El Comité de Prevención de la Tortura advierte que el desalojo en Educación fue violatorio de la ley
El Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes (CPTCh) calificó como “inadmisible, abusiva y ultrajante” a “la violencia que ejercieron los funcionarios públicos policiales masculinos sobre las mujeres” durante el desalojo en el Ministerio de Educación en la mañana del lunes. La represión fue ante la protesta de trabajadores y trabajadoras auxiliares por haberes adeudados.
A través de un comunicado, el Comité provincial declaró que “existiendo protocolos que hacen al principio de racionalidad, al principio de oportunidad y al uso de la fuerza pública, el desalojo y represión ejecutados por la Policía de la Provincia del Chaco en las instalaciones del Ministerio de Educación de la ciudad de Resistencia son intolerables y violatorios de la Ley”.
“Es decir que quienes ejercen sus derechos de protesta social o a peticionar ante las autoridades públicas no cometen delito, ni contravenciones, porque son derechos humanos fundamentales ejercidos”, agregó.
En el texto, el Comité advirtió como “inadmisible, abusiva y ultrajante es la violencia que ejercieron los funcionarios públicos policiales masculinos sobre las mujeres que estaban reclamando el pago de becas adeudadas”. “Cabe resaltar el castigo que recibe una de ellas durante su detención, con la evidencia de material fílmico, y el posterior traslado a dependencias policiales en un intento de criminalización de la protesta por parte del Estado provincial”, subrayó.
Asimismo, desde el organismo indicaron que “constan estos hechos, además, en denuncias realizadas ante este Comité”. “La responsabilidad les cabe también a la ministra de Educación Marcela Mosqueda y al ministro de Seguridad, Carlos Barsesa, porque nunca se inició una negociación ante el reclamo de los trabajadores, ni hubo funcionario político que la lleve adelante en tiempos razonables y no se evitó el uso de gases lacrimógenos. Menos aún se tuvo especial consideración con los grupos vulnerados en sus derechos, en este caso mujeres”, resaltaron.
A la vez, señalaron que “la base de los protocolos, a los que la provincia suscribe, es la voluntad política e institucional de no reprimir”. Por eso, el Comité de Prevención de la Tortura “condena el incumplimiento de los protocolos establecidos, porque la ruptura de la legalidad es el comienzo de la tortura”.
