo y a su mujer en asociación ilícita, lavado de activos, ley penal tributaria, acusación muy grave desde el punto de vista penal. Recién ahora están pidiendo perfiles de AFIP”, indicó Alcántara.

Agregó que la Justicia “no puede probar qué tributo evadió Sampayo ni el monto. Más grave es el caso de la señora de Sampayo, que lo único que tiene es la autorización es de conducir ese vehículo, y no es partícipe de nada. Facundo Sampayo, lo único que le encontraron fue un crédito prendario que sacó para comprar una camioneta Amarok y que está pagando en cuotas, y tiene un inmueble cuya propiedad era originariamente de la de la municipalidad y lo adquirió mediante la municipalidad”.

“Es insostenible la acusación a Sampayo y a su familia, esto se va a aclarar. Lo tienen preso como rehén procesal a una persona enferma, y a su mujer alejada de su hija de 11 años”, sostuvo.

Transmisión en vivo de Diario Norte de la conferencia de prensa:

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